Viernes 29 de Abril de 2016
Otro consejero de Susana Díaz hasta hace unos meses, Luciano Alonso, investigado por el TSJA. El ex titular de Turismo, Cultura y Deportes va a tener que explicar la contratación supuestamente irregular del director del Centro del Flamenco de la Junta entre agosto de 2012 y junio de 2015. Esa nominación se habría llevado a cabo «a sabiendas» de que «en ningún caso iba a desempeñar el cargo designado”. Se trataba de un miembro del PSOE de Málaga, Luis Guerrero.
Como en otras muchas ocasiones en estos años, la Fiscalía abrió una inicial investigación a raíz de una noticia que destapó la prensa. Un informe policial de la Unidad Adscrita a Fiscalía, donde se apuntaba posible prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, sirvió de base para elaborar la querella y presentarla ante el TSJA, en tanto que Luciano Alonso goza de aforamiento por ser diputado.
El estallido de este nuevo caso de posible corrupción dentro del circulo más cercano de la Presidenta Díaz, ha levantado suspicacias y, como no, tesis conspiradoras, dándose a entender que la Fiscalía ha actuado teledirigida u obligada en medio de la oleada de redadas judiciales contra corruptos que afecta al PP. “¿Como se explica que por un recorte de prensa la Fiscalía haya actuado?” se pregunta un amigo de Luciano Alonso.
Que la Fiscalía abra diligencias a raíz de una información publicada en la prensa, es algo absolutamente normal y bastante rutinario en la forma de actuar la actual Fiscalia Superior de Granada. Sucedió por ejemplo con el caso de los cursos de formación, diligencias levantadas a raíz de una información en la prensa que recogía datos de un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Otro tanto sucedió, hace años, con el Caso Poniente en El Ejido.
La confección de las listas no parece que vaya a ser tarea de coser y cantar. Pese a que hace cinco meses ya se confeccionaron por los diversos partidos unas candidaturas para cuatro años, la oportunidad del 26J pone nuevamente sobre el tapete antiguos culebrones vividos. También una oportunidad a los partidos para corregir el tiro, como ese partido que tiene de diputado en el Congreso a uno de los policías del Caso Nani.
Es el caso de Celia Villalobos, exalcaldesa de Málaga, esposa del gran asesor Arriola, ex ministra, ex vicepresidenta del Congreso, eterna y polémica diputada.
Antes del 20D Villalobos ya libró su particular batalla por liderar nuevamente la lista del PP por Málaga y, ahora, parece que puede volver a reeditarse la trifulca doméstica. Fuentes del PP malagueño cuentan que esta vez Celia no se las verá con Elías Bendodo, presidente provincial del partido, sino con el propio Juanma Moreno Bonilla que, dicen, anda de un reformador subido muy en línea con los Maíllo, Casado, Cifuentes etc. No descartandose que, en esta ocasión y en base a la renovación interna, se pueda argumentar que la Sra Villalobos ni siquiera vaya en las listas.
Pero quienes defienden la jubilación como candidata de Celia Villalobos en Málaga, saben que lo tienen crudo para descabalgarla de la lista en tanto Mariano Rajoy sea quien mande. Y en esas están.
Sábado 23 de Abril de 2016
Carlos Fernández, el concejal del PA de Marbella que huyó tras el estallido de la Operación Malaya, ya no vive en Argentina, tal y como algunas informaciones publicadas documentaron hace tiempo. En Marbella, personas que presumen conocerlo, aseguran que Fernandez volverá el próximo año, cuando hayan prescrito todas sus responsabilidades penales. Mientras llega el momento de la vuelta a Marbella, Fernandez se asegura que se ha instalado en Panamá.
Un empresario que tuvo gran relevancia social en la época dorada del ladrillo, promotor de proyectos internacionales especialmente en Latinoamérica y en los últimos años habitual visitante de Panamá, sospecha que saldrán muchos andaluces con intereses ocultos en sociedades opacas caribeñas. “En Panamá viven de forma permanente varios personajes andaluces que conocen muy bien cómo y quiénes han participado en la huida de capitales al extranjero” asegura.
Mientras llega el día que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación cuelga en su web el listado completo de las sociedades creadas en el despacho Fonseca de Panamá, crece la tensión ambiental en algunos círculos económicos andaluces. También en los ámbitos políticos ya que no se descarta que puedan aparecer nombres que hayan estado vinculados con importantes responsabilidades políticas. El boca a boca ya está haciendo circular posibles nombres, pero de momento no hay nada confirmado, chascarrillos de barra de café.
El juez que instruye el Caso Marismas, Juan Gutiérrez Casillas, está tomando su tiempo tras la petición del Fiscal de elevar al TSJA la parte correspondiente al diputado y Secretario General del PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel, al que la guardia civil imputa la presunta comisión de siete graves delitos, entre ellos pertenencia a grupo criminal organizado.
Fuentes conocedoras de la marcha de la instrucción señalan que nada se ha parado en este macroprocedimiento que seguramente será declarado de especial complejidad, porque verdaderamente lo es la búsqueda de 40 millones públicos. Mientras decide el juez qué hacer con el político socialista, miembro de la dirección regional y presidente de la Comisión de Cultura del Parlamento, el equipo de investigación concluye un informe que parece que será determinante a la hora de la decisión final del magistrado respecto a Sánchez Teruel y su envío a Granada.
Miércoles, 20 de abril de 2016
Un curioso conflicto se va a producir en el seno de la Universidad de Almería a cuenta de las incompatibilidades de dos de sus empleados con sus labores en sendas entidades financieras.
Una situación tensa que se ha generado, todo habrá que decirlo, en virtud de los aires de limpieza, regeneración y legalidad que el nuevo equipo rectoral está aplicando a la institución.
Su Inspectora de Servicios, María Luisa Trinidad, ha sido recientemente nombrada Secretaria del Consejo de Administración de Cajamar, un cargo obviamente remunerado y que, por tanto, resulta incompatible legalmente con el mantenimiento de su puesto a tiempo completo en la UAL, según sostienen responsables de la institución.
Alertada la Sra Trinidad de esta circunstancia desde las instancias correspondientes, ésta a su vez ha elevado un escrito en contra de la decisión argumentando, entre otras cosas, que Agustín Molina, Catedrático de Hacienda Pública y que ha pasado por diversas responsabilidades en estos años dentro de la UAL, compatibiliza hace décadas su puesto en la Universidad de Almería con la Secretaría del Consejo de Administración de Unicaja.
El Sr Molina, efectivamente, ocupa desde hace años ese puesto en Unicaja y pasa por ser un hombre de la confianza de Braulio Medel quien, incluso, llegó a presidir el Tribunal opositor a la Cátedra de Molina en Almería, siendo ya presidente de Unicaja y Molina Secretario del Consejo.
Mientras que el contenido de los papeles de Panamá ocupa y preocupa a quienes saben que tienen sociedades en paraísos fiscales y que pronto lo sabrá la opinión pública (y, en algún caso Hacienda), desde hace unos días ha venido a añadirse al ambiente el caso Ausbanc y Manos Limpias.
Una vez se empiece a conocer el contenido de la documentación incautada en los registros de las sedes de Manos Limpias y Ausbanc por el Juez de la AN Santiago Pedraz, se documentarán muchas de las actividades desarrolladas por Luis Pineda en Andalucía, concentradas durante años en las cajas de ahorro, cuyos presidentes han entrado, todos, al pago de una especie de impuesto revolucionario para defender sus intereses personales, camuflados bajo el interés general de cada entidad.
También saldrán salpicados periodistas ( se habla de dos), empresarios, políticos y alguna institución pública.
No solo los cajeros han sido víctimas complacientes y silenciosas de las prácticas de Ausbanc. También quienes han heredado las fundaciones, caso de Antonio Pulido en Cajasol uno de los más importantes clientes de Pineda en Andalucía en la actualidad. Pineda y Pulido, además, mantienen una estrecha relación personal que va más allá del puro trato comercial. En la Fundación Cajasol, algunos de sus empleados, consideran a Pineda como uno de los principales “asesores” del jefe Pulido.
Miércoles, 13 de abril de 2016
1.600 Euros, ese fue el botín que al parecer hallaron los funcionarios de la Udef en el registro del domicilio de Pepe Torres Hurtado. Así al menos lo aseguran en el entorno del propio Torres del que, dicen, no es capaz de explicarse todavía lo que le ha sucedido en el día de hoy.
La vieja tesis de una conspiración a varias bandas, manejada en los cenáculos granadinos en estos últimos meses por gentes del PP próxima a Pepe Torres, han insistido en esta jornada en que solo una operación de acoso teledirigida da como resultado la espectacularidad que he tenido la detención del alcalde en la Plaza del Carmen. Siempre según esa hipótesis en la “conspiración contra el PP en Granada” estarían desde empresarios arruinados, el PSOE, la Fiscalía y el periódico Ideal, que fue el que empezó a destapar a fondo el Caso Serrallo.
Ha sido tan sorprendente la operación policial en Granada que la inmensa mayoría de la militancia del PP local no acaba de creerse lo que ha pasado con su popular y campechano alcalde. De ahí que la decisión del PP-A de dar de baja de militancia, cautelarmente, a Pepe Torres y a su concejala de Urbanismo no ha gustado en Granada y la consideran precipitada. Creen que la instrucción, que ha partido formalmente de la presidencia regional del partido, se ha tomado “desde la debilidad política que encarna Juanma Moreno”.
Los papeles de Panamá que a diario aportan nuevos nombres de patriotas que intentan pagar menos impuestos en España, está causando que ciertos personajes, habituales de los saraos abrileños de Sevilla, hayan adoptado una actitud de prudencia. O se ocultan o no pisarán el real de la feria este año. Se asegura que hay nombres andaluces –o muy vinculados con Andalucía– en la clientela del despacho panameño de Mossak Fonseca, nombres que según el Consorcio de Periodistas serán de dominio público en mayo, tan pronto cuelguen todos los documentos en la web.
Lunes, 4 de abril de 2016
El nombramiento de una nueva responsable de Onza Azul, la TV municipal de Málaga, a la periodista Vanessa Martín Alloza, propuesta por Podemos y apoyada por el PP, demuestra, una vez más, que una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo. Como queda evidenciado en esta ocasión los populares y los podemitas pueden ponerse de acuerdo y pactar, frente a los demás. En política nada es imposible, aunque estéticamente quede solo regular.
En este caso concreto, además, la polémica se amplía dado que la persona elegida no reúne los requisitos y experiencia profesional suficiente, según la impresión más generalizada.
El perfil de Twitter de Vanesa M. Alloza (ya bloqueado) ha venido a añadir elementos que favorecen las tesis mantenidas en la polémica por los detractores de este nombramiento.
Se presenta como “Cibercateta, tecnomendruga, periodista y rubia. La naturaleza se ha cebao conmigo. Pero leo muchísimo… ¿O creéis que el horóscopo me lo invento?”
Podemos – Málaga ahora se llaman allí– ha justificado el nombramiento diciendo que Vanesa “es una persona capaz, joven y muy dinámica”.
Apostar por una profesional sin experiencia en la gestión de un medio, sin reconocida trayectoria en el ejercicio del periodismo social, político, económico etc, frente a candidatos de solvencia profesional contrastada, dejan en evidencia a quienes, sin criterio, no meditan en manos de quién ponen las cosas públicas, pagadas por todos los contribuyentes. Nombres como los de Juan Tomás Luengo, Rafael Romo o José María de Loma el favorito, aparecían en las quinielas previas para un puesto donde se manejan casi dos millones de euros de presupuesto. Nombres, todos ellos, de profesionales contrastados y de respetables trayectorias en el mundo de la comunicación.
Decisiones tan poco meditadas como la que se ha tomado en Málaga entre Podemos y el PP, no parece que le pueda aportar mucho a quienes llegaron defendiendo otra forma de hacer política. A la vista de lo cual no debe sorprender el batacazo electoral que empiezan a vaticinar las encuestas para la formación liderada por Pablo Iglesias.
Atentos a partir de ahora a lo que suceda en el segundo nivel y subsiguientes de la Tv municipal malagueña. No vaya a ser que, para compensar, se coloque a periodistas/comisarios al servicio de los intereses políticos concretos, no el de los ciudadanos. Señal inequívoca de que la vida (política) sigue igual, también en Málaga.
Viernes, 1 de abril de 2016
La empresa constructora Hispano Almería S.A (HALSA), según documentación atribuida a su supuesta contabilidad B que investiga actualmente la Justicia, habría pagado, además de a funcionarios, políticos y al propio PP, a empresas con vinculaciones directas de sus líderes. Es el caso de uno de los recibos que se reproduce más arriba, aportados en su día en la denuncia de AMAyT a la Fiscalía Superior del TSJA que, tras analizar el asunto, ordenó formalizarla en el Juzgado. Se trata de la aportación de 6000 Euros a la emisora de TV propiedad de la familia de Gabriel Amat, según informaciones que han visto la luz en estos días. En estos recibos aparece reflejada junto a la cantidad que se entrega, los códigos contables correspondientes e incluso la «obra» a cuenta de la que va la oscura mordida. En este caso al acuario.
El Caso Halsa, sumario que se instruye en un juzgado de Almería, contempla una serie de supuestos que demostrarían algo más que complicidad entre los dueños de HALSA (familia Morales) con Gabriel Amat, su entorno y todos los resortes de poder por él controlado. Otro sumario que se tramita tiene relación con el municipio de La Mojonera cuyo alcalde y parlamentario del PP, José Cara, se demostró que era socio encubierto del Sr Morales, al tiempo que Halsa hacía negocios en el municipio del que era alcalde.
La constructora almeriense, posiblemente la que más proyectos públicos dependientes del PP ha realizado en estos años, tras conocer la investigación periodística en marcha sobre su supuesta Caja B, que recogía pagos a políticos y funcionarios, denunciaron a uno de sus ex empleados por supuesta sustracción de documentación. Finalmente, hace dos semanas, la Audiencia ha resuelto que no hubo robo y, por tanto, la documentación queda plenamente validada al no haber sido obtenida mediante delito y así proseguir la instrucción sobre el contenido de los recibos de pagos en B.
La fórmula que parece ocultarse tras este pago a una emisora de Tv donde tenía intereses la familia del Sr Amat, es habitualmente empleada por algunos políticos con cierto descaro. Usan a empresas de su órbita, normalmente vinculadas a los servicios municipales –aguas, residuos, inmobiliarias, constructoras, etc etc–, para que abonen facturas en concepto de publicidad a medios de comunicación. En realidad lo que se está pagando es la promoción y los intereses del político de turno. Y en algunas ocasiones hasta medios usados en las campañas electorales.
Nota final.- Los Cds de Hacienda, aportados al juzgado que investiga la Trama Amat, parece que siguen dando sorpresas. Se vaticina que muy pronto podrá documentarse una macro operación camuflaje (de capitales y patrimonios) realizadas el mismo día y en la misma notaría. Y algunas cosas más. Seguiremos atentos.