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Piketty y la cruda realidad

El espíritu hidalgo siempre nos acompaña, sobre todo, si los beneficios son rápidos.

El 1 de Enero del 2008 las acciones del valor más importante del Ibex -35, Telefónica, cotizaban  a 22,22 euros por acción. La crisis económica que había empezado a finales del mes agosto en los Estados Unidos de América del año anterior, aún no había saltado el Atlántico y sus efectos no se notaban en toda su virulencia en esta  parte del Océano. Aquí, en nuestro querido país, la fiesta continuaba a lo grande, era en aquella época donde presumíamos de tener las entidades financieras más sanas y robustas del sistema financiero mundial. La crisis no iba con nosotros ni la esperábamos. El gasto y la deuda crecían a un ritmo casi exponencial. Créditos baratos i revalorizaciones ficticias de dos dígitos anuales del sector inmobiliario ponían el resto. El espíritu hidalgo siempre nos acompaña, sobre todo, si los beneficios son rápidos y no requiere gran esfuerzo físico y menos intelectual.

 

Fue también durante el año 2008 que la mejor empresa estatal recién privatizada, Telefónica, contrataba al ex ministro del gobierno de Aznar, el Sr. Zaplana.

 

Si mal no recuerdo lo nombraron  director de la sección internacional del grupo de telecomunicaciones. Su sueldo iba en relación a su valúa, a sus conocimientos, a su capacidad de trabajo. No se podía dejar escapar ese talento, aunque no se le conocía trabajo remunerado más allá de la política y no quedaba demostrado sus conocimientos en el sector de las telecomunicaciones. A pesar de ello, se le asignó un sueldo de  más de  600.000 euros anuales para desarrollar tareas desconocidas, pero que crearían valor a la empresa y a los accionistas. Con esta nómina y mientras no se demuestre lo contrario formaba parte en año 2015 de esos 5.966 contribuyentes españoles que podían presumir de tener rentas salariales superiores a 601.000 euros anuales.

No entraré a valorar si su función dentro de la empresa estaba acorde con su magnífica remuneración. Pero, si las empresas han de pagar a sus empleados por los resultados obtenidos, por su capacidad de trabajo e indudablemente por su productividad.

 

Pues, resulta que las acciones de Telefónica, esa magnífica empresa de telecomunicaciones española, líder de su sector en España y parte de Sudamérica, actualmente cotiza alrededor de 7,5 euros por acción.

 

Es decir, durante el periodo en que el ex ministro ha estado a sueldo de la compañía de telecomunicaciones española el valor de la acción ha descendido más de un 65 por ciento. Lo que demuestra empíricamente que ciertos salarios son injustos y moralmente inaceptables para una sociedad moderna y democrática. Aunque se justifiquen que las empresas sean privadas, en el fondo, todos sabemos que ciertas empresas tienen una posición dominante por ser ex monopolios estatales y por eso tienen unas ventajas competitivas sobre la competencia. Un hecho que deberían de tenerse  en cuenta al tiempo de desarrollar sus políticas de responsabilidad corporativa. Sobre todo, si se comprueba como el caso analizado que no aporta nada a los resultados y al valor de la acción, más bien lo contrario, una pérdida considerable para el pequeño accionista y del precio de la cotización.

 

A todo ello me viene a la memoria el libro del economista francés, Thomas Piketty, “El Capital en el siglo XXI”.

 

En esta obra el autor hace referencia sobre la creciente desigualdad en las sociedades modernas. Su tesis se basa en que la tasa de rendimiento del capital es superior a la tasa de crecimiento de la economía, lo que provoca, que a largo plazo las diferencias se vayan acrecentando y los propietarios del capital cada vez  posean más riqueza; originando una sociedad donde la desigualdad se acentúa progresivamente. La verdad, que puede ser discutible la tesis de Piketty, pero lo que no es discutible es que unos de los problemas actuales de las sociedades occidentales es la brecha de riqueza existente entre los más ricos y los más pobres. A todo ello un último dato preocupante: en nuestro país existen más de 10 millones de personas con riesgo de pobreza. Aproximadamente, el 20 por ciento de nuestra población declara ingresos inferiores a 9000 euros, umbral de ingresos que marca la línea roja de pertenecer al mundo de los marginados y pobreza extrema, al no tener ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas como personas y individuos libres. Mientras tanto, un ex ministro y como él, otros ex políticos forman parte de una minoría con ingresos anuales superiores a 600.000 euros. En resumen, o cambiamos las reglas del juego o nuestra querida España, como cantaba la cantautora, Cecilia, se va convertir en unos de los países occidentales donde las desigualdades sociales y económicas sean más acentuadas.