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Plutocracia, gobierno de neoliberales

Emilio Diaz Berenguer
Emilio Díaz Berenguer*

Hace pocos días me quedé atónito al oir defender a los comensales de la mesa de al lado que la democracia había muerto y que la salida natural sería una plutocracia que nos gobernara al modo y manera de una empresa; ni siquiera se referían a un gobierno de los mejores, como definían los griegos a una aristocracia, que hoy llamaríamos una meritocracia, sino de los que ostentan el poder del dinero. Sostenían que eso sería lo mejor para el país y que no todos los ciudadanos deberían tener el derecho natural a «una persona, un voto». Comprenderéis el impacto que me produjo que en pleno siglo XXI hubiera personas partidarias de la esclavitud política.

A muchos nos extraña que, a pesar de su política nítidamente austericida en materia de derechos económicos y sociales en la legislatura 2011/2015, de los múltiples y notorios casos de corrupción, sobradamente conocidos por el propio Mariano Rajoy, y que los populares hubieran dejado la política en manos de los intereses espurios de los poderes financieros, la mayoría de los ciudadanos haya vuelto a optar por el PP en las urnas, ¡y por dos veces!, un partido plagado de tics dictatoriales heredados de su propio origen.

Algunos llegan incluso a pensar que España está plagado de masoquistas; también lo creen así políticos de partidos de lo que podría considerarse el arco parlamentario de la izquierda, más interesados por los resultados electorales a corto plazo, que por convertirse en una verdadera alternativa en la que primaran las medidas políticas de transformación a medio y largo plazos sobre las medidas de gestión administrativa a corto plazo.

 Se ha convertido en una máxima que ha asumido incluso parte de la izquierda histórica, en nuestro caso el PSOE, con la reforma que hizo del artículo 135 de la Constitución Española, por la gatera, sin someterla a la opinión de la ciudadanía.

Meditando sobre lo que escuché, me dí cuenta de que podría ser fruto de una ideología que está empezando a calar ampliamente en la sociedad y que haría retroceder al hombre a siervo de la tiranía de un gran hermano globalizado representado por unos pocos grupos de la oligarquía financiera transnacional, y me puse a temblar.

Todo es consecuencia directa de la mentalidad neoliberal que propone que los estados deberían ser gobernados siguiendo el criterio capitalista de rentabilidad empresarial, lo que se ha convertido en una máxima que ha asumido incluso parte de la izquierda histórica, en nuestro caso el PSOE, con la reforma que hizo del artículo 135 de la Constitución Española, por la gatera, sin someterla a la opinión de la ciudadanía, y por la que los gobiernos pasarían a ser meros gestores de la cosa pública y la política entraría en cuidados paliativos.

Desde entonces no pocos ciudadanos han asumido como un principio inviolable de las leyes de la naturaleza que la política debe limitarse a gestionar administrativamente unos presupuestos cuyo objetivo fundamental ya no sería, como hasta ahora, el crecimiento y el desarrollo de los países y de sus ciudadanos, imponiéndose como regla de oro que los gastos no superen a los ingresos, sin ni siquiera cuestionar, previamente, la injusticia manifiesta de la actual distribución de la carga fiscal entre los distintos grupos sociales y económicos del país que hace recaer las consecuencias de la reducción de los gastos públicos sobre los de siempre, abrasando sus derechos económicos y sociales alcanzados con no pocos esfuerzos y sin sabores.

De los partidos de izquierda deberíamos esperar que manifestaran explícitamente en sus programas que gobernar no es lo mismo que administrar una empresa.

Si esto no es ideología ultraconservadora que venga dios y lo desmienta. Este intento de integrar en la mente de los ciudadanos el principio de la meritocracia del dinero y de la traslación de los modos de hacer de las empresas a los gobiernos, debería urgir a los partidos progresistas, tanto a los que defienden la transversalidad y, de alguna manera, la muerte de las ideologías, como a los que navegan hoy en una socialdemocracia noqueada, a diseñar una estrategia común de izquierda «aggiornada» para acceso al poder y la consiguiente gestión política de las administraciones públicas, con una hoja de ruta que recupere la utopía de la igualdad a medio y largo plazos, y aparque el cinismo en el que están inmersos los viejos y los nuevos políticos que dicen defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos. La democracia está en riesgo de involución y no es tiempo para postureos; de esta crisis sólo se sale mediante más democracia y más participación de la sociedad civil en la política con mayúsculas.

De los partidos de izquierda deberíamos esperar que manifestaran explícitamente en sus programas que gobernar no es lo mismo que administrar una empresa y que el jefe de un ejecutivo público, no es, ni debería ser, el consejero delegado de una mercantil, sino el máximo representante político de los intereses de la mayoría de los ciudadanos de un país.

 
*Emilio A. Díaz Berenguel es Economista