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Policía y Derechos Civiles en Democracia

Jose Manuel Sanchez Fornet
José Manuel Sánchez Fornet*

Ocurrió el 28 de febrero pasado, en Benidorm; eran las 13,30 horas y dos agentes de la Policía Nacional tenían montado un control (que ahora llaman “filtro”) en las cercanías de un colegio, elegido simplemente porque a esa hora se acercan familiares a por sus hijos y eso garantiza un gran caudal de ciudadanos que son “filtrados”-identificados, lo que proporciona “palotes” estadísticos que justifiquen una actividad policial que no sirve para nada porque no mejora la seguridad ciudadana. Más bien al revés, al mantenerse mucho tiempo las patrullas estáticas identificando a las personas que pasan por el lugar ocupan menos espacio territorial y crecen los delitos. Se trata de identificaciones masivas, indiscriminadas y por tanto ilegales, siguiendo órdenes del mando, y se vienen produciendo con gobiernos de PP y PSOE.

LENGUA, IDENTIFICACIÓN Y CACHEO: TRES VULNERACIONES DE DERECHOS CIVILES

Ha saltado la noticia poniendo el acento en que los policías exigieron al ciudadano identificado que hablara en castellano porque respondió a la identificación policial en valenciano, y al parecer por eso los policías han elaborado boletín de sanción avalado por la conocida como “Ley Mordaza”. El hecho de la lengua es muy importante pero no debe ignorarse por ello que la vulneración de derechos civiles se produce en el acto de la identificación, de la “filtración” de este y otros cientos, miles, millones de ciudadanos cada año en todas las ciudades y pueblos de España, por este criterio ilegal que ha sido impuesto por los mandos y asumidos por todas las policías del país (las dos del Estado, autonómicas y locales). En este caso además de la identificación se produjo el agravante de someterlo a un cacheo en público, ante los padres de compañeros de su hijo y en presencia del niño. Y parece que salvo el uso de la lengua todo lo demás es normal y legal, cuando es una aberración democrática contra los derechos civiles que viene produciendose desde hace años en España y es asumido sin levantar la voz contra ello por todas las fuerzas políticas, la ciudadanía, los medios de comunicación y los policías.

 

Ha saltado la noticia poniendo el acento en que los policías exigieron al ciudadano identificado que hablara en castellano porque respondió a la identificación policial en valenciano.

 

Hace un año aproximadamente Cosidó compareció en el Congreso y cifró las identificaciones en 25.000 en un año. Son millones. Cosidó solo cuenta aquellos que por cualquier circunstancia son trasladados a comisaría a efectos de identificación, no a quienes son parados en la calle, son interrogados, identificados y en algunos casos, cacheados sin ser trasladados a comisaría. Cosidó mintió como han mentido antes otros directores generales de Policía y Guardia Civil, secretarios de Estado y ministros de Interior. Y no pasa nada. Discursos engañabobos en el congreso y/o el Senado que son aceptados acríticamente por todos.

Estas identificaciones indiscriminadas, masivas e ilegales se vienen produciendo desde la “ley Corcuera” 1/92, ratificada por la “Ley Mordaza”, que empeora la anterior simplemente porque al desaparecer determinadas faltas del Código Penal, lo que antes decidía un juez con garantías jurídicas ahora lo decide la administración, que por sistema da la razón al agente de la Autoridad que denuncia. Eso es más indefensión para la ciudadanía y ninguna garantía de protección de sus derechos ante actuaciones abusivas como la que se comenta en Benidorm.

En esta actuación han ocurrido varios hechos graves, como son: a) identificación indiscriminada sin razón alguna para ello con vulneración de los derechos civiles; b) cacheo del ciudadano sin razón para ello y en público, cuando la norma exige hacerlo de la manera que menos perjudique a su buen nombre. c) cacheo en la vía pública ante su hijo, los compañeros del hijo y los padres de los mismos; d) propuesta de sanción injustificada imponiendo la voluntad caprichosa del policía sobre el derecho del ciudadano a expresarse en una lengua oficial (voluntad caprichosa que puede existir desde el momento en que se decide realizar los controles, que puede ser de los policías actuantes o cumpliendo órdenes, que serían igualmente caprichosas e ilegales del mando que lo ordenó).

CAMBIAR LAS ÓRDENES OPERATIVAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA.

Al momento de escribir este artículo desconozco si los policías implicados son de la UPR de Benidorm, pero si no lo son, es evidente que las prácticas de algunos de sus miembros están contaminando a todos y que el comisario jefe de Benidorm es el responsable de lo que ocurre en su plantilla. En 2014 remití al Consejo de policía como vocal de dicho órgano un escrito con más de 100 firmas de personas de Benidorm, la mayoría residentes extranjeros, denunciando el trato que recibían de algunos miembros de la UPR. No pasó nada y Cosidó se desplazó allí poco después a apoyar al comisario.

La creación de las UPR y su orden de servicio, dedicarlas exclusivamente a identificaciones y otras actuaciones sin atender a las llamadas del 091, han dado lugar a que haya miles de llamadas al mes sin atender, pudiendo darse la circunstancia de que llamen para una emergencia al 091 y no haya coches disponibles para la emisora mientras a 200 metros del lugar de la llamada puede haber varios miembros de UPR haciendo identificaciones ilegales.

 

Desconozco si los policías implicados son de la UPR de Benidorm, pero si no lo son, es evidente que las prácticas de algunos de sus miembros están contaminando a todos y que el comisario jefe de Benidorm es el responsable de lo que ocurre en su plantilla.

 

En Madrid, al poco de ser Cifuentes delegada del Gobierno, se bajó la presión en las identificaciones y mejoró la seguridad, simplemente porque las patrullas se movían más y se percibía más presencia policial, que es igual a menos delitos. Esta dinámica de identificaciones indiscriminadas ilegales y masivas no existe en ningún otro país democrático de nuestro entorno. En Reino Unido no existen porque no existe DNI y no hay obligación de llevar el pasaporte. En Alemania, para poder identificar a la ciudadanía preventivamente en una determinada zona tras el atentado de Berlín de diciembre pasado, la Policía debió invocar una figura legal que le permite hacerlo, autorizando la injerencia sobre cualquier ciudadano en la vía pública acotada a una concreta zona y por un corto periodo der tiempo, debiendo renovarse justificadamente esa potestad policial sobre la ciudadanía atendiendo a la evolución de las circunstancias que aconsejaban esa limitación de derechos, como garantía de respeto y protección a los derechos civiles de la ciudadanía (ese viejo debate de hacer compatible libertad con seguridad, que en España no existe porque la seguridad aplastó la libertad y los derechos); y en otros diversos países hay que justificar cada identificación, como debería pasar en este país, porque la ley exige para identificar a una persona que concurran dos circunstancias: que sea sospechosa o de haber cometido un delito o de que puede cometerlo (Sentencia del Tribunal Supremo sobre la ley “Corcuera”).

SIN DERECHOS CIVILES NO HAY LIBERTAD NI SEGURIDAD.

Hace bastantes años que el cónsul de Francia en Madrid se dirigió al sindicato que yo representaba en esas fechas, al hilo de una denuncia pública que realizamos, preguntando si podía haber una estrategia policial de identificaciones contra ciudadanos franceses porque estaba recibiendo quejas por identificaciones de la Policía en determinadas ciudades; le expusimos que simplemente se identifica a todo el mundo en determinadas horas y zonas por capricho del mando, porque le da la gana al que realiza el servicio o porque sí, y si casualmente pasan por allí franceses son identificados como los demás. No fui capaz de hacerle comprender cómo siendo un acto ilegal y remitiéndolo a la sentencia del T. Supremo que fija requisitos para las identificaciones, el Ministerio del Interior permitía y fomentaba que los mandos policiales impartieran órdenes ilegales y los policías las cumplían sin alegaciones en contra.

 

España sigue siendo un país muy alejado de las democracias de nuestro entorno territorial en materia de transparencia, decencia y libertades y donde, en la gestión de la seguridad pública, los derechos civiles de la ciudadanía ni están, ni se le esperan.

 

Y tantos años después de aquella llamada de un diplomático extranjero extrañado por esas prácticas policiales sobre sus nacionales en España seguimos igual o peor que entonces. Un país democrático donde se envía a cientos de policías a pedir a inquilinos que retiren de sus viviendas banderas republicanas colgadas en sus balcones y ventanas porque va a pasar por la calle el rey en su recorrido tras acceder al trono-jefatura del Estado, y que se haga sin que nadie se oponga, denota hasta qué punto se puede usar la Policía para cohibir, coaccionar, atentar… contra el más elemental principio sobre el que se asienta la existencia de la democracia: la libertad de pensamiento y el derecho a exponerlo pacíficamente, en este caso colocando banderas republicanas en balcones y ventanas, una bandera no oficial pero legal, que legítimamente puede querer convertir en oficial cualquier ciudadano en este y en cualquier país en democracia.

Si cientos de policías cumplen una orden ilegal sin que nadie, desde la escala de mando a los policías rasos se niegue a cumplirla, si los medios de comunicación que lo saben no se hacen eco de ello, si los partidos políticos miran para otro lado, que se identifique a millones de personas cada año ilegalmente no puede extrañar a nadie. España sigue siendo un país muy alejado de las democracias de nuestro entorno territorial en materia de transparencia, decencia y libertades y donde, en la gestión de la seguridad pública, los derechos civiles de la ciudadanía ni están, ni se le esperan.

 

*José Manuel Sánchez Fornet es  Policia y ex Secretario General del SUP. Portavoz del Observatorio contra la Corrupción.

@sanchezfornet