Política Vs Justicia

El poder judicial se presenta hoy como el más sólido de los poderes del Estado. Jueces y magistrados, tal y como les atribuye la Constitución, vienen desarrollando solventemente “la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”. La judicatura ha mostrado una entereza admirable a lo largo del llamado “procés”, por lo que justamente es percibida como el más sólido muro contra el que chocan los ataques a la unidad de España. De ahí el por qué de los reiterados embates de la jerarquía independentista contra el baluarte judicial, tratando de desacreditarlo y derrumbarlo.

La falaz retórica secesionista acusa al Estado (en concreto al Gobierno) de “judicializar” el problema español en Cataluña. Los independentistas, cínica y arteramente, culpan al poder judicial de los males que afectan a Cataluña.

Pero es justamente al contrario. Los que vulneran la Constitución y las leyes son los que hacen inevitable la intervención de quienes tienen el mandato constitucional de juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Y no hay lugar para la confusión en quienes no quieran ser engañados. Porque todos pudimos ver por la televisión, en directo, el desarrollo del intento de golpe de estado, en septiembre-octubre del pasado año. Que los soberanistas, encabezados por el presidente de la Generalidad, Quim Torra, vengan ahora con el cuento de que allí no pasó nada y, consecuentemente, “exijan” la puesta en libertad y la absolución de los procesados por los delitos que cometieren, son burlas a la inteligencia de los españoles.

La presión de los secesionistas sobre el poder judicial en favor de la libertad de los “presos políticos” y la vuelta de los “exiliados”, se vehicula mediante la exhibición sobre la ropa de un lacito amarillo.

Guiñapo con el que tratan de difundir, antes que otra cosa, su repudio de la Justicia y su administración. De ahí, por cierto, el error de libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión con el señor Torra, en Moncloa, el pasado 9 de julio, permitiendo que este último exhibiera el consabido guiñapo. Sin más circunloquios, “Pepote” Borbolla, expresidente de la Junta de Andalucía, es quien más rotundamente ha despejado la cuestión: “ni presos políticos ni políticos presos, lo que hay son políticos delincuentes”.

Las excursiones  del ejecutivo al campo judicial, cuestionando la prisión preventiva de los políticos presos resulta especialmente preocupante. Garbeo que se habría dado, por ejemplo, el ministro Borrell (11 de septiembre): “Yo personalmente preferiría que estuvieran en libertad condicional. Creo que hay otras maneras de prevenir que se fuguen”.  Y la ministra Batet (16 de septiembre): “sería mejor que no hubiera presos. Porque sería más fácil ese diálogo, esa agenda de normalidad”. Y la delegada del Gobierno Cunillera (22 de septiembre): “Si se pide el indulto, yo soy partidaria, claro”.  Y la vicepresidenta Calvo (23 de septiembre):“Que estén en prisión no ayuda. Si se alarga mucho la vista oral, se podrían tomar otras medidas. (…)Si se retrasara mucho sería alargar demasiado una situación de prisión preventiva.”Y propio el presidente Sánchez (23 de septiembre): “Lo que propone este Gobierno es que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política”.

Toda una campaña institucional de presión sobre la judicatura, por mucho que la pretendan matizar con un “es decisión que compete a los jueces”. Faltaría más.

En definitiva, no es de recibo que, desde el Gobierno, se presente a la justicia como materia antagónica de la política. Porque eso no solo mina la división de poderes y oxigena al independentismo, sino que también ―y mido mis palabras―, algunos podrían interpretarlo como una invitación a la desobediencia al Gobierno de quienes les están legalmente subordinados…