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Políticos bajo sospecha

Jose Manuel Sanchez Fornet
José Manuel Sánchez Fornet*

Políticos y altos funcionarios, como el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix,  y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, están en cuestión. Y no solo ellos, también el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el ex ministro de Interior y diputado, Jorge Fernández Díaz, y el ex director general de la Policía y hoy senador, Ignacio Cosidó.

 

Solo con que fueran cierta una de las varias noticias que ha hecho público el diario digital Infolibre estos días pasados ni el fiscal general del Estado ni el fiscal Anticorrupción estarían ya en sus cargos en ningún país con un mínimo respeto por su ciudadanía y las instituciones. Pero España es otra cosa. Medios como este, con periodistas que informan con más rigor con la que los fiscales emiten sentencias (Jesús Maraña, Manuel Rico, Alicia Gutiérrez, Tono Calleja…), curtidos en querellas del Ignacio González y otros políticos corruptos, merecen de la ciudadanía una toma de postura que los refuerce para seguir en el futuro actuando como hasta ahora: contando la verdad afecte a quien afecte, porque es imprescindible en un sistema democrático en el que España ocuparía, por nivel de calidad en cualquier clasificación europea, una de las  últimas posiciones.

 

Otros diarios también han denunciado hechos corruptos ahora y en el pasado, pero Jesús Maraña, Manuel Marín, Ignacio Escolar (eldiario.es) y Felix Monteira (33 años en El País), por denunciar a Ignacio González fueron receptores de una querella del político usando los medios públicos en su beneficio sin que a nadie en el PP se le moviera un músculo. Después, por otras razones, Ignacio González también presentó querella contra Pilar Velasco, de la Cadena SER. Eso no exacerbó a otros periodistas que recibían subvenciones del Canal a indagar someramente si las denuncias eran ciertas o no, ni al fiscal jefe de Madrid entonces. Manuel Moix, a investigar lo más mínimo, ni una sola gestión en ninguna de las tres denuncias contra Ignacio González que recibió y archivó sin cumplir con su deber.

 

¿Qué sentido tiene la salida en tromba del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Diaz, contra los policías que estaban investigando el ático?

 

 

Desde el desahogo, la impunidad, la corrupción más hortera de la política y sus principios, este político ha estado robando en Madrid contra toda denuncia, con un tren de vida insoportable ni aunque cobrara diez veces su salario, y nadie en su partido se había dado cuenta. O sí?

 

¿Qué sentido tiene la salida en tromba del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Diaz, contra los policías que estaban investigando el ático? Unos policías que cumplieron órdenes e hicieron unas gestiones básicas y cotidianas en la Policía como se hacen diariamente por numerosas y diversas causas, se vieron acusados nada menos que por el ministro de Interior, en el Senado, de haber cometido un delito. Antes de escucharles y habiendo decidido ya cesar y expedientar al comisario local de Marbella, Agapito Hermes.

 

Era el mes de marzo de 2012, el ministro llevaba tres meses en el Ministerio pero supo de inmediato que había que acabar con aquella investigación, entre las cientos de miles que se estaban llevando a cabo, pesquisas previas habituales para confirmar si procede judicializar o no la investigación. Eso mismo nos dijo la fiscalía anticorrupción en respuesta a nuestro escrito de 24 de abril, respondido el 10 de mayo, que había indicios pero no suficientes para que ellos asumieran la investigación, que siguiéramos nosotros (nosotros, un sindicato de policía no podemos investigar) y si había más datos se les comunicaran.

 

¿Quién le dijo al director general de la Policía Ignacio Cosidó, que no protegiera a aquellos policías que actuaban cumpliendo órdenes legales en una práctica legal y habitual y los amenazara con sancionarlos?

 

la corrupción en España es sistemática y consentida por todos, salvo que puedan usarla en beneficio propio y contra otro partido

 

 

La primera noticia del asunto la recibí un sábado por la tarde de un compañero del sindicato y de uno de los implicados en las investigaciones y amenazado por los políticos, y el lunes estuve en Málaga hablando con el comisario provincial (Arrebola, después ascendido y ya jubilado) quien lo pintó muy mal explicándonos que iba a hacer lo posible para que la sanción no fuera muy dura si lo dejábamos en su mano. Ya le quedó claro que eso era un crimen profesional y que no aceptaríamos sanción, ni grave ni leve ni ninguna, porque no tenía sentido lo que estaba pasando con este asunto. Nos faltaba toda la información de lo que se movía detrás de Ignacio González.

 

Después de denunciar la existencia del ático (en una urbanización a caballo entre Marbella y Estepona) a la fiscalía general del Estado, fiscalía Anticorrupción, grupos parlamentarios políticos del parlamento Andaluz, UDEF y Agencia Tributaria, sin que nadie respondiera ni moviera ni un papel para aclarar el asunto (la corrupción en España es sistemática y consentida por todos, salvo que puedan usarla en beneficio propio y contra otro partido), tuvimos noticia, a finales de junio, del cese del nombrado cinco meses antes, comisario general de Policía Judicial, porque había permitido diez días de investigación sobre dicho asunto. Cese fulminante. Él ha contado como le transmitió Cosidó esa orden, y otro comisario cómo el mismo Cosidó le pidió todos los documentos que tuviese de dicho asunto, seguro que para impulsar su investigación a la vista de los acontecimientos y presentarse en un juzgado con ellos.

 

España está enferma. Los partidos políticos siguen empeñados en desempeñar su falsa obra de teatro ante el cada vez mayor desprecio de la ciudadanía.

 

 

En abril de 2012 Cosidó intentó convencerme de que no hiciéramos más denuncias (no estaba interpuesta la vía penal, como expuse en el artículo de la pasada semana) y desde entonces todo han sido querellas de mandos ascendidos y protegidos por Cosidó y expedientes disciplinarios aplicados por otros mandos que siguen en la Junta de Gobierno y de los que muy posiblemente tengamos que hablar largo y tendido en el futuro. Porque un político corrupto es insoportable pero un funcionario corrupto puede llegar a ser mucho peor en función del cargo que ocupe.

 

En ningún país decente, en ninguna democracia digna de tal nombre, ni el ministro ni el director general de la Policía que actuaron tratando de impedir una investigación policial serían hoy responsables públicos, ni esos funcionarios que fueron colaboradores necesarios en su intento de cercenar investigaciones sobre políticos corruptos estarían en los puestos que siguen ocupando hoy.

 

España está enferma. Los partidos políticos siguen empeñados en desempeñar su falsa obra de teatro ante el cada vez mayor desprecio de la ciudadanía. Vale que por razones estratégicas de oportunidad, conveniencia o cualquier otra no estén de acuerdo en una moción de censura al presidente del Gobierno que presenta unilateralmente un partido, pero que no sean capaces de bloquear el parlamento entre PSOE, Cs y Unidos Podemos hasta conseguir cambiar las leyes que impidan al partido del Gobierno imponer al fiscal general del Estado, y este a sus fiscales, y estos influir o no llevar a cabo investigaciones como las que se señalan al fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, es hacerse cómplices de este estado de cosas. Seguiremos así hasta que la mayoría entienda que esta democracia es una ópera bufa y los cambios vengan, como siempre en nuestra historia, con bandos, enemigos y trincheras. Hacia ese camino nos abocan todos estos políticos tan irresponsables.

 

*José Manuel Sánchez Fornet es  Policia. Ex Secretario General del SUP. Portavoz del Observatorio contra la Corrupción.

@sanchezfornet