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Preparados para el choque de trenes en Cataluña

Jose Manuel Sanchez Fornet
José Manuel Sánchez Fornet*

El dispositivo organizado por la Policía y la Guardia Civil en Cataluña es el mayor que se ha organizado nunca desde que existe la democracia. No solo efectivos de control de masas o seguridad ciudadana de Policía y Guardia Civil, UIPs y GRS, sino personal de las Unidades de seguridad ciudadana (Prevención y Respuesta de seguridad ciudadana de Policía y USECIC de Guardia Civil), además de personal de investigación antiterrorista y  judicial de ambos cuerpos están ya allí o van de camino.

Las circunstancias aconsejan esta movilización y adoptar otras medidas que todavía no se han tomado, como retirar la dirección de los Mossos a sus mandos, porque de lo contrario habrá riesgo de conflicto entre miembros armados de distintos cuerpos de policía. Los Mossos no pueden interpretar la legalidad sino obedecer órdenes, y no se les puede exigir que se pongan a las órdenes del Gobierno de España ignorando las de sus superiores porque el Gobierno de España no es de fiar. Yo en su situación no lo haría porque conozco suficientes casos en los que los políticos del PP, algunos hoy en el Gobierno, ha ordenado actuaciones peligrosas y al límite o fuera de la ley desde el Gobierno (vender mochila con kilos de explosivos a ETA en Bruselas, con una “baliza” para localizar el zulo en Francia), y años después ya en la oposición, perseguir a ese mismo policía pidiendo su condena, encarcelamiento y expulsión por hacer bastante menos que lo que hizo con ellos, por el interés político de erosionar al gobierno socialista. Trillo, Rajoy, Rubalcaba, Grande-Marlaska y otros jueces y políticos saben perfectamente de lo que escribo.

 

Los mandos de Mossos y Policía son nombramientos discrecionales de los políticos del Ministerio o la Generalitat y eso hace que estén como máximos responsables los más leales a los políticos y no los mejores profesionales.

 

Los Mossos tienen el mismo problema que la Policía Nacional, que es distinto en la Guardia Civil por el sistema de ascensos y asignación de categoría profesional al desempeño de cargos de responsabilidad. Los mandos de Mossos y Policía son nombramientos discrecionales de los políticos del Ministerio o la Generalitat y eso hace que estén como máximos responsables los más leales a los políticos y no los mejores profesionales. En la Policía se ha ido produciendo una degeneración progresiva en el acceso a los puestos de responsabilidad desde hace muchos años, y hemos visto casos como que a los tres meses de ser comisario ser nombrado jefe de la División de Formación, o jefe superior, simplemente por ser amigo del mando que propone los nombramientos o por ser de uno u otro partido según quien gobierne, o por ser más o menos religioso; o siendo comisario, ser nombrado DAO ignorando a cientos de comisarios principales, que es la categoría superior, y siempre sin atender a la capacitación profesional para el puesto que ocupa sino a intereses partidistas y/o de nepotismo.

Los Mossos son excelentes profesionales y la inmensa mayoría de ellos quiere cumplir la ley y los Autos de los jueces, pero nadie les puede exigir que se arriesguen a una sanción incumpliendo las órdenes de sus mandos, fiando su carrera profesional y su trabajo a la protección del Gobierno de España. Porque mañana el Gobierno de España decide pactar con los independentistas o no inmiscuirse en la defensa de quienes han arriesgado su trabajo por apoyar la ley y los deja en la cola del paro. Y no sería la primera vez.

 

Dejar que Trapero o un independentista llegue dirigiendo los Mossos al 1 de octubre es apostar por conflictos entre miembros armados de distintos cuerpos, extremo que hay que evitar tomando las decisiones precisas.

 

La última circular del Mayor Trapero, que muchos medios de comunicación y tertulianos interpretan como una asunción del cumplimiento de las instrucciones de la Fiscalía sobre los Mossos, no dice, en mi interpretación, lo que los bien pensados quieren interpretar. Trapero se refiere a cumplir las órdenes y la legalidad sin especificar cuál de ellas en calculada ambigüedad, si la que emana de los tribunales o la del gobierno de la Generalitat, lo que formando él parte del entramado independentista es para tenerlo en cuenta y actuar en consecuencia. Si el fiscal le ordena ir a tal sitio y retirar una urna dará la orden pero puede hacerlo tarde, mal o con incidencias que impidan la actuación a tiempo, y si de él depende que el fiscal se entere de donde hay una urna instalada, el fiscal no se va a enterar. Esta situación debe resolverse antes del 1-O y cuanto antes mejor, aplicando el artículo 155, con la Ley de Seguridad Nacional o con el mecanismo jurídico que lo permita, relevando del mando a Trapero y nombrando a alguien comprometido con la legalidad del Estado, que además lo confirme de voz en juramento/promesa pública en la Delegación del Gobierno de España en Cataluña y por escrito. Y si no es el segundo de Trapero quien asume esta tarea, seguir llamando por orden de escalafón a los responsables y todos quienes no vayan asumiendo esa responsabilidad, relevados y suspendidos. Como si hay que suspender hasta el último Caporal (cabo en su organigrama), pero es fundamental que los Mossos acaten la legalidad democrática. Dejar que Trapero o un independentista llegue dirigiendo los Mossos al 1 de octubre es apostar por conflictos entre miembros armados de distintos cuerpos, extremo que hay que evitar tomando las decisiones precisas en el momento oportuno, que es ya, ahora, cuanto antes mejor.

 

Otro asunto pendiente es la descoordinación entre Policía y Guardia Civil en el dispositivo de Cataluña. Nada nuevo bajo el sol para los que llevamos años aquí y hemos visto cosas como detener a un terrorista sin pruebas sabiendo que el otro cuerpo llevaba meses siguiéndolo y para impedir que lo detuviera el cuerpo rival, debiendo quedar en libertad porque el cuerpo que lo seguía se negó a facilitar los datos obtenidos (el jefe de ETA David Pla); usar perros antidroga simulando que eran especialistas en explosivos para no dar entrada a los perros antiexplosivos del otro cuerpo (11M); dejar una mochila bomba desde San Sebastián a Burgos en un tren de viajeros porque en el trayecto si se interceptaba era territorio del otro cuerpo (Navidad 2003); o la grabación en vídeo de tres personas, dos hombres y una mujer, que se acercan a tres caseríos donde el otro cuerpo tenia localizados a miembros de tres comandos de ETA para alertarlos (Francia, año 2012), abandonando las viviendas esa misma noche los terroristas, que desmontaron una cámara de seguimiento ubicada en un árbol cercano, y sin que tuvieran dudas los miembros del cuerpo que hacia la “troncha” (seguimiento en lenguaje policial) que las tres personas que avisaron eran agentes del cuerpo hermano. Estas cosas no son de dominio público pero han pasado, y ahora empiezan a producirse casos de descoordinación también en el dispositivo en Cataluña.

 

Los Mossos no estuvieron a la altura y para la Guardia Civil es preferible permanecer horas “secuestrados” que enviar a la UIP de Policía Nacional a ejercer su tarea en auxilio de los guardias civiles.

 

La entrada y registro en la consejería de Economía podía haberla hecho la Guardia Civil o la Policía; los primeros tenían en ese momento a sus efectivos en otros asuntos y la Policía disponía de entre 100 y 300 efectivos para llevar a cabo el registro. Algún mando de Guardia Civil decidió que ellos podían hacerlo con los 18 miembros disponibles, con el resultado conocido de bloqueo y secuestro durante horas, más el asalto y daños ocasionados en los tres vehículos. Los Mossos no estuvieron a la altura y para la Guardia Civil es preferible permanecer horas “secuestrados” que enviar a la UIP de Policía Nacional a ejercer su tarea en auxilio de los guardias civiles. Prefieren permanecer allí horas y días que la imagen de la Policía rescatando a la Guardia Civil. La reacción habría sido la misma si los roles en ese asunto hubiesen estado cambiados.  

 

El día después del incidente antes referido, a algún mando policial se le ocurrió que era conveniente registrar la sede de CUP por ser el partido que más manifiestamente incumple la ley, y allá que van 300 efectivos de UIP, suficientes para contener y disolver una manifestación de miles de personas, que durante siete horas mantienen la sede rodeada pero el mandamiento judicial de entrada y registro no llega. Horas de tensión y retirada del lugar rodeado por miles de borrokas independentistas, protegidos por los Mossos. Sobra decir que desde ese momento empezaron a desaparecer todos los elementos de incriminación de CUP en el referéndum ilegal que pudiera haber en la sede. No conocemos que se hayan depurado responsabilidades por este error grave que da pábulo a los golpistas y que debería suponer al menos el cese del responsable.

 

La Guardia Civil debe liderar este operativo y otros, en materia de terrorismo por ejemplo, mientras la Policía Nacional y los Mossos no adopten los cambios imprescindibles en sus métodos de nombramiento y los ceses de sus actuales mandos para acabar con la politización tan exagerada por la que se rigen.

 

En esta situación me parece acertado el nombramiento del Coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos como coordinador de la actuación de los cuerpos de seguridad en Cataluña, y si él decide que la Guardia Civil sea quien asuma como cuerpo de seguridad del Estado la iniciativa y principal actuación en Cataluña, actuando la Policía Nacional y los Mossos como auxiliares de dicho cuerpo, me parecería una necesaria y acertada decisión.

 

En los últimos años la Guardia Civil ha superado ampliamente a la Policía Nacional en sus actuaciones; en una situación como la que nos ocupa, ni su condición militar (hándicap para ser la única policía del Estado) debe impedir atender a lo prioritario: garantizar coordinación y eficacia en el restablecimiento de la legalidad, protección de los derechos de la ciudadanía y garantía de aplicación de las normas democráticas en España, un Estado-nación que debe aprender de los errores cometidos para que no vuelvan a producirse. La Guardia Civil debe liderar este operativo y otros, en materia de terrorismo por ejemplo, mientras la Policía Nacional y los Mossos no adopten los cambios imprescindibles en sus métodos de nombramiento, y los ceses de sus actuales mandos para acabar con la politización tan exagerada por la que se rigen, para ser merecedores del respeto y confianza de las instituciones y la ciudadanía al mismo nivel que hoy tiene acreditado, y merecidamente ganado, la Guardia Civil.

 

*José Manuel Sánchez Fornet es  Policia. Ex Secretario General del SUP.
Portavoz en Andalucía del Observatorio contra la Corrupción.

@sanchezfornet