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Prescripción y presunción

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Pepe Torrente

La presunción y la prescripción tienen caminos distintos en el Derecho que bulle por la política. Mientras que en política la presunción es culpable de manera fija, la prescripción está siempre latente, pero no consta que sea permanente. Lo peculiar de ese estado en política es que hay que demostrar que uno es inocente, cuando en Derecho lo que hay que demostrar es que uno es culpable.

Esa garantía jurídica que hace prescribir los procedimientos, que evita la eterna sospecha sobre los investigados por la lentitud achacable a la administración pública, aunque no los exculpe, sí que evita el paseo judicial y una ruta de glorias judiciales que nadie quiere, ni siquiera para pleitos ganados.

La presunción como se conoce entre los derechos individuales de las personas, se viene demostrando inútil entre la clase política. Es una vía que sirve para exigir la dimisión del señalado en cuanto el telediario lo muestre corriendo entre periodistas con cámara en ristre. Es el problema que nos provoca la aversión de la corrupción, que ha trastocado los principios garantistas que deben distinguir la verdadera calidad de un Estado de Derecho como el nuestro. Es aberrante desde el punto de vista jurídico; pero es que éste punto de vista no tiene  nada que ver con el punto de vista político.

Llama la atención en el ámbito político los continuos desplantes que tuvo el actual consejero de Justicia andaluz, Sr. Llera, contra la juez Alaya, y la más que conocida amistad que, ahora sí, tiene con la sustituta de aquella, la jueza Núñez Bolaños.

Tras la prescripción de los delitos imputables por una instrucción exageradamente larga, nadie podrá evitar que entre los ciudadanos se instale ese pensamiento, temerario aunque fundado en los casos vistos, que las maniobras orquestales de la administración judicial, y los lentos procedimientos de la administración pública, provocados o no, hayan tenido como consecuencia que la prescripción garantista sea un instrumento que los salve de posibles sentencias, aun teniendo vivas las culpas. Una especie de salvoconducto, que libera de presión a quienes vienen siendo investigados por los indicios, sospechas, documentos y hechos que indicaban la presunción de la comisión de delitos.

Llama la atención en el ámbito político los continuos desplantes que tuvo el actual consejero de Justicia andaluz, Sr. Llera, contra la juez Alaya, y la más que conocida amistad que, ahora sí, tiene con la sustituta de aquella, la jueza Núñez Bolaños. Llama la atención por cómo se pronunciaba antes, públicamente y con publicidad manifiesta, y cómo lo hace ahora. Al menos no pasa inadvertida, dicha circunstancia.

Pero es especialmente llamativo el abierto cinismo de quien hoy preside la Junta de Andalucía, institución que, gobernada por los socialistas, es la máxima sospechosa de cometer ilícitos en los Ere fraudulentos, y en los Cursos de formación de amiguetes y conocidos. La señora presidenta declaró que “había que exigir más rapidez a la administración de justicia, porque una justicia lenta no es justicia”. Ella, que ha hecho todo lo posible por alargar los plazos; por driblar ritmos inadecuados, adecuándolos al más lento acontecer del progresismo que preside; por eternizar los envíos al juzgado que reclamaba los documentos; por enviar tal lote de paquete documental, desproporcionado, que, descifrar aquello, supondría el empleo del espacio y el personal que no se tiene en los juzgados. Ella, Susana Díaz, hablando de la lentitud de la justicia que ella misma debe de agilizar dotándola de los medios para que eso no se produzca. Ella, sí, lo dijo ella. Pues vaya con Susana Díaz, cínica como ella sola.