Rajoy hizo lo que debía aplicando el 155 en Cataluña. El resultado electoral del PP catalán no ha sido debido a eso (prueba evidente es el resultado de Cs, que quería una aplicación más rápida y fulminante del artículo de la Constitución), sino fruto de errores cometidos durante años anteriores.
Rajoy impugnó ante el T. Constitucional el estatuto catalán aprobado en el Parlament y ratificado, con enmiendas, por el congreso español; pidió un referéndum, instaló mesas de recogidas de firmas y utilizó ese asunto de Estado por su interés partidario. Ese ha sido el error de Rajoy, no la aplicación del 155.
El error de Rajoy con el 155 ha sido el miedo. Las prisas por convocar elecciones cuyo resultado han sido una bofetada política y una inmersión en la realidad catalana.
Ningún presidente de Gobierno de España, del PP o del PSOE, ante una vulneración flagrante de la legalidad constitucional para instalar una distinta y romper la nación y el Estado hubiese dejado de aplicar el artículo 155. Solo hay que leer la historia sobre los acontecimientos del pasado siglo, y anteriores, para concluir que ningún presidente del Gobierno puede permitir una escisión unilateral de una parte del territorio, llevada a cabo por una clase dirigente corrupta (tanto como la dirigente del PP y otros partidos en otros territorios) porque con ello provocaría rebeliones y conflictos ciudadanos en Cataluña y en otros territorios de la nación.
El error de Rajoy con el 155 ha sido el miedo. Las prisas por convocar elecciones cuyo resultado han sido una bofetada política y una inmersión en la realidad catalana, donde los independentistas son menos pero son muchos, y no se pueden combatir 30 años de nacionalismo excluyente en 50 días. La última vez que Inglaterra suspendió la autonomía de Irlanda del Norte (lo hizo en cinco ocasiones) la suspensión se mantuvo durante cinco años. Nada pasó, se restableció la legalidad y las cosas se encauzaron.
No está claro que el independentismo pueda formar gobierno y dirigir la Generalitat. Ahorro las explicaciones sobre sus presos presentes y futuros, los fugados y las exigencias de la CUP, por lo que muy posiblemente estemos abocados a nuevas elecciones, cuyo resultado puede ser similar al del pasado día 21. Estamos ante un empate técnico entre los catalanes que se sienten y quieren seguir siendo españoles, y los catalanes independentistas más lo que, sin serlo, quieren derecho a decidir ellos sobre su futuro, es decir, un tratamiento específico distinto al del resto de regiones y ciudadanos de España.
Decir que Cataluña precisa blindar la lengua, la cultura y mejor financiación, desde un partido socialista tiene poco o nada de socialista y mucho de nacionalista.
Es ahí donde reside el problema al que se enfrenta en Cataluña, ya casi en solitario, Ciudadanos. El PP, mientras no cambie su estrategia, pida perdón por sus errores, mentiras y manipulación respecto al asunto catalán de los últimos años, y se renueve, poco tendrá que decir en Cataluña. El PSOE no existe en Cataluña. Su aliado, su marca allí es un partido político distinto, con su propia estrategia, que defiende los intereses de Cataluña por encima de cualquier otro interés. Lo dice en sus siglas, al señalar con mayor grosor la “C” de Cataluña que las que lo identifican con un partido socialista.
Decir que Cataluña precisa blindar la lengua, la cultura y mejor financiación, desde un partido socialista en un Estado-Nación donde tiene una renta per cápita un 19,3% superior a la media (28.590€), solo por detrás de Madrid, País Vasco y Navarra, tiene poco o nada de socialista y mucho de nacionalista. Y el PSOE apoyando esa demanda, en vez de tratar de que los más desfavorecidos crezcan para igualarse con los que más tienen fortaleciendo un sistema de reparto, evidencia el mismo déficit de ideas socialistas que de partido obrero y español. Esto lo piensan hoy muchos miembros del PSOE que apoyaron a Pedro Sánchez, que ven en esta política territorial un grave error que puede alentar a los socialistas de derechas, que están agazapados esperando el momento oportuno de volver a retomar el control del partido, como han hecho desde la transición y Felipe González.
Es compatible una política redistributiva de la riqueza, la defensa de un Estado diverso con la defensa de la nación y la igualdad entre los ciudadanos que convivan en la misma, y no es compatible considerarse socialista y defender privilegios para los más ricos en detrimento de los que menos tienen.
Ellos solo quieren dirigir su propio destino, nombrar sus jueces, poder robar más impunemente de lo que lo han hecho hasta ahora (con la complicidad de los gobiernos del PP y el PSOE) y mientras tanto, obtener un trato de privilegio que destaque que ellos son diferentes.
No hay nada que negociar con el independentismo. Hay que combatirlo durante los años precisos, cambiar las leyes y fijar criterios que fortalezcan el Estado-nación, como instrumento necesario para mejorar la calidad de los que necesitan del Estado, porque los que nadan en la abundancia y la clase media alta (entre ella todos los cargos políticos de todos los partidos), lo necesitan menos. No hay nación en el mundo donde se permita el intento de ruptura del Estado legalmente. Las apelaciones al diálogo de los independentistas y los “buenistas” que los apoyan, parten de la premisa de que estos aceptarán un acuerdo que les permita seguir formando parte de España en igualdad con el resto de territorios y ciudadanía, y eso es falso. Ellos solo quieren dirigir su propio destino, nombrar sus jueces, poder robar más impunemente de lo que lo han hecho hasta ahora (con la complicidad de los gobiernos del PP y el PSOE) y mientras tanto, obtener un trato de privilegio que destaque que ellos son diferentes, distintos, de mejor condición que los demás ciudadanos del Estado español. Y eso debe ser combatido con toda la firmeza que exijan las circunstancias.
El “problema catalán” debe abordarse con luces largas pero actuando desde ya; acabando con la supremacía de la lengua propia sobre la lengua común en su territorio; con el adoctrinamiento en las escuelas y la televisión pública autonómica, y combatiendo su filosofía política supremacista, el nazismo catalán, que es sinuosa, sutil, pero mortífera para la convivencia. No es catalán de pura cepa quien tenga ocho apellidos catalanes sino quien acepte su lengua como superior y que Cataluña es una nación. Aunque no tengas ningún apellido catalán, aceptando esa regla única de la secta política ya eres un buen catalán, y si no lo haces, aunque tengas apellidos catalanes desde la prehistoria eres un mal catalán. Si no se entiende eso seguirán creciendo y dentro de unos años veremos señalar (ya hay casos aislados) comercios y viviendas de quienes se sientan españoles y catalanes como traidores a la patria, serán acosados y perseguidos y quizás entonces ya sea demasiado tarde.
Hay que prever que la inestabilidad política en Cataluña reducirá su nivel de crecimiento y eso afectará a toda España, pero especialmente a Cataluña, que quizás dentro de una década ya no sea tan rica, precise de la solidaridad de España para mantener sus pensiones, sanidad, educación… y se moderen sus ansias independentistas, que parten de la premisa de que esa tierra es superior, los nativos de allí, entendidos como los que acepten su supremacía, son gente de una raza superior y merecen mejor y distinto trato. La demanda independentista siempre fue de las elites burguesas, que han conseguido llevar a su redil a un número importante de personas tras muchos años de trabajarlo política y socialmente. Organizaciones como ANC y Ómnium Cultural, regadas con millonarias subvenciones públicas, llevan años trabajando ese adoctrinamiento político y social.
La dictadura franquista hizo mucho daño al imaginario colectivo y todavía lo estamos pagando.
Fundamental para resolver el problema será lo que haga el PSOE, que no existe como partido político en Cataluña. Ese es un asunto que el PSOE debe resolver, no sé si haciendo caso a Rodríguez Ibarra, que pedía hace dos días que se creara la federación del PSOE en Cataluña o de otra forma, pero una nación con un problema en un territorio precisa partidos políticos que defiendan la nación en ese territorio, la integridad territorial, la igualdad de todos los españoles y que no juegue a hacer política con eso, diciendo, como ha hecho Iceta, que la mejor forma de combatir a los independentistas es conceder privilegios a Cataluña y sus ciudadanos sobre otros ciudadanos y territorios del país. Error similar al del PP aunque en sentido contrario, de los el PP recoge ahora los frutos en Cataluña. Los errores del PSOE por su inexistencia en Cataluña y su identificación con las demandas del PSC pueden verse reflejadas en el futuro en el resto de España.
Con la idea de nación ocurre como con la bandera, que la izquierda ha dejado que la derecha se apropie de ambos conceptos. Es una evolución perversa porque en teoría y en la práctica, a nadie interesa más un Estado nación fuerte que a los más desfavorecidos, tradicionalmente defendidos por las políticas de izquierda. La dictadura franquista hizo mucho daño al imaginario colectivo y todavía lo estamos pagando. También ocurre con la lengua. Un tesoro común hablado en numerosos países que en la nación origen de la misma se ve escondida, perseguida, desamparada, por gente presuntamente de izquierdas que considera más moderno, adelantado o de izquierdas hacer propaganda turística en seis lenguas pero no en la del país; o dedicar horas de enseñanza en catalán en Aragón, Valencia o Baleares, contribuyendo al expansionismo y a la pretensión de los nazicatalanes de constituir un Estado-nación sobre territorios que nunca fueron ni un Reino. Esos presuntos de izquierda, ignorantes acomplejados, tienen tanta responsabilidad en la situación actual del país y en la del futuro que el PP por sus errores del pasado.
Quizás es que la sociedad española no merece nada mejor. Un país donde los corruptos siguen recibiendo votos (en Cataluña, pero también en Madrid, Andalucía y otros territorios) merece el rumbo que llevamos camino de un conflicto que nos empobrecerá y reducirá los niveles de bienestar, seguridad y convivencia. La única esperanza es que estamos a tiempo de evitarlo con la única herramienta que se puede utilizar por la ciudadanía: el voto.