Sí, España y los españoles, la ciudadanía, tenemos lo que merecemos. Esa es mi conclusión viendo la declaración como testigo del presidente del Gobierno en el juicio oral de la primera etapa de Gürtel, que abarca hechos ocurridos entre 1999 y 2005.
UNA SOCIEDAD ACOSTUMBRADA A PRÁCTICAS NO DESEABLES
España está marcada por Rinconetes y Cortadillos, por el Lazarillo de Tormes, por el pillo que puede robar una uva si está ante un racimo de ellas o un millón o varios de euros si está en un organismo o empresa que se lo permite. Es genético o cultural. La mayoría de puestos de trabajo en este país se cubren no por méritos, experiencia o capacidad sino por amistad, amiguismo o cercanía de quien tiene la capacidad de contratar para el puesto de trabajo. En todas las profesiones, tener familiares dentro facilita mucho el ingreso. No hablo de los estibadores, o de los pilotos de avión, que también, hablo de una simple plaza de funcionario en cualquier Cuerpo del Estado, entre ellos la Policía y la Guardia Civil. Los sistemas establecidos permiten, en las entrevistas personales, ir eliminando rivales y dar una valoración subjetiva al que llega señalado por un político o familiar con capacidad de acceder a las personas que deciden si aprueba o no para el puesto de trabajo o la plaza de funcionario. Y no digamos ya el ingreso en la escala ejecutiva o en la academia de oficiales de la Guardia Civil. Al menos en la Policía, el porcentaje de hijos de mandos que ingresan debería llevar a un estudio científico sobre si existe un gen específico que les facilita superar esas oposiciones. Esto produce la injusticia de equiparar enchufados con hijos de mandos que superan la oposición merecidamente, con preparación y esfuerzo, pero conozco casos suficientes para decir que son los menos y que prima más la ayuda que se les presta desde el tribunal seleccionador (formado por mandos amigos de aquellos a cuyos hijos examinan).
En Moncloa, en el Tribunal de Cuentas, en el Defensor del Pueblo, en el Congreso de los Diputados, en el Senado… en todos y cada uno de ellos hay funcionarios que han obtenido su plaza en justa competencia y otros muchos que están allí “colocados” por el amigo poderoso de turno. Esto es España. Lo mismo ocurre en las empresas creadas por comunidades autónomas, y en otras intervenidas por el Estado donde los contratos son por amiguismo, o en las federaciones deportivas, que llevan un nivel de gasto obsceno por sus responsables sin ningún control. Ninguna institución se salva de estas prácticas de nepotismo, amiguismo y contraria a la libre competencia para el acceso a un puesto de trabajo.
No se puede ser buen policía sin saber que el origen de la legitimidad es respetar los derechos de la ciudadanía, proteger y servir.
COSTUMBRES POLICIALES CONTRA DERECHOS CIVILES
Es este un país donde se roba impunemente, donde no hay controles, donde la moral pública tolera prácticas que en cualquier otro supondría la dimisión del responsable, y en esa dinámica de sociedad adormecida acepta sumisamente que se vulneren sus derechos civiles de manera sistemática. Se llevan a cabo identificaciones arbitrarias e ilegales, con un sistema operativo impuesto por el mando y abrazado con alegría por los policías (mal formados en esta materia) y por los sindicatos policiales. Algo que no ocurre en ningún país de nuestro entorno (Francia, Alemania, Portugal, Italia…) En Alemania, tras el último atentado, la Policía hizo uso de una norma legal para decidir que durante una semana podía identificar a cualquier ciudadano en una zona concreta. Después lo amplió por otra semana. Es una garantía para la ciudadanía, respeto a sus derechos civiles, cuando se anuncia que por razones de seguridad ante el terrorismo cualquier persona que pase por ese barrio o zona durante esos días puede ser identificado sin razón alguna, pero solo en esa zona y en esos días, porque hacerlo como en España, indiscriminadamente, es ilegal y atenta contra el derecho de la gente. En España se identifican millones de personas cada año sin razón, se les cachea e interviene droga para su consumo, que es incautada y sancionado el portador. No reportan ninguna ventaja a la ciudadanía ni incremento de seguridad, es falso, se trata de recaudar y mantener un control sobre la ciudadanía, en especial sobre jóvenes y extranjeros.
Hay un caos absoluto en la distribución territorial y de competencias, no hay falta de policías.
Esto no preocupa a los partidos políticos, a ninguno, todos empeñados en contentar las demandas corporativas de más chalecos para todos (hay decenas de miles de policías y guardias que están en oficinas y no los necesitan), o de equiparación salarial, que siendo cierto que existe un agravio con algunas policías locales y las autonómicas, también lo es que con la perdida de riqueza del país en los últimos años, el empobrecimiento y crecimiento de personas en el umbral de la pobreza, los salarios medios de policías y guardias civiles están por encima de la media del país. O de la falta de personal, cuando somos el segundo país de la UE (tras Italia) con la ratio más alta de policías/habitantes. Hay un caos absoluto en la distribución territorial y de competencias, no hay falta de policías. Y seguir esa demanda de cuerpos policiales con mucho personal consigue lo contrario de lo que dicen reclamar: más policías siempre estarán peor pagados y se incrementará el salario solo de la escala de mando. Solo hay que usar una neurona para, a la vista de la historia, conocer esto. Y ya sé que hay una permanente campaña para decir que son héroes, que el Estado, la vida de la ciudadanía y el aire que respiramos pivota en torno a los uniformes pero yo no he comulgado nunca con esta teoría, un grave error, que conduce a considerarnos funcionarios especiales y por ello, con menos derechos y garantías. No se puede ser buen policía sin saber que el origen de la legitimidad es respetar los derechos de la ciudadanía, proteger y servir, y eso no se hace identificando y cacheando a personas en la vía pública en esos controles o filtros que hacemos en este país como si estuviésemos en permanente estado de sitio pisoteando los derechos de la ciudadanía.
Con motivo del 11-M cabe pensar que en Policía y Guardia Civil se abrió una comisión para analizar los errores cometidos, para saber por qué hubo esa descoordinación y enfrentamiento con la Guardia Civil, que impidió evitar el atentado primero, y que después, los perros policía antidroga fueran usados simulando que estaban buscando explosivos (que no huelen) para que no entrara a colaborar la Guardia Civil. Nada nuevo que no se lleve produciendo al menos desde que yo ingresé en la Policía en 1980. No hubo comisión de investigación profesional pero medallas rojas y blancas para los policías que estuvieron en el rescate, a puñados. Lo mismo que en el último accidente de avión en Barajas, o en el del tren Alvia en Santiago y en tantos otros casos, medallas blancas y rojas a puñados.
EN ESPAÑA SE TOLERA Y FOMENTAN LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS
La corrupción en España es una regla básica de funcionamiento. El que no tiene nada y puede dejar de declarar 100€ a Hacienda lo hace y lo celebra invitando a los vecinos a cañas, el que puede dejar de declarar 100 millones, también. Estamos en una obra de teatro en la que todos (con excepciones) participamos y nos indignamos pero no hacemos nada en la práctica para combatirlo. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no actúan contra la corrupción. Solo hay que ver los privilegios que se han auto-concedido en las distintas administraciones, central, autonómica y local, los representantes del pueblo, con salarios que triplican como mínimo el salario medio de la ciudadanía en el ámbito territorial en el que trabajan. No nos representan, es su profesión y viven bien a costa del pueblo.
En este clima social no es de extrañar que el ex ministro de Interior Fernández Diaz siga siendo diputado, y que el director general de la Policía Ignacio Cosidó siga siendo senador, cuando ambos son responsables de las prácticas de policía política (PISA, Banca andorrana…) llevadas a cabo durante su mandato. Mientras esto sea así toda la propaganda que se haga sobre combatir la corrupción es inútil porque los hechos señalan lo contrario.
Hay otras asociaciones ONGs que reciben ingentes cantidades de fondos públicos para las causas más peregrinas, cuyos creadores consiguen vivir desahogadamente con un salario a costa de esas subvenciones.
Todo esto se percibe mejor si dedicas una parte de tu tiempo a denunciar, estudiar, conocer y asesorar a personas que recurren a asociaciones que nacieron para denunciar las prácticas corruptas. Como en todos los ámbitos, también aquí, entre las asociaciones dedicadas a combatir la corrupción, hay corrupción. Hay asociaciones creadas expresamente por los corruptos para utilizarlas contra sus enemigos o quienes entorpezcan sus actividades, o creadas para mayor gloria, fama y dinero de quienes las constituyen, a los que acabar con la corrupción o el interés general no les importa nada. Hay organizaciones presuntamente contra la corrupción cuya actividad consiste en reclamar dinero para sus dirigentes, para vivir y recurrir, y una ley de protección de testigos o denunciantes que les garantice el sueldo de por vida. Esa es toda su tarea. Y eso no es combatir la corrupción sino usarla para resolver tus problemas vitales.
Hay otras asociaciones ONGs que reciben ingentes cantidades de fondos públicos para las causas más peregrinas, cuyos creadores consiguen vivir desahogadamente con un salario a costa de esas subvenciones. Hay otras ONGs que reciben subvenciones de la UE, del Gobierno central, de CCAA y ayuntamientos, para actuaciones solidarias, por ejemplo, para sacar de la pobreza a personas de etnia gitana. De lo que he conocido en este mundo, una parte importante de dichas subvenciones se gastan en sueldos de empleados (cientos de ellos), o en comprar patrimonio inmobiliario (decenas de terrenos y edificios) en gestión de los dirigentes, dietas, viajes, etc. (la mayoría de estos son familiares) y a la gente que vive en chabolas sin luz ni agua corriente no llega nada, ni migajas. Es una evidencia conocida por las instituciones pero no pasa nada porque el sistema existente está basado en esas prácticas corruptas. Se da un dinero a asociaciones y se cumple el expediente aunque en vez de a pobres de solemnidad el dinero sirva para vivir muy bien, como clase adinerada, familias enteras dedicadas a ese negocio, con la peculiaridad de que la mayoría tienen alguna relación con políticos que medran en las instituciones de las que reciben subvenciones.
Desde mi experiencia como fundador y ahora vocal de una ONG dedicada a combatir la corrupción, puedo asegurar que la fiscalía y los tribunales no atienden más que a una mínima parte de los asuntos que se les plantean; los fiscales no se implican, bien por evitar problemas y presiones bien por sobrecarga de trabajo, y los jueces te piden fianzas que no se pueden pagar. Hay fiscales a los que nadie controla y cuyo comportamiento es como el de Moix o peor, sin que las denuncias a la inspección fiscal sirvan para nada. Tenemos el caso del fiscal jefe de Las Palmas, García-Panasco, ascendido a un puesto importante en la Fiscalía General del Estado a pesar de estar condenado por el Tribunal Supremo, sin que existe mecanismo legal que impida ese y otros nombramientos, que suponen un apoyo expreso a prácticas aberrantes llevadas a cabo como fiscal y por lo que fue condenado. No es un caso único, hay más (Moix, fiscal del caso del puerto de Algeciras, de Crevillent en el caso “Abornasa”…) y así tantos y tantos. Ni las instituciones, ni los políticos, ni la justicia, están preparadas para combatir la corrupción. Tampoco la ciudadanía, al menos en número suficiente, más allá de darse golpes de pecho en las redes sociales. No hay salida sin cambiar los cimientos del Estado. Tenemos lo que merecemos: una sociedad corrupta.
*José Manuel Sánchez Fornet es Policía. Ex Secretario General del SUP. Portavoz del Observatorio contra la Corrupción.
@sanchezfornet