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Redes y leyes asesinas

Lo cierto es que comportamientos heredados de siglos de cultura machista provocaron las mofas sobre esta mujer.

 

Se llamaba Verónica Rubio. Tenía 32 años, casada, dos hijos de 9 meses y cuatro años, se suicidó en su domicilio tras varias semanas de insultos y humillaciones en su trabajo, en una fábrica de vehículos a las afueras de Madrid. Una grabación suya de índole sexual de hace años estaba circulando por los teléfonos de trabajadores. Ya había habido un conato de difusión de la misma grabación hace unos cinco años. El día antes de suicidarse la grabación llegó a su marido. Un matrimonio es un pacto de convivencia entre dos personas con las obligaciones que voluntariamente hayan alcanzado y solo a ellos compete valorarlo. Nadie sabe qué pasó esa noche en ese hogar pero ella se ahorcó la mañana siguiente mientras el marido estaba en el parque con los hijos.

 

No valen prejuicios morales sobre si el vídeo había sido grabado cuando el matrimonio ya llevaba años de pareja, o sobre la mayor o menor responsabilidad de grabar prácticas sexuales, ni sobre cualquier otra consideración que trate de desvirtuar el hecho de la muerte de la víctima, empujada a esa situación por un comportamiento miserable e irresponsable que la llevaron al precipicio. Lo más importante, los más perjudicados que deberían haber sido el bien principal a proteger, los hijos, han quedado huérfanos de madre. Lo cierto es que comportamientos heredados de siglos de cultura machista provocaron las mofas sobre esta mujer, su acorralamiento y que no viera más salida a su situación que suicidarse. Para la reflexión de la sociedad y los políticos.

 

Establecido lo anterior, también hay hombres que se suicidan al encontrarse en una situación límite, sin salida ni posibilidad de defensa ante denuncias falsas de maltrato, viéndose obligados a aceptar acuerdos perjudiciales en procesos de separación.

 

Y eso en el mejor de los casos; en el peor son denunciados por maltrato o por abuso sexual de sus hijos. Si los trabajadores que difundieron el vídeo empujaron a Verónica al suicidio, los políticos, jueces, fiscales, abogados y mujeres que denuncian falsamente, que acorralan a un hombre con mentiras apoyadas por el sistema político/judicial, son igualmente responsables de los suicidios de hombres que nunca se investigan porque desmentirían la política del Gobierno en esta materia (“a la mujer hay que creerla, sí o sí”, vicepresidenta del Gobierno). Para mantener la mentira se manipulan datos ignorando que casi el 80% de las denuncias de maltrato presentadas son archivadas, sin que jueces y fiscales actúen contra las denunciantes ni permitan hacerlo al denunciado. Eso sí, dinero que no falte a las asociaciones de las que viven sus creadoras, abogados y falsas maltratadas, que reciben ayudas como maltratadas (estas merecidas) porque no se investigan las denuncias.

 

El Gobierno tiene la complicidad de todos los partidos políticos en esta doctrina criminal, que no tiene nada que ver con el feminismo que defiende la igualdad, como acreditaron en la última votación de la pasada legislatura sobre políticas de VIOGEN. Huérfanos de madre asesinada por el padre, cobrarán 600 euros mínimo; huérfanos de padre asesinado por la madre, 160 euros. ¿Políticas de Igualdad? ¿El bienestar de los menores es el principal bien a proteger? Depende de quién sea el asesino, su padre o su madre, así cobran. Como si tuviesen alguna responsabilidad los niños. Una aberración de tal calibre que parece imposible que se haya adoptado por unanimidad en un parlamento de una democracia occidental asentada sobre principios de justicia social. ¿Quiénes se comporta como los trabajadores de la empresa de Verónica? La casta política y medios de comunicación de la secta del pensamiento único.