Salario de policías y guardias civiles
Razonable sería revisar los pluses territoriales por carestía de vida o peligrosidad.
La Constitución reconoce la competencia presupuestaria de las administraciones autonómicas y locales que les permite fijar para sus políticos, funcionarios y policías salarios que no tienen nada que ver con los que paga la administración central. En 1982 quisieron impedirlo el Gobierno de UCD y el PSOE con la LOAPA, y el T. Constitucional dijo que debían cambiar la Constitución para imponer limitaciones. Equiparar salarios de guardias de El Coronil y Mozos de Cataluña pasa por cambiar la Constitución, estatutos de las CCAA y varias leyes orgánicas. Exige una nueva estructura competencial del Estado lo que ignoran políticos, periodistas y policías.
Con el intento de golpe de Estado en Cataluña nació JUSAPOL. Con su discurso contra sindicatos y exigiendo equiparación salarial del guardia de Chiclana con el Mozo de Barcelona arrastró a políticos, medios de comunicación, la mayoría de policías y menos guardias civiles. En las elecciones de 2019 JUPOL (sindicato creado por JUSAPOL -lo que dijeron que nunca serian-) barrió a los sindicatos policiales a los que no sirvió el acuerdo de 810 millones de incremento en tres años suscrito por Zoido y mantenido por Marlaska.
El 1 de julio se reunieron el secretario de Estado, asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales (excepto JUPOL, que no ha firmado el acuerdo) para repartir el tercer tramo (247 millones de euros). Los guardias piden que el 60% vaya a ellos y el 40% a policías. Estos piden el 47% para ellos y el 53% a guardias civiles. Se lo ponen fácil al Ministerio para hacer como Salomón: repartir el 43,5% entre policías y el 56,5% entre guardias civiles. Lo que no resuelven ni ellos ni el Ministerio es la equiparación salarial con los Mozos, usado por todos demagógicamente pensando más en su cartera que en las condiciones de los compañeros destinados en Cataluña. Si dedicaran 50 millones de euros a los 6.000 policías y guardias civiles destinados en Cataluña se les incrementaría el salario en 600 euros mensuales a cada uno. La situación allí lo requiere y sería sindicalmente honrado plantearlo y de gobierno eficaz aceptarlo o imponerlo. Ni el 0.1 % de policías y guardias civiles allí destinados son catalanes.
Ese es una parte del problema. Otro son las 36.000 viviendas gratis de guardias civiles, o el plus que cobran 1.500 policías nacionales por colocarse el escudo de una comunidad autónoma en Andalucía, Valencia o Galicia (500 euros más al mes y en Andalucía con dietas del grupo A). Razonable sería revisar los pluses territoriales por carestía de vida o peligrosidad. Una cosa es evidente: un guardia civil de Chiclana con vivienda gratis y su salario en el nivel de vida de la zona, comparado con un policía o guardia civil sin vivienda en Barcelona supone un agravio salarial mayor que el que existe con los Mozos. No reivindican el mismo salario que policías y guardias en el País Vasco. O en el Congreso, Senado, unidades adscritas… que cobran más. La demagogia es mala compañera de viaje sindical.
La equiparación estaba planteada y aceptada (1.200 millones/euros en cinco años, 2009-2013) por la Oficina Económica de Moncloa, tras haberse cumplido el acuerdo con Zapatero (2005-2008); la crisis económica mundial lo impidió. Mantenía los pluses del País Vasco y Navarra, fuerte incremento a Cataluña que igualaba los anteriores, algo menor a Madrid, Baleares… y menor a zonas donde existe demanda de ciudadanos para ser policías. Zoido y Marlaska, PP y PSOE, han consolidado 810 millones en gasto salarial sin eficiencia, sin rigor y sin resolver el problema salarial estructural de Policía y Guardia Civil.