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Sentencia de los EREs, requiem para un régimen corrupto

Dice el refrán que no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista.

 Desde aquel día en el que los empresarios de La Raza grabaron su conversación con los responsables socialistas de Mercasevilla en la que se les hacía extorsión, han pasado más de diez años. El Caso Mercasevilla dio paso a toda una trama de corrupción institucional en la que se han defraudado, como poco, cerca de ochocientos milones de euros de unos fondos públicos destinados a dar cobertura a los parados andaluces. La complicada trama sostenida y amparada durante una década por la Junta de Andalucía fue puesta a la luz pública gracias al trabajo, el empeño y la constancia de una juez, Mercedes Alaya, a la que la Administración le hizo la vida tan imposible que se vio obligada a dejar su instrucción antes de poder finalizarla. Han pasado diez años y ya hay sentencia. Más vale tarde que nunca. La primera de una serie de causas entrelazadas en la que hay un total de cerca de trecientos implicados entre políticos, sindicalistas, empresarios y gentes de la más diversa condición que se aprovecharon de la falta de controles del dinero público para engordar sus bolsillos. Es un aviso a navegantes. Esto no ha hecho más que empezar.

 

De los 21 imputados en esta causa política de los EREs, diecinueve, todos ellos altos cargos de la Junta y del PSOE, han sido condenados a prisión, inhabilitación o ambas cosas. Dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; seis exconsejeros, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo, y once altos cargos de la Administración andaluza. Sólo dos, han sido absueltos, el interventor general, Manuel Gómez, y el ex jefe del Gabinete Jurídico, Francisco del Rio, La evidencia de que la famosa partida 31L, conocida en los ambientes periodísticos como el “fondo de reptiles”, se empleó para escamotear cientos de millones de euros con la anuencia o el consentimiento tácito de los máximos responsables de la Administración autonómica, deja claro que este tipo de prácticas era algo habitual en un régimen, el socialista en Andalucía, que tras casi cuatro décadas de poder omnímodo, se creía por encima de cualquier control legalmente establecido.

 

Dice el refrán que no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista. Aquí, al sur de Despeñaperros, hemos estado a punto de mandar al traste el adagio, pero finalmente hay que reconocer que a cada cerdo le llega su San Martín y el que la hace la paga. La Secta calificaba el martes la sentencia como “durísima” mientras algunos de sus progres contertulios abogaban por la honradez de Chaves y Griñán, “que pondria la mano el en fuego si les aseguro que no se han llevado ni un euro”. Faltaría más. Hubiese sido el colmo que, encima de defraudar a millones de andaluces, se hubiesen comprado latifundios, cortijos o yates. En esta causa ahora sentenciada, sólo alguno de los condenados ha podido trincar para sus bolsillos. El resto lo ha hecho por imperativo superior. No se ha demostrado que con parte de ese dinero defraudado se haya pòdido financiar el partido, pero sí que, además de la denominada “paz social”, se han comprado voluntades, apoyos y votos con el reparto de fondos ocultos.

 

Muchos afirman ahora que la sentencia de los EREs es dura, excesiva e injusta. Y digo yo que injustas son las sentencias que condenan a un padre de famillia a dos años por robar un pollo para dar de comer a sus hijos, las que condenan a un ciudadano por defenderse en el interior de su casa del asalto de unos delincuentes, las que permiten que unos okupas permanezcan años en una vivienda particular sin posibilidad de desalojarlos, las que permiten que un conductor borracho quede libre tras atropellar mortalmente a un peatón, las que dejan libres a violadores por decir que la víctima no opuso resistencia, las que ni siquiera contemplan o juzgan a los que día tras día atentan contra la convivencia quemando banderas o contenedores, fomentando el odio o cortando carreteras y vias ferroviarias, al considerar que se trata de libertad de expresión. Esas, sí que son sentencias y situaciones injustas y no la de los EREs.

Algo hay de bueno en todo esto. La sentencia ha puesto de manifiesto el requiem, esperemos que definitivo, de un sistema pseudodictatorial que ha gobernado a su antojo Andalucía durante casi cuarenta años. La única pena es que no abunden en todos los Juzgados andaluces las mercedesalaya de turno que sean capaces de levantar las cientos, las miles de alfombras que, como en el caso de los EREs fraudulentos, alimentan al poder en cientos de municipios. Era necesaria una completa catarsis para devolverle la credibilidad a un sistema, la democracia, que se ha ido deteriorando con el tiempo por culpa de unos politicos corruptos y unos partidos que se han estado financiando gracias a las trampas que facilita el poder. Si queremos salvar los muebles de nuestra convivencia, va siendo hora de que apliquemos la sentencia de los EREs a muchas de nuestras actividades diarias. Dice el Talmud que “cuando un ladrón ya no encuentra ocasión de robar, se vuelve un hombre honrado” y añade Henri Lacordaire, “el hombre honrado es el que mide su derecho por su deber”. Ea, pues apliquémonos el cuento.