Confidencial Andaluz

¿Sirve para algo una ‘Comisión de Investigación’ ?

¿Sirve para algo una ‘Comisión de Investigación’ ?
11:03 | 07 de abril, 2017
Jose Manuel Sanchez Fornet

José Manuel Sánchez Fornet*

El pasado día 5 comenzó en el Congreso de los Diputados la comisión de investigación sobre las grabaciones en el despacho del ministro de Interior, Jorge Fernández Diaz, llevadas a cabo los días 2 y 16 de octubre de 2014, difundidas el 21 de junio de 2016 pocos días antes de la campaña electoral del 26J.

En un país como España, crear una Comisión de investigación no deja de ser un brindis al sol, un paripé, una impostura, porque si en la vida política diaria se puede mentir y retorcer la realidad de los hechos hasta extremos enfermizos y nadie dimite, y para cualquier asunto se busca una explicación por rocambolesca e inverosímil que sea, no cabe pensar que en esa cultura política heredada de la dictadura al llegar a una comisión de investigación iban a cambiar los patrones de conducta. Si lo habitual es la mentira en la acción política, mucho más en una Comisión que pretende dilucidar responsabilidades de los comparecientes. Por eso, tras el primer día de comparecencias del ministro de Interior y su interlocutor en las conversaciones grabadas, el magistrado Daniel de Alfonso, entonces responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, no hay ni una coma de luz que arrojar al motivo de la investigación: Quien y con qué fin llevó a cabo las grabaciones, quien las custodiaba y quien es responsable de su pérdida/sustracción/filtración.

 

Tras el primer día de comparecencias del ministro de Interior y su interlocutor en las conversaciones grabadas, el magistrado Daniel de Alfonso, entonces responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, no hay ni una coma de luz que arrojar al motivo de la investigación.

 

Parece que PP y PSOE, siguiendo la senda que llevó al PP al Gobierno con la abstención socialista, están de acuerdo en esta comisión en no llamar a declarar a policías que pudieran estar afectados por este caso, como pueden ser el director adjunto Operativo, Eugenio Pino; su jefe de Gabinete, José Ángel Fuentes Gago; el secretario del mismo, Bonifacio Sánchez Sevillano; los comisarios ya jubilados José Manuel Villarejo Pérez y Marcelino Martín-Blas Aranda; los comisarios José Luis Olivera, hoy jefe del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, Manuel Vázquez López, hoy jefe superior de Policía de Galicia y hasta hace un año jefe de UDEF (sí, el que remitió el informe PISA a juzgados y al Tribunal de Cuentas), Nuria Mazo, la comisaria jefe de la BARC (Brigada de Análisis y Revisión de Casos), y cuantos otros funcionarios puedan aportar transparencia a este asunto. (Doy por hecho que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y otros responsables políticos acudirán a la comisión).

Podrían citarme a mí también, puesto que fui citado con nombres y apellidos por el ministro del Interior y por Gabriel Rufián, de ERC, al hilo del “informe UDEF” que entregamos el 23 de noviembre de 2012 en rueda de prensa, para denunciar el trato de favor policial que recibía la familia Pujol y otros políticos nacionalistas transmutados en independentistas; el ministro volvió a hacer que me sintiera aludido al referirse a la denuncia del SUP sobre el ático de Marbella, que presenté yo en nombre de la organización sindical citada, que retiró la denuncia al poco de dejar yo la secretaría general.

 

Doy por hecho que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y otros responsables políticos acudirán a la comisión.

 

Dudo mucho que sirviera para nada que me llamaran pero por si acaso, ya les adelanto lo que sé de ambos casos. Desde casi dos años antes de la difusión en rueda de prensa del informe UDEF, algunos miembros de la misma se dirigieron al sindicato pidiendo reunirse discretamente conmigo fuera de la sede sindical (hay registro de entrada) para tratar un delicado asunto. Antes habían hablado ya con un dirigente de otra organización que les señaló que podían confiar en mí para mantener su anonimato. Hubo varias reuniones; entre la primera y la última varios miembros de UDEF, entre ellos los dos principales interlocutores, habían pedido otros destinos porque, decían, es muy decepcionante que te corrijan diligencias restando importancia a asuntos graves o anulando la referencia de un caso que lo enlazaba con otro, estando ambos o al menos uno de ellos en trámite judicial.

El recurso al sindicato de esos policías fue para buscar la forma de denunciar y superar el escudo policial de protección que impedía relacionar distintos casos de corrupción en Cataluña que se tramitaban por separado, cuando según ellos debían formar parte de una misma causa para entender su extensión y profundidad. Parecía además que había discrepancias en el Gobierno sobre cómo abordar la situación política a la vez que la investigación  de los casos de corrupción, porque después de tantos años de permitir la impunidad para que el partido político de Pujol no se radicalizara, ahora las dudas eran si en ese momento de tensión no se interpretaría mal y sería contraproducente actuar contra ellos como contra cualquier otro político o empresario corrupto. Dudas que no surgen en Madrid al investigar Púnica, en Alicante con Brugal, o en cualquier otro territorio con algunos de los miles de casos de corrupción investigados.

Recuérdese que los comisarios Martín-Blas y Oliveras estuvieron intentando convencer a unos fiscales para que dispusieran el registro de las sedes del partido de Pujol, registros que se ordenaron cuatro años después, y que el director general de la Policía negaba públicamente al día siguiente de la noticia que tal reunión se hubiese producido, aunque después no le quedó más remedio que reconocerlo.

 

Podrían citarme a mí también, puesto que fui citado con nombres y apellidos por el ministro del Interior y por Gabriel Rufián, de ERC, al hilo del “informe UDEF” que entregamos el 23 de noviembre de 2012 en rueda de prensa.

 

Aunque el informe nos llegó de una forma rocambolesca y tras unos meses de silencio, el contenido era lo que me habían contado meses antes y estaba referenciado en diligencias judiciales abiertas y en tramitación. Nos dijeron que el secretario de Estado de entonces pidió a un mando que valorara si procedía mi detención si revelaba algún dato protegido bajo secreto sumarial, pero decidimos mantener la rueda de prensa y la entrega del documento, que se había remitido al juzgado antes de ser entregado a los periodistas (un compendio de asuntos que se estaban tramitando por separado cuando era precisa una visión de conjunto para conocer la magnitud del robo, en un informe hecho con prisas y precauciones, con evidentes fallos supongo que para impedir verse delatados por el mismo).

El jefe UDEF, Vázquez López, negó que dicho documento hubiera salido de allí; no ha sido tan prudente con el infame informe PISA, que no ha tenido empacho en remitir a juzgados, fiscalías y Tribunal de Cuentas. Se abrió investigación sobre dicho documento pero Asuntos Internos no me llamó a declarar (sí me enviaron un comisario al que conocía para sondearme), y abrieron un expediente disciplinario que cerraron con sanción de 45 días para satisfacer al peor director general que ha conocido la Policía, Ignacio Cosidó. Siempre tuve claro que ese y otros tres expedientes posteriores, y al menos dos querellas de mandos policiales, tenían que ver con la petición de Cosidó de que retiráramos la denuncia del ático de Marbella y mi negativa a hacerlo.  Cosidó organizó una comida para ello e invitó a un cargo anterior del PP en Interior con el que sabía que mantuve buena relación, quien tuvo una actitud de no injerencia en el asunto.

La denuncia del ático de Marbella se llevó a cabo por las manifestaciones del ministro Fernández Díaz en el Senado, tachando de ilegal la investigación y amenazando con expedientes a los policías. De los muchos casos que denuncié en mis más de 20 años como secretario general del SUP, el asunto por el que he recibido más presiones ha sido este. No presiones de amenazas mafiosas, que esas las habría denunciado, sino de esas que te dicen que si te dedicas al sindicato y no a hacer política nos irá mejor a todos, a lo que respondía que no era política sino corrupción, y que un sindicato de policías sometidos a los principios básicos de actuación tenía la obligación legal y moral de denunciar aquellos asuntos de los que tengamos conocimiento que puedan ser ilegales.

 

La denuncia del ático de Marbella se llevó a cabo por las manifestaciones del ministro Fernández Díaz en el Senado, tachando de ilegal la investigación y amenazando con expedientes a los policías.

 

En esta ciénaga en la que se entremezclan intereses políticos, personales, profesionales y muy pocos que afecten al interés general, pretender que unos políticos vayan a una comisión a decir la verdad rompiendo la cotidianeidad, las costumbres, entre ellas la de dar vivienda con obras y gastos pagados al director general de Tráfico como si fuera un derecho de transmisión monárquica, es ser unos ilusos. Estamos ante una ópera bufa desde que Franco era cabo, un teatro organizado que mantiene a los políticos en sus mamandurrias, en sus discursos y sus horas de medios de comunicación, viviendo en su realidad mientras la gente recibe un trato injusto y malvive entre estrecheces.  El sistema corrupto de la Casta privilegiada no solo no ha sufrido ningún desgaste, ni un arañazo tras los años de crisis económica y el 15M, sino que está más sano que nunca. Les deseamos ¡mucha mierda! a todos los políticos, como a cualquier actor que sale a realizar su trabajo en una representación teatral.

 

*José Manuel Sánchez Fornet es  Policia y ex Secretario General del SUP. Portavoz del Observatorio contra la Corrupción.

@sanchezfornet

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