Confieso que soy de los —no sé si pocos o muchos— que creímos al ministro de industria, energía y turismo en funciones, José Manuel Soria, cuando, el pasado lunes 11, compareció en rueda de prensa para desmentir a El Confidencial y La Sexta. Ambos medios habían desvelado que, en los llamados “papeles de Panamá”, aquél figuraba como administrador de una compañía offshore disuelta en 1995. Era tanta la firmeza con la que habló en ese momento, que parecería que se habría cometido un error mayúsculo, bien en los “papeles” o bien en su interpretación mediática.
Después el tema fue liándose con la aparición de nuevos datos y distintos documentos, que obligaron al señor Soria a sucesivas modificaciones —siempre a remolque de las noticias— de sus también sucesivas versiones de los hechos. La falta de credibilidad de su relato para la opinión publicada, la necesidad de tanta comparecencia mediática y la frecuente recurrencia al “no sabía que…”, o “no me acuerdo de…”, me hicieron pensar que la cosa no estaba tan clara como el señor Soria venía diciendo. Porque, por negar, incluso había negado que “tuviera o hubiera tenido algún tipo de relación con compañías, empresas, entidades o fundaciones radicadas ni en Panamá, ni en Bahamas ni en ningún otro paraíso fiscal». Se pasó de frenada. Inmediatamente se desveló que hasta 2002, cuando ya era alcalde de Las Palmas, había utilizado para sus negocios una sociedad offshore, nada menos que en Jersey que, según los más avezados evasores de impuestos y blanqueadores de capitales, parece ser el “sursum corda” de los paraísos fiscales. Fue la puntilla. Tuvo que renunciar a su condición de ministro en funciones y, de paso, a su acta de diputado y la presidencia del PP canario.
El señor Soria, tanto en un comunicado del vienes por la mañana como en entrevista tertuliana en 13TV en la noche del mismo día, atribuía su decisión de renunciar y dimitir a meros “errores de comunicación”. En la última dejó una enorme perla:”prácticamente todo el gobierno me ha llamado para expresarme su solidaridad y su apoyo” (sic). Lo acabó de arreglar: dejó traslucir el lío creado en el seno del Gobierno confirmado por el apoyo público recibido de algunos compañeros de gabinete como, por ejemplo, los ministros (en funciones) de economía, de justicia y del interior. Todo esto abre la puerta a varias preguntas como, por ejemplo, ¿ese apoyo y solidaridad fue o no por las falsas informaciones aportadas? ¿o fue por no decir verdad? ¿sería, tal vez, por operar en paraísos fiscales? Vaya, de carcajada supina. El único serio en todo este vodevil ha resultado ser —quién lo hubiera dicho— el ministro de hacienda en funciones, señor Montoro. Éste, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del viernes, acompañando a la vicepresidenta y portavoz del gobierno, afirmó valientemente: “nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno». Esa y no otra es la madre del cordero.
Pobre argumento en boca de un ministro, para que pueda blindarle frente a la opinión pública. Porque pone sobre la mesa la dicotomía entre lo legal y lo lícito en la actuación de alguien que no solo está sometido a la ley, sino también a las responsabilidades políticas.
Hurgando en la herida, hoy, este domingo 17, el diario El Mundo publica una entrevista con el señor Soria. En ella éste viene a reafirmarse en lo dicho en el comunicado y la entrevista televisada anteriormente mencionados. Supongo que en previsión de que se desvelen más asuntos “extraños”, don José Manuel se atrinchera en que “no ha hecho nada ilegal”. Pobre argumento en boca de un ministro, para que pueda blindarle frente a la opinión pública. Porque pone sobre la mesa la dicotomía entre lo legal y lo lícito en la actuación de alguien que no solo está sometido a la ley, sino también a las responsabilidades políticas. Aunque siempre habrá —no hay mayor ciego que el que no quiere ver— quien piense que lo legal es lo único válido, y que eso de lo lícito es algo más folklórico.
Según el diccionario de la RAE, lo legal es lo que está prescrito por ley y es conforme a ella. Lo lícito, de acuerdo con el mismo texto, es lo que obedece a justicia y razón o, si se quiere, lo que es de la calidad debida. Para expresarlo en términos más prácticos me viene a la memoria Calígula. Su voluntad, al ser emperador y además dios, era ley romana. Por eso, cuando nombró senador a su caballo, Incitatus, tal ocurrencia fue legal. Pero —me temo— no fue muy lícita. Claro que, apurando el argumento, algún socarrón pudiera decir que, habida cuenta que el caballo era nacido en Hispania, así como se trataba también de un senado muy inoperante, el nombramiento fue asimismo lícito, ya que el senador Incitatus no desentonaría mucho en tal cámara.
Pero la cosa no queda (o no debería quedar) aquí a pesar del interés partidario en dar carpetazo al asunto. Al margen de la potencial aparición de otros hipotéticos documentos que fueran relevantes al caso, el tema de fondo es el de las responsabilidades políticas. Y no me refiero solo a las del señor Soria quien, con su renuncia y dimisiones, ha cumplido. La cuestión ahora es la responsabilidad subsidiaria del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que fue quien hizo ministro a aquél, sin conocer (o a pesar de) los antecedentes de don José Manuel. ¿Pero es que no se investigan los antecedentes de una persona antes de nombrarla ministro? Las responsabilidades “in eligendo” e “in vigilando”, consecuentes a una decisión personal tan importante como es el nombramiento de los ministros, es la que don Mariano, en mi opinión, debería sustanciar frente al parlamento. Igualmente debería explicarse sobre el alcance del deterioro que el caso Soria ha provocado en el seno del consejo de ministros. Claro que previsiblemente dirá que como está en funciones…
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