Se ha montado estos días su mijita de escandalera al conocerse que la alcaldesa de Barcelona habría pasado, para su aprobación en el pleno – de puntillas, dicen-, un decreto por el que complementaba los sueldos a varios gerentes de empresas públicas de su consistorio, llegando así a superar alguno al de la propia alcaldesa. Ante las críticas recibidas, su teniente de alcalde lo ha justificado diciendo, entre otras cosas, que tenían que pagarles más porque necesitan contar con los mejores y éstos… pues valen lo que valen. De ser así, lo comparto.
Alrededor de los sueldos públicos hay mucha demagogia, escasos criterios y demasiados mangantes. A nuestros políticos, del color que sean, se les llena la boca en una especie de campeonato del a-ver-quien-dice-que-cobra-menos, sabiendo que semejante alarde demagógico será bien recibido y jaleado por el ciudadano de a pié harto de ver en algunos cargos a tanto caradura de medio pelo, dudoso curriculum y escasa preparación, “agarrapatados” en las empresas públicas al rebufo de los servicios pagados por el partido de turno. Al menos – pensará- para lo que hacen, que cobren menos.
Gestionar con el respeto que merece lo público, implica contar con los mejores profesionales, seleccionarlos con criterios igualmente profesionales, pagarles adecuadamente, dejarles trabajar con libertad y exigirles el cumplimiento de objetivos y resultados.
Lo que este ciudadano no ve (o no quieren que vean) es que semejante dislate solo lleva al pseudotriunfo de los mediocres y a que la mala gestión se haga aún más crónica si cabe. Ningún profesional que se precie, con formación y preparación acreditada, experiencia y resultados cotejables, va a aceptar ninguna oferta para irse a trabajar al sector público cobrando muy por debajo de lo que le están pagando en el privado, salvo que tenga una posición económica que le permita dedicar un tiempo de su vida al servicio público (mirlos blancos de éstos hay poquísimos, pero haylos); le pueda más la comodidad de no moverse de su casa aún ganando menos (suelen ser los de mayor edad y con recorrido ya hecho) o bien lo vea como una forma de empezar una carrera política y consiga que su partido le complemente el sueldo generosamente por otras vías. Es lo que hay. Cualquier otra justificación no se la cree nadie, si hablamos de profesionales de nivel.
La diferencia entre sueldos y responsabilidades en las empresas públicas es de juzgado de guardia y daría para una buena colección de artículos. Tan solo apunto: en esta onda de transparencia en la que andamos ¿por qué no se conocen las nóminas de todos los trabajadores y no sólo las de sus gerentes y directores generales? Así podríamos juzgar esas diferencias que llevan, precisamente, a que muchas terminen dirigidas por directivos que lo son solo de nombre. Conozco a unos cuantos – y a unas cuantas – que llevan brujuleando por cargos y carguillos públicos un montón de años y a quienes, ni de broma, contratarían en ninguna empresa privada, por incompetentes e incapaces. Y también a otros, los menos, que han terminado tirando la toalla hartos de ver en su misma empresa a otros cobrando más con mucha menos responsabilidad.
Por todo lo anterior sé de profesionales independientes y solventes a quienes han ofrecido dirigir empresas e instituciones públicas y que, tras agradecerlo muy educadamente, declinaron hacerlo (entre usted y yo: aún se están riendo de lo que le dijeron que cobrarían… y de quién sería su jefe)
Gestionar con el respeto que merece lo público, implica contar con los mejores profesionales, seleccionarlos con criterios igualmente profesionales, pagarles adecuadamente, dejarles trabajar con libertad y exigirles el cumplimiento de objetivos y resultados. Y si no cumplen, puerta. No hay otra. Eso sí, hay que tener muchos co…llares para hacerlo y me temo que faltan, al menos por estos lares.