En los últimos días se han producido acontecimientos en las fuerzas de seguridad del Estado, en el ámbito sindical, que alumbran un cambio de panorama a medio plazo, en las elecciones al Consejo de Policía que se celebrarán en junio del próximo año.
El nacimiento de Jusapol el pasado año, asociando a miembros de Policía y Guardia Civil pero que no es representativa y no puede participar en la negociación de sus condiciones de trabajo, ha sido uno de los factores que va a contribuir a revolucionar el panorama sindical. Su demanda de equiparación salarial como único objetivo reivindicativo arrastró a una amplia mayoría de miembros de ambos Cuerpos, y el intento de golpe de Estado en Cataluña y el comportamiento de los Mossos han hecho el resto. Los partidos políticos, medios de comunicación, y la sociedad han apoyado esa demanda, sostenida con las más grandes manifestaciones de policías y guardias civiles que se han conocido.
Llegado el momento de negociar, que no ha sido tal negociación sino unas reuniones informativas entre el secretario de Estado de Seguridad y las organizaciones representativas de Policía y Guardia Civil excluyendo de las mismas a Jusapol, el desenlace ha sido una propuesta del secretario de Estado de 807 millones de euros en tres años, al que, interesadamente, se suma los más de 300 millones de euros que supondría para el total de efectivos el 8% de incremento en tres años, fruto de la negociación de Montoro en la Mesa de la Función Pública (que no tiene nada que ver con este acuerdo, se estaba negociando antes y llegará o no con independencia de lo que ocurra en las “negociaciones” en Interior).
El caso es que con una oferta de 807 millones de los que a la Policía corresponden unos 370, los sindicatos deciden aceptar, el ambiente laboral se crispa hasta extremos que amenazan la normal prestación del servicio y los sindicatos anuncian una consulta a sus afiliados.
Ante esta propuesta, los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles que habían escrito circular conjunta diciendo que no menos de 1.500 millones de euros en tres años (lo que pedía Jusapol) deciden que es aceptable esa cuantía. En mi opinión, la equiparación que piden unos y otros, incluyendo la jubilación, horas extras, servicios extraordinarios, segunda actividad, noches y festivos, supondría en torno a 2.000 millones de euros, pero la cuestión ahora no es tanto de cantidad sino de procedimiento.
El caso es que con una oferta de 807 millones de los que a la Policía corresponden unos 370, los sindicatos deciden aceptar, el ambiente laboral se crispa hasta extremos que amenazan la normal prestación del servicio y los sindicatos anuncian una consulta a sus afiliados, como habían comprometido, que en principio comenzaría el fin de semana del 2 al 4 de marzo y finalmente se decidió que lo hiciera el lunes 5 hasta el miércoles 7. Los sindicatos dicen haber contratado una empresa de prestigio internacional pero la información en las redes, su ubicación, vecina de la sede policial en Dehesa de la Villa, y la imagen exterior de la sede no señalan en esa dirección.
Esto no es legal aplicando los Estatutos, y transmite una sensación de poca seriedad, de paripé, de teatro para adornar una decisión previamente adoptada.
El sistema de votación es sí o no, tras haber recibido todos los afiliados de sindicatos y asociaciones una clave por email, remitido desde la empresa privada que gestionará la votación y a la que las organizaciones han entregado sus bases de datos de correos electrónicos de socios, extremo que algunos cuestionan porque no han dado permiso para facilitar sus datos a una empresa privada. El recuento de votos a favor y en contra no va separado por sindicatos y asociaciones. Se puede dar el caso de que los socios de una organización decidan mayoritariamente una cosa y que la mayoría de los socios de otras organizaciones decidan la contraria, resultando que la decisión de esos socios ajenos se impone en la organización cuyos socios hayan votado distinto. Esto no es legal aplicando los Estatutos, y transmite una sensación de poca seriedad, de paripé, de teatro para adornar una decisión previamente adoptada. Los Estatutos de todas las organizaciones recogen la capacidad de sus órganos de dirección para tomar decisiones en nombre del colectivo, y en todo caso, si se hacen consultas que sean vinculantes porque así se decida, las mismas podrán ser entre sus socios y nunca entre personas ajenas a la organización. Todos los sindicatos y asociaciones han obviado esta cuestión elemental.
El problema comienza cuando miles de policías y guardias civiles deciden votar desde la mañana del día cinco y se bloquea la web de votación. Por la noche, y posiblemente con algunos miles de votos emitidos y conociendo cómo va el resultado, los sindicatos deciden suspender la votación porque muchos miles de afiliados no habían podido hacerlo. Dicen que se votará de nuevo y denuncian que han sido víctimas de hackeo del servidor con un intento masivo de conexión, señalando que han recibido un email de Anonymus anunciando tal boicot. Dudo que eso sea así y espero que presenten ese email y formulen la denuncia oportuna, y creo más que contrataron con una empresa que no tenía capacidad tecnológica suficiente para el volumen de votantes que debía gestionar. Sorpresivamente, el día seis a mediodía anuncian rueda de prensa y dicen que han decidido no repetir la votación culpando al supuesto ataque telemático exterior, que no pueden garantizar la seguridad del proceso (dicho por sindicatos de policía y guardias civiles es para echarse a temblar), y que por unanimidad de todas las organizaciones aceptarán la propuesta de Interior de 807 millones en 3 años. Una cantidad importante como mejora salarial, pero muy alejada de lo que se pedía por Jusapol y los sindicatos, que han reiterado por escrito que por menos de 1.500 millones de euros en tres años no firmarían. De los cinco sindicatos policiales representativos se ha descolgado ASP, el último en llegar.
Jusapol ha emitido un comunicado el día siete señalando que si el día ocho se firma el acuerdo entre sindicatos/asociaciones de policías y guardias civiles con el Ministerio del Interior creará un sindicato en Policía y una asociación en Guardia Civil.
He presenciado climas de enfrentamiento en el colectivo muy duros en mis años de actividad sindical, asambleas “a cara de perro”, pero nunca una agresividad como la actual. La tarde noche del día seis hubo insultos y amenazas por las redes y en las webs de los sindicatos y asociaciones a sus dirigentes que si quienes las profieren son policías o guardias civiles tenemos un grave problema de salud mental en ambos colectivos. Es evidente que la decisión de anular la votación tras un día en el que muchos, no se sabe cuántos, habían podido votar y otros muchos no, y la de aceptar una cuantía muy inferior a la que habían comprometido que era imprescindible para firmar pasará una intensa factura a los sindicatos. Hay llamamientos masivos a causar bajas en los mismos.
Jusapol ha emitido un comunicado el día siete señalando que si el día ocho se firma el acuerdo entre sindicatos/asociaciones de policías y guardias civiles con el Ministerio del Interior creará un sindicato en Policía y una asociación en Guardia Civil para defender desde dentro y con capacidad jurídica de negociar lo que han venido defendiendo hasta ahora. Y si el clima actual se mantiene cabe suponer que ambas organizaciones tendrán un peso importante en el modelo sindical y asociativo futuro de ambos Cuerpos. En la Guardia Civil las elecciones son dentro de tres años, pero en la Policía son en junio del próximo año, y puede producirse un cambio radical del panorama sindical que permanece inamovible, con pequeñas modificaciones, desde que se creó el Consejo en 1987.
En los sindicatos policiales están pasando cosas que deberían llevar a Interior a plantear una nueva normativa, a controlar sus cuentas y las de sus dirigentes dado que reciben subvención anual de los PGE (como ya pedí en nombre del SUP hace unos años sin que ninguna otra organización lo apoyara salvo SIPE) y hasta podría hacerlo con efecto retroactivo empezando si quieren por mí, que he sido 20 años secretario general del sindicato mayoritario, porque no hay transparencia en las cuentas y hay muchas dudas sobre la gestión que se realiza. En la Guardia Civil la situación es distinta, si bien no ha pasado desapercibido que han estado apoyando a Jusapol sin rechistar en todas sus movilizaciones hasta que pasaron sus elecciones al Consejo, y después han comenzado a distanciarse.
En los sindicatos policiales están pasando cosas que deberían llevar a Interior a plantear una nueva normativa, a controlar sus cuentas y las de sus dirigentes dado que reciben subvención anual de los PGE.
La decisión de Interior de mejorar el salario en las condiciones que lo hace secundada por los sindicatos y asociaciones no va a suponer, en tres años, recortar la diferencia salarial con los Mossos. Además, puede provocar más agravios entre miembros de los Cuerpos de Seguridad, por ejemplo, entre aquellos destinados en pueblos con un nivel de vida bajo donde un salario de 2.000€ y una vivienda gratis los convierte en los mejor pagados de la zona (guardias civiles), mientras otros en grandes ciudades como Madrid, Palma, Barcelona… donde un alquiler puede costar 1.000€ estarán más discriminados respecto a sus propios compañeros que lo están hoy sobre los Mossos. Con esos 807 millones era posible graduar la subida de tal forma que el del pueblo con una carestía de vida a años luz de las grandes ciudades tuviera un incremento menor, y el que está en esas zonas de alta carestía de vida, un incremento mayor. Este era, en mi opinión, el papel que tenían que desarrollar los sindicatos si deciden aceptar una cantidad insuficiente para alcanzar la equiparación salarial por la que han dicho negociar, pero aceptar sin más el reparto de Interior hace un flaco favor a los miembros de las fuerzas de seguridad que más lo necesitan. De lo que conozco del SUP, donde he estado 34 años afiliado, 28 como vocal del Consejo y más de 20 como secretario general, hoy es lo contrario de lo que fue durante todos esos años y precisa disolverse y refundarse en los planteamientos que lo hicieron ser un referente en la Policía y la sociedad.