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Suicidios, un grave problema sin atención

Hace dos días se produjo el último suicidio de un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Un policía nacional, joven, en su domicilio en Sevilla tras haber estado de servicio esa mañana, estando destinado en la Unidad adscrita a la Junta de Andalucía. Desde hace años se viene denunciando por sindicatos y asociaciones, y personas que los apoyan en esa demanda, llamando la atención sobre el elevado número de suicidios que se producen en ambos Cuerpos.  Este problema no se analiza ni en España ni en las fuerzas de seguridad con perspectiva y rigor ni se adoptan medidas para combatirlo.

Se precisa un estudio profundo sobre los suicidios pero no solo en las fuerzas de seguridad, en el conjunto del país, según denuncian numerosos expertos, algunos de cuyos datos voy a exponer seguidamente para que conozcamos la magnitud del problema que ni mucho menos se reduce a los miembros de las fuerzas de seguridad. Cierto que en las fuerzas de seguridad hay que extremar el rigor en el criterio de selección, porque desde hace 25 años se optó por un perfil de agente muy obediente, sumiso al mando, con poco carácter, no excesivamente formado, a fin de establecer un sistema de funcionamiento muy militarizado. En Policía y Guardia Civil ha habido promociones masivas donde se ha rebajado la nota hasta el uno, al límite del raciocinio normal, y esos polvos pueden tener que ver con estos lodos. Sea por ello u otras causas desconocidas, en determinados supuestos de dificultades personales disponer de un arma puede señalar el camino del suicidio si no estás capacitados para afrontar según qué problemas.

 

Se lleva mucho tiempo denunciando que hay una mayor tasa de suicidios en la Guardia Civil que en la Policía y hay quien dice que tiene que ver con su carácter militar. No es cierto. El dato objetivo es que al haber 20.000 guardias más que policías el número de suicidios total es superior, pero en tasa por mil miembros el resultado es  prácticamente el mismo.

 

Hay más factores que son difíciles de controlar en suicidios de personal civil que no dispone de arma corta, que parece no se tienen en cuenta para hacer una comparación entre estos y los miembros de las fuerzas de seguridad.

 

 

Y no es cierto que dicho índice sea superior al que se da entre la ciudadanía porque hay que tener en cuenta distintos factores que afectan a unos y otros. En los años de crisis las estadísticas de suicidios no han sido nada rigurosas. De hecho, señalan un incremento notable a partir de 2008 para después ir diluyéndose a pesar de mantenerse las altas tasas de paro y pobreza. Salvo algún caso de suicidio ante las cámaras de televisión arrojándose desde su vivienda en altura, prácticamente los suicidios no han sido noticia. El argumento para pedir a los medios que se silencien es el mismo que se usa para justificar que no se difundan los suicidios de miembros de las fuerzas de seguridad: evitar el efecto llamada. El mismo argumento que se intentó que se asumiera por los medios de comunicación en el caso de crímenes por violencia de género pero ahí enseguida se desistió porque, primero, no está acreditado que exista tal efecto, que la difusión impulse a potenciales criminales a cometer su crimen, y segundo, que quienes entienden que sí se produce ese efecto llamada han sido silenciados y nadie se atreve hoy a defender eso contracorriente de la opinión pública y publicada.

 

Hay más factores que son difíciles de controlar en suicidios de personal civil que no dispone de arma corta, que parece no se tienen en cuenta para hacer una comparación entre estos y los miembros de las fuerzas de seguridad. La gente se suicida arrojándose al vacío, ahorcándose, en accidente de tráfico, por caídas o por ingesta de medicamentos o veneno, y muchos de esos casos quedan como accidentes y no son computados con rigor. No conozco de ningún miembro de las fuerzas de seguridad que haya usado medio distinto para el suicidio que el arma de fuego. Sería interesante saber cuántos de los dos millones de cazadores o personas con licencia de arma larga utilizan la misma para suicidarse, pero con datos no oficiales mi impresión es que entre ellos el porcentaje es inferior al que se da en las fuerzas de seguridad. Y eso nos devuelve a que, uno, tener arma a mano es un elemento desencadenante del suicido en personas que se planteen esa posibilidad, y dos, existe algún rasgo en el perfil psicológico que se elige para formar parte de estos cuerpos que hace que provoque una elevada tasa de suicidios cuando en teoría debería ser al revés. Decía un sindicato recientemente que el suicidio es la primera tasa de mortalidad en las fuerzas de seguridad, cierto, y muy superior a la que se da entre los civiles, falso, porque muchos casos de civiles no se computan. Es irresponsable hablar de estas cosas de oídas, sin estudiar el problema y sin rigor o analizándolo como si fuera solo un problema de las fuerzas de seguridad.

 

Prueba de la absoluta falta de rigor en el control estadístico de los suicidios es el estudio de la Universidad de Cantabria firmado por las investigadoras Maite y Ana Santurtún y María Teresa Zabarreitia, que han analizado 42.905 muertes por suicidio registradas entre 2000 y 2012 en las 50 provincias españolas (excluidas las ciudades de Ceuta y Melilla) y cuyas conclusiones dejan en evidencia la carencia de un registro riguroso y de una estrategia de Salud Mental respecto a este problema, estudio publicado en la Revista de Psiquiatría y Salud Mental en junio del pasado año.

 

Entre 2012 y 2013, el número de suicidios aumentó un 250% en la Comunidad de Madrid por el cambio en la metodología del registro.

 

 

El psicólogo clínico Javier Jiménez, presidente de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio (AIPIS) decía en el diario EL PAIS en junio pasado que “ignoramos la envergadura del problema en España”. Según datos oficiales del INE referidos al año 2015 en España se registraron 3.602 suicidios, 2.680 hombres y 922 mujeres. Con mucha diferencia, la principal causa de muerte no natural.

 

Subraya este experto en la misma información el ejemplo de Madrid. Entre 2012 y 2013, el número de suicidios aumentó un 250% en la Comunidad de Madrid por el cambio en la metodología del registro. “Cogiendo bien los datos de los Institutos de Medicina Legal en toda España, quizá se registrarían 1.000 suicidios más cada año”, mantiene como hipótesis. Históricamente, los mapas de suicidios han mostrado puntos negros en Asturias, Galicia y Málaga, mientras que la Comunidad de Madrid aparecía como un oasis con una baja tasa de suicidios. La realidad es que el Instituto Nacional de Estadística no tuvo acceso a los datos del Instituto Anatómico Forense de Madrid hasta 2013, como reconocen las propias autoras del nuevo estudio. El número de suicidios que constan en el INE no coinciden, por mucho, con el que facilitan los Institutos de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal de Sevilla realizó un Estudio en 16 provincias y encontró 563 suicidios sin registrar solo en el año 2007.

 

El presidente de la AIPIS recuerda que muchos fallecimientos por las llamadas “causas externas” podrían esconder un suicidio. En 2015 hubo 2.783 defunciones por caídas, 2.672 ahogamientos letales, 1.880 fallecimientos en accidentes de tráfico y 679 envenenamientos con psicofármacos y drogas de abuso. Todos ellos fueron casos “accidentales”, según el Instituto Nacional de Estadística. Jiménez lo duda. “Se calcula que menos del 20% de las personas que se suicidan deja notas de despedida. Y ni siquiera aparecen todas las notas”, explica Jiménez. Su asociación trabaja con un grupo de 25 familias de personas que se quitaron la vida. “La hija de una de las familias se suicidó y dejó nota, pero incluso así quedó registrada como muerte por precipitación accidental. En otra familia, una madre se suicidó con una sobreingesta de medicamentos, pero también consta oficialmente como accidental. Y no son excepciones”, recalca.

 

Un estudio del equipo de la epidemióloga Mercé Gotsens, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, contrastó con fuentes forenses el dato de los suicidios entre 2004 y 2006 con el Registro de Mortalidad del INE, dejando en evidencia la falta de validez de los mismos comparados con los del Instituto de Medicina Legal de Cataluña. “Solo el 40% de las defunciones que realmente eran suicidios se codificaron como tales en el Registro de Mortalidad”, detalla Gotsens. Otros expertos consultados coinciden en la falta de investigación de fallecimientos dudosos, como los causados por una caída aparentemente accidental. “A menudo, los certificados de defunción no registran los suicidios, por el estigma social o por la creencia de que no se va a cobrar un seguro de vida”, apunta Juan Antonio Córdoba, técnico de epidemiología de la Junta de Andalucía.

 

En Andalucía, en las zonas de mayor altitud se detectan desde hace décadas tasas de suicidio muy superiores a la media española.

 

 

Los mapas del suicidio en España muestran máximos en Málaga, Asturias y Galicia. Juan Antonio Córdoba y otros investigadores estudian desde 2002 un conjunto de siete millones de ciudadanos de Andalucía, para intentar detectar las causas de estas desigualdades geográficas. “Nuestros datos preliminares sugieren que se suicidan más los pobres, con un nivel educativo más bajo. La tasa de suicidios entre los analfabetos es aproximadamente el doble que la de los universitarios”, apunta con cautela. Sin embargo, enfatiza, “es muy complicado asociar crisis económica y suicidios”.

 

El suicidio tiene unas diferencias geográficas y culturales brutales”, sentencia Alameda, del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. En Andalucía, en las zonas de mayor altitud se detectan desde hace décadas tasas de suicidio muy superiores a la media española. Las explicaciones que se barajan son variopintas, desde la falta de oxígeno a la pobreza de los pueblos de montaña. La hipótesis más sorprendente es la concentración de litio en el agua potable, que disminuye con la altura. Varios estudios en Japón y Austria sugieren que el litio en el agua estabiliza el ánimo de los enfermos mentales y reduce el número de suicidios.

 

El nuevo estudio de las investigadoras de la Universidad de Cantabria muestra una tasa media anual de 95 suicidios por cada millón de habitantes en España. Es una cifra baja, comparada con la tasa media mundial de 114 suicidios por cada millón de personas. Para el presidente de AIPIS, no hay motivo para sacar pecho. “A la Comunidad de Madrid se le llenaba la boca diciendo que su tasa de suicidios era de las más bajas del país. Ahora le ocurre a España, pero no sabemos los datos reales”, opina.

 

Y es noticia el 2 de febrero de 2018 que hoy mismo comienza a funcionar un teléfono para combatir esta lacra atendido por psicólogos y psiquiatras desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, que a partir de marzo estará disponible las 24 horas.

 

 

Jiménez hace un llamamiento a las autoridades para que asuman la gravedad del problema. La OMS insiste en que los suicidios se pueden prevenir, actuando sobre factores de riesgo como el maltrato, el abuso del alcohol y los problemas de salud mental. Las personas en situación de riesgo suicida se pueden detectar a tiempo de recibir una atención especializada, como se está intentado hacer en Cataluña. “En España no hay programas de prevención en el ámbito nacional. Los que hay son pilotos y muy limitados en personal y recursos”, lamenta Jiménez.

 

Estos datos y las negativas connotaciones que lleva aparejado el suicidio son algunos de los aspectos sobre los que trabajar. Así lo consideran los diputados de todos los partidos parlamentarios de la comisión de Sanidad que el 14 de noviembre del pasado año, aprobaron por unanimidad una proposición para instar al Gobierno a que en seis meses elabore un Plan Nacional de Prevención contra el Suicidio, constatando que en España se suicidan cada día, que conste oficialmente, diez personas, número que posiblemente sea  bastante superior por las circunstancias antes expuestas, y unas 200 personas lo intentan.

 

Y es noticia el 2 de febrero de 2018 que hoy mismo comienza a funcionar un teléfono para combatir esta lacra atendido por psicólogos y psiquiatras desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, que a partir de marzo estará disponible las 24 horas. Lo pone en marcha la Asociación Barandilla y es el 910 380 600. Se ha sumado a este proyecto Alejandro Rocamora, psiquiatra que trabajo durante 40 años en el teléfono de la Esperanza, y ha sido apoyado entre otras personas por el Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz. Aunque no deja de ser una gota en un océano, si consigue salvar una sola vida a la espera de que el Gobierno cumpla con su deber habrá valido la pena.