Suspender la autonomía

Ni por las buenas ni mucho menos por las malas.  El “procés” fracasó gracias a la apelación, aún en versión “light”, del artículo 155 de la Constitución. Eso permitió, dentro de la legalidad más absoluta, cesar al gobierno de la Generalidad, disolver el parlamento autonómico y celebrar elecciones el pasado 21-D. Ha quedado demostrado  que el Estado no está inerme ante los intentos de secesión, así como que autogobierno y 155 son caras de una misma moneda. Quebrar la “indisoluble unidad de la Nación española”, consagrada en nuestra Constitución, está fuera del alcance del bloque independentista catalán.

A pesar de ello, la deseable normalización no acaba de llegar. Constituido el nuevo parlamento catalán, su presidente, Roger Torrent, inmediatamente intentó reanimar al agotado “procés”. Se fue a Bruselas a rendir pleitesía al anterior presidente de la Generalidad, el huido Puigdemont, quien es candidato preferente para el ingreso en prisión si pisara suelo español: sobre él pesa (salvo error u omisión) una orden de busca y captura por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. A su regreso a España, Torrent propuso al prófugo  como candidato a la presidencia de la Generalidad y convocó la correspondiente sesión de investidura (que luego suspendería). Parecería que Torrent quisiera hacer méritos para compartir celda con su jefe de filas, Junqueras.

Y así ha florecido la original idea de crear un gobierno bicéfalo de la Generalidad. La cabeza principal, en Bruselas, con una especie de gobierno en el exterior presidido por Puigdemont, y la segunda cabeza, en Barcelona, con un testaferro como presiente.

Con la tozudez malabarista que caracteriza a la jerarquía independentista, Torrent ha tratado de muñir soluciones “imaginativas” para investir (telemáticamente o por poderes) a Puigdemont, intentos abortados por el Tribunal Constitucional (TC). La reacción del inestimable alcalde de un pueblo de 5.000 habitantes, devenido en presidente del parlamento autonómico, ha sido congelar la legislatura sin que el plazo de dos meses, para la disolución automática de la Cámara si no hubiera investidura, haya echado a andar. Últimamente ha pululado por Estremera y Soto fabulando, mintiendo y excitando los ánimos de la basca independentista al hablar de esos “hombres de paz presos por sus ideas”. Obviamente, trata de ganar tiempo para que el bloque independentista amañe otros “imaginativos” disparates para burlar la ley y entronizar a Puigdemont.

Y así ha florecido la original idea de crear un gobierno bicéfalo de la Generalidad. La cabeza principal, en Bruselas, con una especie de gobierno en el exterior presidido por Puigdemont, y la segunda cabeza, en Barcelona, con un testaferro como presiente. Para sublimar el esperpento, JxCat acaba de registrar, en solitario, una proposición de ley para modificar la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalidad  y del Gobierno, y supuestamente permitir que Puigdemont pudiera ser investido y gobernar desde Bruselas. Se pide asimismo la tramitación por el procedimiento exprés de “lectura única”, tan al gusto de la curia independentista, para burlar  la ley. Se trata de una nueva farsa en un camino ya cegado por el TC, para desgastar al Gobierno y mantener tensionado al Estado. Con lo sencillo que resultaría investir a alguien que pudiera moverse libremente por Cataluña y que no estuviera “empapelado” por la justicia…

Parece pues necesario pensar en recurrir al 155 con plenitud de efectos para, dentro de la ley, cauterizar el desangrado de Cataluña.

España no debería permanecer a la expectativa de las ocurrencias del saltimbanqui bruselense. Los paños calientes se han mostrado reiteradamente insuficientes para acabar con tanto y continuado desafío a la ley. O ERC entona el “hasta aquí hemos llegado”, o el Estado debería tomar la iniciativa para despejar el bloqueo institucional en Cataluña que encabeza el tándem Puigdemont-Torrent. Parece pues necesario pensar en recurrir al 155 con plenitud de efectos para, dentro de la ley, cauterizar el desangrado de Cataluña que va paulatinamente acercándola a la recesión e, indirectamente, perjudicando al conjunto de España. Para empezar, tres medidas concretas parecen más urgentes: disolver el inoperante parlamento autonómico; tomar un control pleno y efectivo del gobierno y de los medios públicos catalanes; y abordar la despolitización y mejoría funcional de la policía autonómica (las opciones: “disolución”, “dispersión” y “degradación”  ya se explicaron en este periódico, en el artículo “MOSSOS”, del pasado 19 de noviembre).   

Basta ya de evasivas y subterfugios frente a los probados intentos de alcanzar, a cualquier precio, una ilusión imposible. Es obligado hablar alto y claro, así como actuar sin complejos para, definitivamente y dentro de la ley, poner las cosas en su sitio por el bien de Cataluña y del resto de España. Creo que no somos pocos, aquí y allí, los que pensamos que el Gobierno debería promover la suspensión “sine die”  de la autonomía catalana.