Hoy ha tenido lugar una magna manifestación en Barcelona en defensa de la unidad de España. Organizada por la Sociedad Civil Catalana, y sin apoyo de la Generalidad ni de los medios públicos catalanes ―que son una vergüenza democrática (Borrell dixit) —, ha logrado congregar a más de un millón de personas. Ha sido una demostración de potencia de una mayoría de catalanes que están a favor de esa unidad y del ideal europeo. A la concentración —una gran batalla ganada por el estado de derecho— se han sumado tanto el PP como Ciudadanos. Hay que lamentar, no obstante, que el PSOE de Sánchez-Iceta, jugando a dos barajas, haya declinado ese compromiso, enviando una mera representación. La manifestación, en definitiva, ha mostrado un despertar activo de la sociedad catalana contra el secesionismo. También ha sido un gran paso para empezar a liberarse de las hispanofóbicas cadenas independentistas.
Durante la pasada semana el escenario catalán ha estado fuertemente tensionado. El 1-O se representó la pieza teatral del Govern, llamada “Referéndum”. Un bodrio ilegal y jurídicamente nulo, en el que los guionistas fueron los mismos que lo organizaron, desarrollaron, efectuaron el recuento de votos, proclamaron los resultados y certificaron su “validez”. Sí que sirvió para comprobar que, a pesar de la innegable capacidad de movilización de los independentistas, éstos no llegan, ni con mucho, ni a la mitad de la población catalana. También fue un certificado de la falta de compromiso de los Mossos para con la ley del Estado y los derechos de todos los catalanes. Cuando se reinstaure la cordura en Cataluña, supongo que el Estado pondrá a esa policía autonómica en su sitio.
Dos días después, el 3 de octubre, el Govern auspició, junto con las organizaciones y partidos independentistas, una huelga donde policía catalana y grupos de fanáticos independentistas imposibilitaron a muchas personas llegar a su respectiva ocupación. En toda Cataluña se impidió el acceso de la gente a las estaciones de tren para ir al trabajo, se cortaron carreteras, y abundantes piquetes “informaron” a comercios y empresas de la “conveniencia” de echar los cierres. Con su cinismo característico, la jerarquía independentista evaluó este nuevo fraude como una huelga de “masiva participación”.
Fue un discurso grande, brillante y tranquilizador en el que el Jefe del Estado pregonó su compromiso y el de la Corona con la Constitución y el estado de derecho.
En la noche de ese mismo día, se produjo lo que ha sido el primer discurso extraordinario de SM El Rey a la Nación desde su coronación. Fue un discurso grande, brillante y tranquilizador en el que el Jefe del Estado pregonó su compromiso y el de la Corona con la Constitución y el estado de derecho. Al día siguiente, el señor Puigdemont, auto-investido de la púrpura de “jefe de estado”, trató de recordar a don Felipe sus obligaciones constitucionales. Qué juerga: el paradigma de deslealtad constitucional acusando al Rey de “inconstitucionalidad”. Para no echar gota, que diría el castizo.
El viernes, por fin, los golpistas dieron los auto-fabricados resultados “oficiales” de la “consulta”. A continuación se convocó un pleno del parlamento autonómico para el día 9 de octubre en el que supuestamente se aprobaría la llamada Declaración Unilateral de Independencia (DUI) para que, a renglón seguido, el señor Puigdemont declarase la independencia de Cataluña. Pleno que fue inmediatamente suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). Así reza en el auto de suspensión: “radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno, cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada”. Puigdemont, artista del filibusterismo parlamentario, inmediatamente reaccionó solicitando su comparecencia parlamentaria para “hablar de la situación” en Cataluña. Comparecencia que está previsto tenga lugar el martes día 10 por la tarde. Como si fuera una novela de intriga, no se sabe si durante esa comparecencia se “aprobará” o no la DUI y, en su caso, cuándo se haría por el señor Puigdemont la declaración “oficial” del esperpento. A la vista de lo que ha sucedido hasta ahora cualquier cosa es posible.
Naturalmente, uno no es tan ingenuo como para creer que, esa epidemia de entidades y negocios “a la fuga”, es consecuencia de un repentino y simultáneo ataque de “españolismo”.
De particular significado ha sido la cascada de decisiones de bancos y empresas, algunas de primera fila, de extraer sus respectivas sedes de Cataluña. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el efecto contable de tal estampida. Aunque hay tres consecuencias de esas decisiones que parecen claras. Una, que eso es malo para Cataluña. Dos, que son sonoras bofetadas a la deriva independentista. Y tres, que destapan impúdicamente la falaz tesis secesionista de que todo iba a marchar mejor en la independencia. Naturalmente, uno no es tan ingenuo como para creer que, esa epidemia de entidades y negocios “a la fuga”, es consecuencia de un repentino y simultáneo ataque de “españolismo”. Tal actitud empresarial responde a una enorme quiebra de confianza en las actuales autoridades catalanas, así como a la división social y al enorme deterioro del prestigio de Cataluña por aquéllas creados. Porque sin seguridad jurídica y estabilidad política no hay empresa que aguante en una economía de mercado. En definitiva, Puigdemont y sus secuaces han arrojado a Cataluña al pozo de la inseguridad. La CA de Cataluña ha dejado de ser fiable.
Ahora, cuando se ha alcanzado el “cul-de-sac” del proceso secesionista, sus gestores ven claramente y con espanto dos únicas opciones consistentes: o acabar con éxito su quimera independentista, o irse a la cárcel por los delitos que hayan cometido que ―me temo―, no sean pocos. Como al parecer no les gusta mucho la segunda, apuestan por la primera opción en forma de maniobra retardadora. Es decir, ganar tiempo para recomponer su discurso, buscar adhesiones internacionales, desgastar al Estado y quebrar la creciente ola de contestación nacional tanto dentro de Cataluña como en el resto de España.
¿Diálogo con quién? ¿Con los golpistas? No, no cabe negociar con golpistas. ¿Para salvarles de dar con sus huesos en la trena? ¿Y negociar, qué? Porque la unidad de España es innegociable.
Por ello se habla ahora tanto de mediación equidistante, de diálogo y de negociación. Que no nos engañen. No hay lugar para la mediación en un problema interno, que internamente ha de resolverse. No hay equidistancia que valga, cuando en un lado están los que han violado la Constitución y atentado contra el estado de derecho y, en el otro, los que apoyamos la Constitución y el cumplimiento de las leyes. Así que ¿diálogo con quién? ¿Con los golpistas? No, no cabe negociar con golpistas. ¿Para salvarles de dar con sus huesos en la trena? ¿Y negociar, qué? Porque la unidad de España es innegociable. La prioridad ahora es restablecer el orden constitucional conculcado por los golpistas, así como convertir en papel higiénico esas llamadas “leyes exprés” del parlamento autonómico, fulleramente aprobadas hace un mes y suspendidas inmediatamente por el TC. Y, asimismo, que la justicia exija las responsabilidades correspondientes. Habría de empezarse por la disolución del parlamento catalán y la convocatoria de elecciones autonómicas.
Existe un gran debate en medios, redes y tertulias sobre si el Estado debería haber utilizado ya o no el art 155 de la Constitución, para atajar la insurrección soberanista en Cataluña. Se trata de un artículo tan constitucional como los otros 168 de nuestra ley fundamental. Por lo que respecta al “requerimiento previo al Presidente de la Comunidad Autónoma” para que se cumpla la Constitución, eso ya lo ha hecho el presidente del gobierno, señor Rajoy, así como SM El Rey, el TC, todo tipo de autoridades y hasta el lucero del alba. Entiendo, por tanto, que tal requerimiento está más que cumplido. Solamente faltaría la aprobación de su aplicación, por mayoría absoluta del Senado, de la que ya goza el partido del Gobierno. En definitiva, las medidas previstas en el artículo 155 podrían ser implementadas en cuestión de pocas horas. En ningún caso debería desecharse la posibilidad de utilizarlo para encarrilar la situación. Otra cosa sería el momento de su aplicación. Es decir ¿antes o después de la DUI? Difícil y comprometida decisión ―aunque es precisamente para eso para lo que le pagan al señor Rajoy―. Personalmente, a mi corazón le atrae más el “antes”, pero mi cabeza me dice “después”. Yo haría caso a mi cabeza empleando a tope todos los recursos a disposición del Gobierno que fueran necesarios. La defensa de la democracia no es una opción: es una obligación esencial del Estado.
Obviamente, el empleo de las FAS en defensa del orden constitucional, siempre bajo la dirección del Gobierno, es un cometido legal y legítimo (arts 8 y 97).
Finalmente, quiero abordar otro aspecto, de particular gravedad, que viene saltando últimamente en algunos medios y redes con intenciones poco claras. Es la implicación directa de las FAS en la restauración del orden constitucional que muchos están exigiendo. Incluso hay algún medio que relaciona unidades concretas que supuestamente se habrían acercado a Cataluña para intervenir allí. A fecha de hoy, eso no es cierto. Lo único extraordinario realizado es el apoyo logístico (medios de vida), que la Agrupación de Apoyo Logístico nº 41 (Zaragoza) está dando a FCSE, en el acuartelamiento “Santa Eulalia” (Sant Boi de Llobregat). Las FAS están en sus actividades y maniobras programadas desde principio de año, y sus movimientos fuera de acuartelamientos se refieren al programa regular de actividades, y entrenamiento, así como a los desplazamientos de ida o regreso a los campos de maniobra. Conviene recordar, para que no se confunda a la gente, que siempre hay unidades en el campo de maniobras de San Gregorio (Zaragoza), porque éste es la instalación de entrenamiento más grande y utilizada de España. Y con respecto a la prevista arribada de la Fragata “Navarra” y los cazaminas “Segura” y “Sella” al puerto de Barcelona, éste es un movimiento programado para participar en el Salón Náutico. De momento no hay más, aunque supongo que, como es normal en los estados mayores, el planeamiento será permanente.
Obviamente, el empleo de las FAS en defensa del orden constitucional, siempre bajo la dirección del Gobierno, es un cometido legal y legítimo (arts 8 y 97). La opción de “ir por libre” como algunos sugieren no es de recibo. En mi particular e hipotético “concepto de la operación” las FAS no deberían ser empleadas, en principio, más que para apoyo y, en su caso, refuerzo de las FCSE. Un refuerzo que podría materializarse, en su caso, asumiendo misiones que se hubieran realizado en el pasado tales como asegurar infraestructuras esenciales (ie: puertos y aeropuertos), nudos de comunicación e instalaciones “críticas”, liberando así a las FCSE de esos cometidos estáticos que tanto personal hipotecan. En todo caso, no hay que olvidar que las FAS son la “Ultima Ratio Regis”.