Hace seis años que ETA dejó de matar. Durante sus casi 60 años de actividad y sus más de 800 asesinatos, desde su comienzo en la dictadura hasta el final, 40 años después del régimen democrático, el Estado y los distintos gobiernos, desde el franquista hasta el actual del PP pasando por el PSOE y UCD, los políticos nunca han reconocido un error de funcionamiento en las fuerzas de seguridad y siempre han alabado su gran eficacia contra el terrorismo. Sin duda todos los políticos han usado a las fuerzas de seguridad como escudo ante la ciudadanía con una gran campaña propagandística, que ha impedido valorar datos objetivos que empañan esa presunta eficacia.
Hoy ni siquiera los datos oficiales de Interior son coincidentes con los que maneja alguna asociación de víctimas, o la fundación de víctimas del terrorismo; tampoco hay coincidencia sobre el número de crímenes sin esclarecer (en cualquier caso, más de 300), lo que evidencia el fracaso del Estado, la justicia y las fuerzas de seguridad del Estado en esta materia. El último hito ha sido la excusa aprovechada por el Gobierno del PP para aceptar la sentencia contra la doctrina Parot.
Una vez cometido el primer asesinato, todos los demás no tienen más reproche penal.
El 28 de febrero de 2006 el Tribunal Supremo estableció que la reducción de penas por beneficios penitenciarios se llevaba a cabo respecto de cada una de ellas y no sobre el máximo total legalmente establecido. Dicha sentencia fue modificada parcialmente por el Tribunal Constitucional en 2008 en la conocida como doctrina del doble cómputo penal, que se refería al descuento del tiempo permanecido en prisión provisional, que debía llevarse a cabo del máximo legal total de la suma de todas las penas. Si además por estudios, trabajos etc. a un preso con un crimen condenado a 30 años se le descuentan varios años, ese mismo preso, una vez cometido el primer crimen, puede cometer numerosos asesinatos más porque el reproche penal final será siempre el mismo, pues puede estar condenado a 800 o 3.000 años de prisión todos los descuentos lo serán desde un máximo de 30 años. Una vez cometido el primer asesinato, todos los demás no tienen más reproche penal. Como universidades vascas expedían títulos de haber cursado carreras a presos de ETA que no habían visto un libro, la trampa era evidente y los gobiernos de PSOE y PP lo han permitido.
En esta situación se produce la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 21 de octubre de 2013, señalando la inconstitucionalidad de las decisiones de los tribunales españoles. Hay diversas sentencias de este tribunal contra mandos policiales y de la Guardia Civil por torturas que no han sido cumplidas por los gobiernos de PP y PSOE. Existen otros países (Reino Unido, Francia…) que con sentencias de este Tribunal que les obligaba a tomar determinadas decisiones, alegaron acatar la sentencia pero que por razones de seguridad se reservaban el derecho de aplicarlas cuando dichas razones de seguridad hubieran desaparecido. Eso no ha pasado todavía después de veinte años. Exactamente eso debería haber hecho el gobierno del PP y de Rajoy si hubiesen sido coherentes entre el uso que hacían del terrorismo en la oposición, lo que decían con lo que hacen. Han hecho lo que denunciaban que hacía el gobierno del PSOE: chapotear en la sangre y la memoria de las víctimas y poner en libertad a sanguinarios terroristas que no estuvieron en prisión ni un año por cada crimen cometido.
El responsable de las muertes siempre es el terrorista, pero a los responsables políticos, policías, jueces y fiscales les es exigible un cumplimiento riguroso del deber y de sus tareas antes que anotarse méritos y medallas.
Hemos presenciado en estos años clamorosos casos de disputa entre Policía y Guardia Civil que restaban eficacia a la lucha contra el terrorismo y que se traducía en más atentados y víctimas, y nunca los gobiernos del PP o del PSOE atacaron el problema de raíz. Hemos visto a la Policía dejar circular una mochila bomba en un tren, en las navidades de 2003, desde Bilbao hasta Burgos, porque parar antes el tren era hacerlo en territorio de Guardia Civil; hemos visto a la Guardia Civil detener al entonces número 1 de ETA, David Pla, sin tener un solo dato y provocando su puesta en libertad, al saber que llevaba meses controlado por la Policía Nacional, que se negó a facilitar los datos e información que tenía del mismo; hemos asistido a infinidad de disputas que han mantenido viva a ETA más tiempo del necesario, y ahora esos mismos problemas de descoordinación y hostilidad se están produciendo contra el terrorismo islamista. Y esas negligencias provocarán víctimas. No es éticamente aceptable que los políticos acudan a manifestaciones cuando no cumplen con su deber de fijar pautas y protocolos que garanticen la coordinación policial, que podría mejorar y evitar atentados y víctimas. El responsable de las muertes siempre es el terrorista, pero a los responsables políticos, policías, jueces y fiscales les es exigible un cumplimiento riguroso del deber y de sus tareas antes que anotarse méritos y medallas, que lo hacen con profusión, ignorando siempre los fallos y graves errores que permitieron que se cometieran los atentados. ¿Vamos a seguir igual?
Los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils han dejado en evidencia que el núcleo central de la lucha contra el terrorismo está esquelético, saturado por problemas de coordinación, obstaculización en el uso de datos, tensiones nacionalistas y tentación de convertirse desde un territorio en una policía del Estado por encima de la protección de la seguridad de las personas. ¿Cómo se resuelve eso? Legislando. Explicando a la ciudadanía qué se hace para garantizar más coordinación y eficacia y no con manifestaciones para aprovechar hasta los atentados en clave política; no negando la evidencia, que es que las fuerzas de seguridad del Estado, con miles de efectivos y expertos, fueron apartados por la policía del territorio de toda actuación en un atentado porque primaba el ego de ser una policía integral, nacionalista, sobre la atención a las víctimas y la eficacia en defensa de la seguridad de la ciudadanía. Que los efectivos de las policías del Estado tuvieran la primera fotografía del asesino de Las Ramblas fugado por los medios de comunicación debería llevar al Gobierno a aplicar, y a partidos de la oposición a respaldar, medidas que impidan que eso pueda volver a producirse.
Además de estas labores policiales, el servicio secreto español, CNI, debería indagar si los servicios secretos marroquíes tuvieron alguna noticia y actuaron como los Mossos con el aviso de inteligencia llegado desde EEUU a España.
Cierto que los responsables políticos y los mandos de los Mossos tienen responsabilidad en la mala gestión policial de los meses previos al atentado, durante el mismo y en días posteriores; pero no menos responsabilidad tienen los políticos del gobierno de España y del Ministerio de Interior, y los mandos de Policía, Guardia Civil y CNI del cúmulo de despropósitos que han permitido que, durante meses, un grupo de jóvenes marroquíes se hayan estado reuniendo con un imán, acumulando bombonas y cientos de litros de acetona sin el control legalmente establecido, que faculta indistintamente a Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional a realizar las inspecciones oportunas (Real Decreto 129/2017 de 24 de febrero, reglamento de control de precursores de droga <acetona>, que desarrolla el Rgto. CE nº273/2004, Parlamento y Consejo Europeo de 11 febrero 2004, y Rgto. 111/2005 del Consejo de 22 diciembre 2004).
Además de estas labores policiales, el servicio secreto español, CNI, pendiente de una profunda remodelación que aclare sus tareas dentro y fuera del país (está en todas las salsas y descontrolado), debería indagar si los servicios secretos marroquíes tuvieron alguna noticia y actuaron como los Mossos con el aviso de inteligencia llegado desde EEUU a España: ignorándolo. Sabido es que el gobierno catalán de Junt X Sí, (ERC y PDeCAT) y la CUP, actúan apoyando la causa saharaui que es para Marruecos una declaración de guerra, y si eso convierte en sordo al servicio secreto marroquí respecto de atentados en dicha comunidad autónoma. Tampoco se investigó, o sí, y las conclusiones permanecen secretas, si llegó a los servicios secretos marroquíes alguna noticia antes de los atentados del 11M, también llevado a cabo mayoritariamente por marroquíes, y si por el asalto de la isla de Perejil también estuvieron sordos.
Los errores son muchos, acumulativos y suman más posibilidades de que vuelva a haber atentados. No es verdad lo que dicen los políticos de una adecuada colaboración. Mienten todos, desde Rajoy al ministro de Interior, pasando por el director general de la Policía y los mandos policiales. En fechas recientes, un sindicato de policía recién nacido, ARP, Agrupación Reformista de Policías, ha denunciado que en España no existe un protocolo de Interior dirigido a la ciudadanía exponiendo cómo deben comportarse en caso de atentado, protocolos que sí existen en otras naciones de donde lo copian algunas instituciones como la universidad de Alicante. Por otra parte el Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles, que no actúa dentro de la Policía ni la Guardia Civil como organización profesional (la ley impide estar juntos a policías y guardias civiles en esas asociaciones) sino como asociación de ámbito nacional, denunció tras los atentados que la filtración del informe de inteligencia era uno de los asuntos más graves que habían pasado en España en la lucha contra el terrorismo. Dicha filtración deja en evidencia que hay muchos canales de comunicación de inteligencia del exterior, lo que impide rigor y resta responsabilidad en la gestión de la información porque nadie es responsable escudándose en que lo recibieron otros; y además de poner en riesgo la vida o colaboración futura de la “fuente” informante, la filtración puede provocar que, por no ser un país serio y organizado en esta materia, dejemos de recibir informaciones que pudieran servir para impedir atentados. Y en esto, en establecer canales seguros y rigurosos de comunicación, el CNI no está cumpliendo con su deber. Demasiadas lagunas para que, ante el próximo atentado, los políticos se pongan a la cabeza de ninguna manifestación. Hagan más su trabajo, sean más responsables y hagan menos política partidista.
*José Manuel Sánchez Fornet es Policia. Ex Secretario General del SUP.
Portavoz en Andalucía del Observatorio contra la Corrupción.