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Torpeza política

Pedro Pitarch
Pedro Pitarch

Ya en la tercera semana tras las dos fallidas sesiones de investidura, el impasse se ha adueñado de un ruedo político en el que nada bueno se está produciendo. A la llamada desconexión catalana que, en el parecer de los propios independentistas, progresa adecuadamente, y a la pestilencia de las cloacas corruptas que diariamente destapan los fiscales, se ha añadido un grave conflicto entre dos de los grandes poderes del estado: el ejecutivo (Gobierno) y el legislativo (Congreso).  Tal enfrentamiento se resume en que el Gobierno, basándose en su situación de “en funciones”, no reconoce al Parlamento la facultad de controlarle. Es un inédito escenario que pone a prueba la solidez de los procedimientos constitucionales, mientras que envía a la opinión pública un indeseable mensaje de incertidumbre institucional. Situar a las más altas instituciones del estado en el centro de una agria batalla política partidista no abona precisamente, con avenencia y concordia, el  camino hacia el pacto que permita investir a un nuevo presidente del gobierno. 

La Constitución (art. 66.1) especifica que “las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”.  El Parlamento, por tanto, materializa y representa la soberanía popular. Asimismo la Carta Magna estipula (art. 66.2) que “las Cortes generales controlan la acción del gobierno”. Tales prescripciones constitucionales parecen abogar por una colaboración institucional que obligaría a cualquier Ejecutivo a facilitar, o al menos no entorpecer, la función de control parlamentario atribuida al legislativo. En todo caso, como no soy jurista de oficio, no me atrevo a señalar cuál de los dos, Gobierno en funciones o Congreso,  tiene la razón jurídica de su lado, en un conflicto que es más político que jurídico. Imagino que ambos llevan su parte de razón, puesto que quiero suponer que tanto uno como otro habrán recurrido al respectivo cuerpo de asesoramiento jurídico antes de marcar postura. Todo un embrollo, porque significa la confrontación en la interpretación jurídica entre los abogados del estado (al Gobierno) y los letrados de las Cortes (al Congreso). Es una pena que dos de los más prestigiosos cuerpos especiales del Estado se vean arrastrados a poner su razón jurídica al servicio de la razón política de sus respectivos jefes.

Ni qué decir tiene que, de prolongarse el profundo desencuentro entre el poder ejecutivo (en funciones) y el legislativo, obligaría a la entrada en liza del poder judicial para sentenciar sobre un contencioso que no se sabe bien adónde conduce. Sería el acabose: las tres grandes funciones del estado de derecho, ejecutiva, legislativa y judicial enganchadas en un inédito desorden institucional. Por no llamarlo desorden constitucional, para evitar lo que alguien podría interpretar  como invocación a la participación de poderes fácticos en la “resolución” rápida de la disputa. Ya se sabe aquello de que “las carga el diablo”. En todo caso, pienso que la declarada postura gubernamental de negarse a comparecer en las sesiones de control parlamentario es, en términos políticos, una gran torpeza que a quien más perjudica es al propio Gobierno y, consecuentemente, al partido que lo sustenta.  Porque o se explican muy bien las razones de tal actitud —cosa que hasta ahora no se ha hecho—, o el caso será de difícil comprensión para la opinión pública.

Si el impasse político actual se prolongase hasta hacer imposible la investidura del presidente del gobierno de la XI legislatura, iríamos a la automática disolución de las Cortes.

Y qué casualidad: la primera pedrada en la frente del legislativo la ha tenido que dar precisamente el ministro de defensa, don Pedro Morenés. Éste debía comparecer en sesión de control parlamentario ante la comisión de defensa del Congreso, el pasado día 17. Don Pedro desoyó tal llamamiento en base a estar en funciones, materializando así —como era previsible— la doctrina del gobierno del que es  miembro solidario. Incomparecencia que inmediatamente fue calificada por todos los partidos, excepto el PP, como “fraude”, “insumisión”, “insulto al Parlamento” y otras lindezas similares. Todo esto no es algo banal. Tiene gran contenido porque, a diferencia de otros ministerios, el de Defensa se caracteriza por albergar en su seno una institución de rango constitucional: las Fuerzas Armadas (FAS). Y éstas, para marchar al deseable ritmo de crucero deben, entre otras cosas, poder presentarse disciplinadas, jerarquizadas y unidas. Cabe entonces preguntarse hasta qué punto el señor Morenés, ministro de defensa, ha tenido más o menos en cuenta su lealtad al gobierno y al partido que lo sustenta, frente al dudoso ejemplo que con su incomparecencia haya podido dar a las FAS. Algunos quizás pudieran preguntarse hasta qué punto la situación de “en funciones” —que supuestamente permite al ministro de defensa desmarcarse del control del Parlamento—, pudiera extrapolarse al control que el mismo ministro debería ejercer sobre las FAS y, más concretamente, sobre la cúpula militar.  Yo humildemente invitaría al ministro Morenés a explicar por qué su calidad de “en funciones” no es omnidireccional, sino que puede ejercerse selectivamente en la dirección que más le complazca.

La incomparecencia del señor Morenés ante la comisión de defensa de la cámara baja ha sido una oportunidad perdida y una torpeza. Si hubiese comparecido puntualmente, hubiera marcado la diferencia, perfectamente entendible, de la representación de las FAS que tantas veces se atribuye (como, por ejemplo, en la Pascua Militar). Además, poco riesgo tenía, porque siempre, en tales sesiones de control parlamentario, el ministro de defensa de turno es, por definición, el que más sabe del tema: es el único que  dispone de los mejores asesoramientos y de todos los informes y datos que necesite.  Y, además, —lo certifico por las varias veces que he asistido en el pasado a tales sesiones— los diputados/as de la comisión de defensa intervinientes no se han distinguido habitualmente por sus profundos conocimientos sobre la defensa nacional. 

Retomando el comienzo de este texto, si el impasse político actual se prolongase hasta hacer imposible la investidura del presidente del gobierno de la XI legislatura, iríamos a la automática disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones generales. Fecha límite: el 2 de mayo. Aniversario de la epopeya de 1808 cuando, fracasada la política, el pueblo español se levantó en armas. Pero que nadie se altere. Estoy seguro que en esta ocasión, en 2016, la sangre no llegará al río.