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Tras la nota del COAS, Arellano debe explicarse

La presentación de la denuncia penal fue consecuencia de la reiterada negativa de la Universidad a aclarar la adjudicación del contrato de arquitectura

El COAS ha reclamado constantemente la obligación de que las Administraciones adjudiquen los trabajos conforme a la Ley de Contratos

El Colegio de Arquitectos de Sevilla ha emitido esta tarde una nota informativa donde da cuenta de los pasos seguidos durante seis años para intentar aclarar supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación del proyecto Centrius de la Universidad de Sevilla, de la que era Vicerrector de Infraestructuras el actual consejero de Susana Díaz Antonio Ramírez de Arellano.

Sale al paso el Colegio profesional tras la polvareda provocada al conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía, de la que es titular Jesús García Calderón, había procedido a denunciar a Ramírez de Arellano ante el TSJA (por estar aforado) por posible prevaricación y falsedad en documento público.

Desde la oposición la unanimidad ha sido total: si Arellano resulta finalmente investigado (antes imputado) deberá abandonar el gobierno. Desde el gobierno y el propio Arellano han pedido respeto a la presunción de inocencia. El afectado consejero ha ido más allá y ha pedido que este asunto se sustancie en el ámbito universitario, no en el político.

Pero mientras todo parecía que el Consejero de Economía y Ciencia estaba siendo víctima del efecto colateral de un procedimiento administrativo en la US, delitos que no tienen la misma consideración social que el robo o saqueo de fondos públicos, sale a la palestra el Colegio de Arquitectos y nos muestra una inquietante versión de lo sucedido. De ser cierto cuanto expone el Colegio en su nota, el Sr. Ramírez de Arellano mucho está tardando en comparecer y explicar el motivo por el que  «esta denuncia se interpuso después de un largo proceso, de más de seis años, en el que el COAS intentó que se aclarase el asunto, en la vía administrativa y en el que ha sufrido todo tipo de obstáculos, recursos e impedimentos, por lo que se vio abocado, como consecuencia de los acontecimientos, a ponerlo en conocimiento del fiscal». ¿Por qué tantas trabas a la transparencia Sr. Consejero?

Por el interés informativo y también por las posibles consecuencias políticas que puede tener este procedimiento abierto en Granada contra un miembro del gobierno de Susana Díaz, reproducimos el texto íntegro de la nota informativa emitida por el Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS).

Como muestran los hechos reseñados, esta denuncia se interpuso después de un largo proceso, de más de seis años, en el que el COAS intentó que se aclarase el asunto, en la vía administrativa y en el que ha sufrido todo tipo de obstáculos, recursos e impedimentos, por lo que se vio abocado, como consecuencia de los acontecimientos, a ponerlo en conocimiento del fiscal.

centrius edificio web

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), ante las informaciones sobre la investigación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la adjudicación del proyecto del  Centro Universitario de Espacios Tecnológicos (CENTRIUS), por parte de la Universidad Hispalense, desea puntualizar lo siguiente:

La reclamación del COAS sobre el Centrius se inscribe en la política asentada de este Colegio de contribuir a la defensa de los procedimientos legales, ejerciendo sus competencias en lo que se refiere a reclamar la obligación de que las Administraciones adjudiquen los trabajos de arquitectura mediante concurso público, según lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público, y porque en opinión de la institución representativa de los profesionales impulsa la óptima calidad de la arquitectura.

En este sentido, el Colegio de Arquitectos viene reiterando que los concursos son el mejor procedimiento para que las inversiones públicas obtengan el máximo rendimiento, reuniendo todo el talento y la calidad profesional que puede aportar en su conjunto el colectivo profesional. Esta posición ha sido difundida reiteradamente, y ya en 2010 el COAS publicó un informe sobre el incumplimiento reiterado de la Ley de Contratos por las Administraciones públicas, señalando que entre 2005 y 2009 se presentaron por este motivo 86 recursos. Sólo 24 fueron estimados por las entidades requeridas, por lo que el Colegio se vio obligado a recurrir el resto ante los tribunales.

El 29 de mayo de 2009, al conocer que se habían adjudicado sin concurso público y abierto los contratos para la redacción del Proyecto y la Dirección de Obra del Centrius, el COAS reclamó al vicerrectorado que aclarase los hechos. Este organismo le denegó el acceso al expediente, por lo que el COAS acordó el 20 de julio de 2009 interponer un recurso contencioso-administrativo para que se le tuviera por parte en dicho expediente, a los efectos de su posible impugnación.

Este contencioso culminó cuatro años más tarde en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 28 de enero de 2013, que condenó a la US a entregar al Colegio de Arquitectos todo el expediente administrativo del procedimiento de contratación cuestionado. Expediente que aún hoy no ha sido entregado al Colegio por la Universidad de Sevilla, por lo que el COAS mantiene la reclamación en esta jurisdicción.

Una vez que los hechos han sido conocidos por la Justicia, el COAS se limita a  expresar su plena confianza y respeto hacia las decisiones que tome la Justicia sobre los hechos y sus posibles consecuencias legales.

La construcción de la primera fase del edificio se había adjudicado el 3 de junio de 2009, con un Pliego de Prescripciones Técnicas que incluía los honorarios por la redacción del correspondiente Proyecto de Ejecución, por 580.000 euros. Asimismo, el 14 de octubre de 2009 el Vicerrectorado de Infraestructuras, del que entonces era titular D. Antonio Ramírez de Arellano, encargó la dirección de obra, por adjudicación directa a los autores del Proyecto de Ejecución. El importe fue de 108.170 euros.

El COAS presentó el 27 de marzo de 2015 ante la Fiscalía de Sevilla, por acuerdo de su Junta de Gobierno, una denuncia por la adjudicación de los citados contratos de arquitectura, Proyecto y Dirección de Obra para la construcción del Centrius, al objeto de ponerlo en conocimiento de la fiscalía.

El COAS afirmaba en su denuncia que se había producido una presunta vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público, que garantiza los principios constitucionales de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos e igualdad de trato entre los candidatos al adjudicarse contratos. En concreto, se incumplieron, entre otros, el artículo 109 de dicha ley, que exige la tramitación del correspondiente expediente para la celebración de contratos de las Administraciones Públicas; el artículo 138, que regula el procedimiento concursal para la adjudicación, y el 142, que obliga a publicarla en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea. También se incumplió el artículo 86, al haberse fraccionado encargos para disminuir su cuantía y eludir así los requisitos establecidos.

Como muestran los hechos reseñados, esta denuncia se interpuso después de un largo proceso, de más de seis años, en el que el COAS intentó que se aclarase el asunto, en la vía administrativa y en el que ha sufrido todo tipo de obstáculos, recursos e impedimentos, por lo que se vio abocado, como consecuencia de los acontecimientos, a ponerlo en conocimiento del fiscal. El uso de la vía penal fue excepcional, ya que habitualmente reclamaciones de este tipo se resuelven mediante el diálogo, o en todo caso por la vía contencioso-administrativa.

Con esta actuación, el COAS cumple con su obligación constitucional y estatutaria de colaborar con el mejor funcionamiento del Estado de Derecho, en el ámbito de sus competencias. Una vez que los hechos han sido conocidos por la Justicia, el COAS se limita a  expresar su plena confianza y respeto hacia las decisiones que tome la Justicia sobre los hechos y sus posibles consecuencias legales.»