Vacua Cooperación Hispano-Alemana

Hace unos días escuché a Mariano Rajoy decir por televisión que ”hay casos complicados, cosas que se complican y otros de difícil calificación”. A eso ―que en la particular jerga de don Mariano significa lo que signifique―, cabría añadir una cuarta posibilidad: los casos que comprenden los tres anteriores. Es en este último estadio donde se incluiría el del alma de cántaro de nuestros tiempos, el expresidiario Puigdemont.

El revuelo subsiguiente a aquella decisión ha mostrado en toda su crudeza que Puigdemont es una china en el zapato de todo aquel con quien se roza.

Porque vaya la que se ha liado tras la decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein (Alemania), en contra del criterio de su fiscalía, de dejar en libertad bajo fianza a Puigdemont con el “poyaque”, en la misma tacada, de descartar el delito de rebelión por el que el magistrado Llarena del Tribunal Supremo (TS) procesó al amerense y a algunos de sus compinches. Dejando al lado la anécdota de que Schleswig-Holstein sea el primer apellido de doña Sofía, nuestra Reina Emérita (de la Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg), el revuelo subsiguiente a aquella decisión ha mostrado en toda su crudeza que Puigdemont es una china en el zapato de todo aquel con quien se roza. Ahora mismo, tiene enganchados en sus problemas a la judicatura española, la alemana, el conjunto de los catalanes (los que le apoyan y los que le rechazan que son mayoría) y hasta la biblia en pasta. Incluso ha abierto una grave polémica, que podría derivar en un conflicto diplomático hispano-alemán, tras la desafortunada intromisión en el ámbito jurisdiccional de la socialdemócrata Katarina Barley, ministra de justicia alemana, al afirmar que aquella decisión judicial “la esperaba”. Asegurando a continuación que “no será fácil” para España aclarar la petición de extradición por el delito de malversación.

El destino del alma de cántaro está escrito en las estrellas, aunque no pueda ser juzgado por el mayor de sus delitos: haber quebrado la convivencia en Cataluña.

Y aquí estamos porque ―rebobinando la película―, los jerarcas independentistas catalanes, con el tándem Pujol-Mas a la cabeza, diseñaron la estrategia de la quimérica independencia de Cataluña, para tapar y desviar la atención sobre los graves casos de corrupción de CDC. Ahora, tras el intento de golpe de estado materializado el pasado octubre, el caso está aportando diariamente nuevas sorpresas, sin que pueda valorarse con cierto grado de fiabilidad cómo va a acabar el lío. Aunque sí presumo cómo no va a acabar. No va a acabar con la independencia de Cataluña; ni por las buenas, ni mucho menos por las malas. El destino del alma de cántaro está escrito en las estrellas, aunque no pueda ser juzgado por el mayor de sus delitos: haber quebrado la convivencia en Cataluña. Al final, o bien acabará en una prisión española, o bien quedará errando fuera de España esparciendo desangeladamente su veneno antiespañol, al igual que sucedió, hace cuarenta años, con el canario Antonio Cubillo del MPAIAC.

Dejando las profundidades técnico-jurídicas del caso a la legión de “expertos” que colman ahora páginas, ondas y pantallas mediáticas, he de confesar que, tras muchos años de estudio y trabajo en pro de la integración europea, me ha sorprendido comprobar el paupérrimo avance logrado hasta la fecha  en el llamado Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) de la Unión Europea (UE). Que en Schleswig-Holstein un tribunal “de pueblo” desmonte en tres o cuatro días la causa que, tras meses de incoación, llevara al procesamiento y la orden de detención de Puigdemont por el instructor del TS, hacen sospechar de una precipitación no muy responsable de tribunal alemán. Éste, sorprendentemente, y en una especie de juicio sumarísimo, se extralimitó en sus funciones al no ceñirse a decidir sobre la tramitación de la euroorden, y la situación física de Puigdemont. Una actitud que lamentablemente refleja la vacuidad de la supuesta colaboración entre las autoridades judiciales nacionales, a través del conocido como “reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales”. Uno, ingenuamente,  se pregunta si no sería que cuando Pedro Pacheco dijo aquello de que “la justicia es un cachondeo”, se refiriera, tal vez, a la alemana.

He de confesar que, tras muchos años de estudio y trabajo en pro de la integración europea, me ha sorprendido comprobar el paupérrimo avance logrado hasta la fecha  en el llamado Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

En el cielo de Europa, tal situación no solo pone en cuestión el conjunto de la pretendida cooperación en el plano comunitario, sino también la propia manera de comprender el conjunto del proceso contemporáneo de integración. Pisando suelo propio, no se puede obviar el asombroso desequilibrio en la capacidad comunicativa de los principales actores del conflicto español en Cataluña: el Estado por un lado y la curia independentista por el otro. O, si quieren, entre las habilidades comunicativas de un registrador de la propiedad y una abogado del estado, frente a las de los expertos propagandistas de la secesión.

No es descartable que la propia decisión del tribunal de  Schleswig-Holstein haya sido influenciada por la enorme campaña de propaganda, sufragada en los medios internacionales, a favor de Puigdemont. Se sigue hablando impunemente sobre presos políticos y sobre diálogo cuando eso son trampas propagandísticas. Los independentistas se están gastando el dinero de todos para manipular con envidiable pertinacia las opiniones públicas a favor de su causa en los medios internacionales, utilizando todas las trampas, falsedades y trapacerías imaginables. Por parte del Estado ni se adelanta, ni tan siquiera se reacciona con la intensidad debida,  para rebatir aquéllas y explicar entendiblemente los graves delitos por los que están acusados por la justicia A la secretaría de estado de comunicación le corresponden, entre otras funciones,  la coordinación de la política informativa del Gobierno, la elaboración de los criterios para su determinación y el impulso y la coordinación de la política de comunicación institucional del Estado. Y se podría afirmar que su acción hasta ahora, frente a la gestión comunicativa del independentismo, se ha saldado con el fracaso y la frustración. Y aquí, como siempre, nadie dimite, ni es “dimitido”.