Así se cerraba, hace cuatro días, la fase oral del juicio seguido contra doce jerarcas separatistas catalanes en el Tribunal Supremo. Se supone que hasta septiembre-octubre no habrá sentencia, pero eso no traerá el remanso de aguas que anhelamos los que padecemos el cansancio, y hasta el hastío, que el llamado “procés” ha causado en buena parte de la opinión pública.

Al principio de la semana, conocimos las conclusiones definitivas de las respectivas defensas. Éstas, con diferencias de mero matiz, han rechazado que los hechos juzgados fueran constitutivos ni de rebelión ni de sedición. Algunas aceptaron únicamente la desobediencia como acto punible. Fueron, en realidad, un adelanto de los argumentos que, en los respectivos alegatos finales, expondrían los encausados.

Éstos no mostraron arrepentimiento alguno por los hechos juzgados. Sus respectivos minutos de oro fueron de fuerte carga política. Proclamaron su condición de “presos políticos”, llegando hasta responsabilizar al Tribunal de lo que pudiera pasar tras la sentencia, si ésta fuese condenatoria. Un mensaje amenazador e impúdico a los jueces; algo similar a: “en su sentencia, miren al tendido como si nada hubiese pasado y así no empeorarán la situación”. Alguno, destacadamente Cuixart, incluso llegó a retar al tribunal, afirmando que lo que hicieron lo volverán a hacer.

El regusto que de ello queda es el de una perversión ciclópea: acusar a los otros de judicializar la política y, simultáneamente, tratar de politizar la justicia.

Un marco de actuación que favorece y cobija las continuas memeces del “molt innombrable” que preside la Generalidad. El cual, al día siguiente, ya con el “visto para sentencia” en el frontispicio del Supremo, se despachaba así durante una sesión de control en el parlamento autonómico: “lo volveremos a hacer, claro que sí”. Y no pasa nada.

Ahora, hasta la sentencia, el esfuerzo principal del independentismo irá dirigido a presionar a los jueces, tanto desde las instituciones (incluidas las europeas) como desde la calle. La finalidad más inmediata será forzar una sentencia absolutoria, mientras se sigue movilizando a sus alienados políticos. Asistiremos, por tanto, a un renovado embate del nutrido arsenal separatista de mandangas y cuchufletas (lazos, pancartas, ficticios “exiliantes”, “presos políticos” y demás parafernalia victimista).

El más inmediato “incidente” se está produciendo ahora mismo, tras la oportuna y, a mi entender, razonable decisión del Supremo, de no permitir a Junqueras acudir mañana (17 de junio), a la JEC, para recoger el acta y la credencial de diputado europeo. Lo que, consecuentemente, significa que tampoco podrá asistir a la sesión constitutiva del parlamento europeo, prevista para el 2 de julio, en Bruselas. Tal limitación ―fundamenta el Tribunal―, solo significa un “aplazamiento temporal” de la asunción de la condición de eurodiputado, hasta que finalice el proceso penal. De no hacerse así, se produciría, entre otras cosas, una “pérdida de control jurisdiccional” (al salir de España) que el Tribunal está obligado a evitar.

Afortunadamente, la decisión de televisar en directo todo el juicio ha dado a éste trasparencia y credibilidad a raudales.

Eso debería cerrar el paso a alegaciones torticeras como la de “proceso injusto”, voceado por el “molt impresentable” Torra. Aunque, para el dogma separatista, esa límpida ejecutoria procesal es irrelevante. Todo lo que no sea seguir la hoja de ruta separatista lo es. Nadie debería llamarse a engaño: la clerecía separatista, desde las propias instituciones, que son parte del Estado, continúan negando su acatamiento a la Constitución y las leyes. Estamos en camino hacia una nueva crisis en Cataluña.

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