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A vueltas con la Justicia

Pedro Pitarch
Pedro Pitarch*

La sentencia del caso Nóos ha provocado una enorme controversia en medios y redes. Incluso ha alcanzado al interno de la propia administración de justicia. Frente a quienes consideran las penas bien ajustadas a derecho, se han alzado múltiples voces considerando débiles las condenas de prisión para, entre otros, Diego Torres (ocho años y seis meses) e Iñaki Urdangarín (seis años y tres meses). La infanta Cristina, señora de Urdangarín, salió absuelta penalmente y fue condenada a una mera multa. Han sido notables las discrepancias publicitadas por el juez Castro, instructor de la causa, y el fiscal, Horrach. Éste, a través de los medios, ya ha avanzado al Tribunal Supremo que irá a casación ante él pidiendo la revisión al alza de las condenas, así como penas de cárcel para los absueltos de la llamada “trama valenciana”. Supongo que los magistrados del Supremo no estarán muy contentos con tal adelanto mediático.

 

Horrach a través de los medios, ya ha avanzado al Tribunal Supremo que irá a casación ante él pidiendo la revisión al alza de las condenas, así como penas de cárcel para los absueltos de la llamada “trama valenciana”

 

La casación a la que unos y otros acudirán va a dar juego. Seguramente demasiado. Podrían pasar dos años hasta que el Supremo dicte sentencia firme. Se avecina pues otro prolongado periodo de daño colateral para la Corona, cada vez que las pantallas de televisión nos muestren a Urdangarín haciendo vida normal en Suiza o donde le plazca. El único requisito que le ha impuesto el tribunal de tener que personarse cada mes en un juzgado de ese país donde reside, ha sido generalmente acogido como muy insuficiente. No deja de tener su “puntito” que quien eludió cumplir el servicio militar obligatorio en 1993, alegando “sordera completa”, ahora se vea obligado a practicar una suerte de rito militar muy antiguo: la mensual revista de comisario, que pasábamos los militares cuando estabas lejos de tu destino. En todo caso, lo peor de todo ese lío no es lo que pudiera afectar al crédito de la Corona. Lo medular es que conlleve la frustración de un país, España, que necesita futuro.

En pocas semanas se han producidas sentencias sonadas y actos judiciales relevantes: Gürtel; tarjetas black (con un palmarés de 65 penados); investigación al presidente murciano; permanentemente actividad en Cataluña por las trasgresiones de la Generalidad y del propio parlamento catalán. Son meros ejemplos de una actividad judicial lenta pero incansable. Por si fuera poco lo que está en cola, ahora, levantado parcialmente el velo del sumario del llamado caso del 3%, aflora el “modus operandi” de la presunta financiación irregular de CDC, a cambio de adjudicaciones de obra pública. Se confirmaría así lo que sobre ello expuso Maragall en el parlamento autonómico hace doce años.

 

No deja de tener su “puntito” que quien eludió cumplir el servicio militar obligatorio en 1993, alegando “sordera completa”, ahora se vea obligado a practicar una suerte de rito militar muy antiguo: la mensual revista de comisario

 

Pero la guinda del pastel la pone el ministerio fiscal. El fiscal general del estado, José Manuel Maza, ha decidido aplicar su propio Plan META, relevando, como más significativas, a las cabezas de las fiscalías de anticorrupción y de la audiencia nacional respectivamente. Le sigue todo un “meneo” a la cadena jerárquica como las fiscalías superiores del País Vasco, Murcia y Andalucía (que algún efecto tendrá éste último sobre el caso de los ERE,s). Simultáneamente, fiscales anticorrupción se están quejando de “intimidaciones” y “desprotección” de distinto grado y de variados orígenes. El Gobierno, por boca del ministro de Justicia, Catalá, y del ministro portavoz, Méndez de Vigo, han entrado al trapo reprendiendo a tales fiscales. Se extienden alegremente los “juicios paralelos” en la calle y los medios. Se abre así la puerta al descrédito de la justicia. Cada vez es más audible la protesta ciudadana por una justicia valorada como blanda para los poderosos. O, en otros términos, que la justicia no es igual para todos. En definitiva, se empieza a confundir justicia con legalismo. ¿Estamos ante un despertar social frente a la administración de justicia en unos términos de incalculable e inaceptable recorrido?

 

Se extienden alegremente los “juicios paralelos” en la calle y los medios. Se abre así la puerta al descrédito de la justicia. 

 

Más de 30 años después de aquel famoso “la justicia es un cachondeo”, de Pedro Pacheco —por lo que fue empitonado por aquélla—, parecería, a tenor de lo que se lee y oye en medios y redes, que don Pedro pecó de adelantarse a su tiempo. Sería de muy mal presagio que, al desprestigio general de la acción política, se uniera el desencanto ciudadano por la administración de justicia. Porque, la verdad, a nivel declarativo, normalmente ya casi solo manifiestan públicamente su confianza en la justicia aquéllos que son llamados a comparecer ante ella. Y eso únicamente durante el periodo que media entre que son imputados y la correspondiente sentencia.

 

*Pedro Pitarch es Teniente General del Ejército (r).

@ppitarchb