El juez amenaza a Amat con mandarle la Udyco a Diputación

El pasado 18 de Julio el titular del Juzgado Nº  2 de Almería, Jesús Miguel Hernández Columna, dictó un Auto atendiendo la petición realizada en reiteradas ocasiones por parte de la acusación popular – AMAyT– en el conocido Caso Facturas II, relacionado con millonarios pagos de publicidad  a los más importantes medios de comunicación de Almería.

En la resolución del Juez, cuyo documento original hallará al final de página, puede leerse lo siguiente:

Remítase nuevo oficio al Sr. Secretario de la Diputación Provincial de Almería para que sin más dilación remita a este Juzgado todas las facturas relacionadas en los anexos 1,2,3 y 4 del informe de la UDYCO de fecha 23 de diciembre de dos mil quince (folio 622), en documento original, identificándose respecto de cada una de ellas nombre y apellidos y categoría del funcionario, político o persona firmante o autorizante o que da conformidad del pago e interviene en el tracto de pago, concediendo un plazo de CINCO DIAS, diligencia de requerimiento que se efectuará por funcionarios adscritos a UDYCO Costa del Sol, Grupo I Blanqueo de Capitales a la mayor brevedad posible, y con las advertencias legales correspondientes, incluida en su caso, ante los reiterados requerimientos ya efectuados con resultado negativo, la posibilidad de la práctica de diligencia de entrada y registro, conforme a los arts. 546 y concordantes de la LECrim.

PÓNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PARTES , previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS y subsidiariamente con el anterior o por separado RECURSO DE APELACION en el plazo de CINCO DIAS.

La institución presidida por el líder provincial del PP, Gabriel Amat, se ha venido negando de forma reiterada a la entrega de la documentación que nuevamente se solicita desde el Juzgado. En la última petición elevada por la acusación y que ha dado lugar a este auto, AMAyT  le pedía al Juez que en caso de no entregar dichas facturas enviase a la Policia judicial a la sede de Diputación.

El asunto tiene su intríngulis político en un sumario que arrancó a finales del año 2013 denunciado ante Fiscalia. Así se contextualizaba el caso en una crónica que publiqué en mi blog personal el 2 de febrero de 2014, publicada también en el Diario Ideal de Almería.

Hace unos días, el pasado 22 de enero, la Fiscalía de Almería presentó ante el Decano de los Jueces de Almería, Luis Columna, una denuncia que, meses antes, habían formalizado desde AMAyT ante la Fiscalía Superior de Granada el pasado mes de julio. Una vez más la Diputación de Almería se ponía en la lupa de la Justicia a cuenta de un reconocimiento de deuda, unos 4,7 millones de euros en total, que se habría abonado tras constatarse infinidad de irregularidades administrativas. Lo más llamativo de esta nueva denuncia que se judicializa es que, entre los perceptores de ese importante presupuesto de dinero público, aparecen entidades mercantiles propietarias de diversos medios de comunicación de la provincia de Almería.

En la denuncia de la Fiscalía de Almería se reclama, entre otras diligencias, que se oficie a la Policía Judicial para que investigue y que reciba declaración «como testigo» al Interventor general de la Diputación al respecto de sus informes, fechados en febrero de 2011 y en marzo de 2012 «sobre sendos reconocimientos extrajudiciales de créditos y en concreto sobre las diversas irregularidades que refiere en los mismos».

Los hechos a investigar podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documentos públicos, prevaricación y malversación.

Se trata de facturas emitidas por la anterior corporación provincial, en manos del PSOE y el PAL, facturan que fueron pagadas posteriormente por el gobierno del PP que, estando en la oposición, se opusieron votando en contra al abono de las mismas. (El PSOE nunca reconoció las facturas reclamadas por determinados proveedores, dijeron que por no existir constancia de la contratación).

Según la denuncia de AMAyT, asumida por la Fiscalía, «existirían numerosas facturas derivadas de prestación de servicios que no fueron tramitadas en su momento mediante el pertinente expediente administrativo, facturándose unos servicios sin que conste que fueran solicitados». Facturas que, además, «en diversos casos están conformadas por personal eventual y no por el funcionario responsable».

El caso de las facturas relacionadas con publicidad institucional de la Diputación Provincial de Almería en los medios de comunicación de aquella provincia, como puede comprobarse en esta crónica, es uno de esos sumarios caliente que permanecían en el olvido desde hace casi un lustro. Por lo que se está comprobando la instrucción ha sido bombardeada y las dilaciones sobrevenidas no parecen casuales.  Al margen de los casi cinco millones de euros públicos que parecen estar bajo sospecha  en este sumario, lo que va a quedar más que evidencia es cómo han funcionado las relaciones de los políticos, socialistas y populares, con los responsables y empresarios de los más importantes medios de Almería. Era tal el nivel de complicidad, y ahí radica uno de los problemas penales que se investigan, que infinidad de emisiones publicitarias o propagandísticas vieron la luz sin la existencia del soporte documental que avalase legalmente esa inversión pública. Al parecer, alguno de los proveedores mediáticos, para poder cobrar esas facturas llegó a falsificar firmas y documentos públicos, según llegó a detectar en su momento el anterior presidente socialista de la institución quien incluso redactó una denuncia al Juzgado que no acabó presentando..

El auto emitido por el Juez Hernández Columna viene a marcar decisivamente un procedimiento ocultado al gran público pero que nunca se archivó, sigue vivo y amenazante para algunos.

Ya no hay vuelta atrás, atentos a lo que suceda porque el impacto político y mediático será de los que marquen época. Será un lamentable capitulo más de cómo el periodismo, la información y la opinión es manejado con dinero publico por los moradores de la política de turno, sean del color que sean, lo que convierte a determinadas empresas periodísticas en mercenarios  ocasionales que se alquilan a cambio de dinero, no por defender el derecho a la información de los ciudadanos, sus lectores.

El escrito que AMAyT presentó en el Juzgado…

…y que el Juez ha atendido