Plantea el Gobierno socialista crear una Comisión de la Verdad sobre la dictadura, que duró 37 y se acabó con la muerte de Franco hace 43 años. Pocos hechos de ese periodo habrá que no sean conocidos y no hayan sido divulgados, desde distintas perspectivas, durante las últimas generaciones. Tras la muerte de Franco España emprendió otro rumbo que nos ha traído hasta aquí, y parece más necesario para el interés general conocer cómo ha sido posible que tras la dictadura, España se haya convertido en una democracia con todas sus instituciones podridas de corrupción, donde la clase política miente, hacen lo contrario de lo que dicen y tratan a la ciudadanía como si no alcanzara el coeficiente mental mínimo de personas adultas. La ciudadanía lo tiene merecido porque no los desaloja del poder ni exige que cambie ese estado de cosas.

Si España necesita una Comisión de la Verdad es sobre los 40 años de democracia, para conocer  cómo es posible que todas sus instituciones estén corrompidas, desde la más alta jefatura del Estado a los partidos políticos, la estructura del Estado (Congreso, Senado, Tribunal de Cuentas, tribunales de justicia politizados, comunidades autónomas…)

Todo ello hasta llegar a la situación actual, con un presidente del Gobierno permitiendo el secreto en el salario de su esposa, contratada por un holding de empresas públicas y privadas; que viaja en avión a un concierto y lo declara secreto militar, o en helicóptero, a 5.000 euros la hora, a la vez que dice que se van a subir los impuestos a los ciudadanos que usan coche diesel porque ese uso particular es muy contaminante y el suyo es un gobierno ecologista. Un político que tiene declarada secreta la tesis doctoral de su licenciatura en económicas, a pesar de que hay fundadas noticias de que dicha tesis le fue elaborada desde el ministerio de Industria de la época, haciendo trampas en el procedimiento. Dudas que serían despejadas de inmediato en cualquier país democrático europeo o el personaje sería expulsado de la actividad política. Solo personas iluminadas y en regímenes autárquicos se permiten el desahogo de predicar una cosa mientras con su comportamiento hacen la contraria, práctica habitual de la mayoría de políticos en nuestra peculiar democracia.

No le va a la saga el líder del principal partido (el más votado en las últimas elecciones, el PP) donde Pablo Casado ignora las evidencias inexplicables de sus estudios y máster.

La mera información sobre el tiempo que estuvo estudiando sin aprobar asignaturas, y la repentina inteligencia que se multiplicó en su cerebro a partir de ser líder político en Nuevas Generaciones del PP no sería tolerado en ningún país de nuestro entorno porque la ciudadanía no permite que le tomen el pelo de esa manera tan burda. Aprobar a un ritmo vertiginoso y con sobresaliente nada más llegar a la vida política evidencia la podredumbre del propio sistema político, en cuya responsabilidad el PP suma a medias con el PSOE. Ambos, Pedro y Pablo (y podríamos añadir al otro Pablo) están inhabilitados para ser dirigentes políticos por la evidencia de sus actos éticos, por ser participes de actos encuadrados en nepotismo, tráfico de influencias y otras figuras jurídicas, pero más allá de la discusión sobre las mismas lo que no admite discusión es su complicidad con prácticas éticas rechazables desde una elemental moral del ejercicio de la actividad pública. Los tres, en un país de nuestro entorno (Alemania, Francia, Portugal…) estarían inhabilitados y expulsados de la política.

Estas cosas pasan aquí y no pasarían en ninguna otra sociedad democrática de los países de cultura occidental en nuestro entorno. Aquí se aplaude en el dirigente de tu partido o referente ideológico lo que se denuncia como corrupto en el contrario. Es un asunto de ignorancia cívica y de sectarismo.

Tenemos ahora una prueba más de lo que es comportarse con desprecio a la legalidad y colocar las ideas personales por encima de las leyes con la legalización del sindicato OTRAS, creado por personas relacionadas con la prostitución, que tras ser autorizado conforme a la legalidad, ha visto como el Gobierno dice que, por encima de la legalidad están sus ideas, y que van a actuar para que sea ilegalizado. Eso no es propio de una democracia que se sustenta en el Estado de derecho y debería suponer que se enciendan todas las alarmas en la sociedad. Si actúan así con ese asunto pueden hacerlo con cualquier otro. Este Gobierno está poniendo en marcha prácticas que nos alejan del Estado de derecho, que es la base esencial de las democracias europeas. Cada día nos acercamos más en la práctica política a Venezuela, de donde la gente huye por hambre y falta de libertad, y nos alejamos de las que se aplican en democracias de nuestro entorno occidental.

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