23F: golpe al golpe
La desclasificación del 23-F abre una grieta en décadas de opacidad y cuestiona el relato oficial de la Transición
El anuncio de Pedro Sánchez sobre la desclasificación de los documentos del 23-F rompe décadas de silencio sobre uno de los episodios más importantes de nuestra democracia. Durante años, ese silencio protegió la impunidad y controló lo que los ciudadanos podían saber. Ahora, Sánchez golpea esa herencia. Todavía no sabemos qué se hará público ni qué verdades resistirán la luz, pero la decisión no es casual: llega justo cuando la derecha política y mediática intenta, con más agresividad que aquel 23 de febrero de hace 45 años, erosionar y acabar con la democracia, borrar la memoria colectiva y reescribir un pasado que la interpela como heredera directa del franquismo.
Durante años, los rumores sobre el 23-F crecieron gracias a la opacidad. La Transición estuvo vigilada por cuadros del antiguo régimen, marcada por la impunidad y sostenida por un relato oficial que dictaba lo que se podía decir y lo que debía permanecer oculto. Esta desclasificación no es un gesto menor: tiene un valor simbólico enorme y una carga histórica que va más allá de un simple trámite administrativo. Obliga a mirar al pasado de frente y a cuestionar los poderes que todavía sobreviven.
En tiempos de revisionismo histórico y de blanqueamiento de la dictadura franquista —cuyas estructuras, nombres y complicidades siguen presentes—, esta medida es un acto de democracia. La figura del rey emérito, protegido en su retiro, recuerda que los rescoldos del franquismo nunca se apagaron del todo.
Lo que está en juego no es solo la transparencia sobre el 23-F. Es la salud de nuestra democracia. Si la desclasificación se hace sin trampas ni medias verdades, puede abrir una grieta luminosa en las cloacas del poder que siguen condicionando la vida pública. Puede romper décadas de silencio, revelar responsabilidades y devolvernos el derecho a conocer la verdad.
La verdad no solo ilumina el pasado. Cuando sale a la luz, define el futuro, la democracia española tiene una oportunidad única: mirar su historia de frente, asumirla y avanzar hacia un país donde la transparencia y la justicia histórica sean un derecho de todos, no el privilegio de unos pocos.