45 disparos en el Congreso que ‘salvaron’ la democracia

No fue una metáfora. Fueron 45 disparos reales, con bala y estruendo, los que cambiaron el curso de la historia la tarde del 23 de febrero de 1981. Aquella ráfaga ordenada por Antonio Tejero contra el techo del Congreso dinamitó el guion político que algunos habían diseñado para presentar el asalto como una salida excepcional, pero encajable, a la crisis del sistema. Lo que pretendía escenificarse como una operación de reconducción institucional quedó expuesto ante millones de españoles como lo que era: un golpe de Estado.

Sin esos disparos, la operación habría transitado por una zona gris. Con los diputados retenidos, sin sangre ni estruendo televisado, el general Alfonso Armada podía haber comparecido ante el hemiciclo para ofrecer un gobierno de concentración como solución de emergencia. La lógica era provocar un escenario límite —un Supuesto Anticonstitucional Máximo, un “SAM”— que justificara medidas excepcionales dentro del marco formal del Estado. No se trataba, en teoría, de abolir la Constitución, sino de forzarla hasta el límite para tutelarla.

La violencia rompió el artificio. Desde ese momento, cualquier coartada jurídica quedó anulada. Y en ese punto, en Zarzuela se tomó la decisión que selló el desenlace: desautorizar públicamente a quienes habían asaltado el Congreso “en nombre del Rey”. La democracia no se salvó por una maniobra elegante, sino porque el exceso de los propios golpistas dejó sin cobertura política su plan.

PROVOCAR EL “SAM”: LA INGENIERÍA DEL 23F

La arquitectura del 23F no fue improvisada. En su diseño intelectual aparece el papel del CESID, cuyos cuadros conocían los movimientos en marcha. Mandos como José Luis Cortina y José Ignacio Sanmartín fueron señalados en el procedimiento judicial como piezas relevantes del entorno estratégico del golpe. Fueron absueltos, pero la discusión sobre si el servicio se limitó a vigilar o participó en el diseño de una salida controlada sigue abierta.

La hipótesis del “SAM” es clave: generar un bloqueo institucional que hiciera inevitable un Ejecutivo de concentración presidido por un militar. Una operación de cirugía política, no una dictadura clásica. Los disparos convirtieron esa ingeniería en un acto de fuerza descarnado e imposible de legitimar.

LA LISTA ARMADA Y EL PSOE

Alfonso Armada llegó al Congreso con una lista de gobierno. En ella figuraban nombres de casi todo el arco parlamentario: desde Manuel Fraga hasta Jordi Solé Tura, pasando por Ramón Tamames y dirigentes socialistas como Enrique Múgica o Gregorio Peces-Barba. Entre ellos destacaba Felipe González. Santiago Carrillo siempre sostuvo que Tamames estaba en el ajo, entre otras cosas porque tuvo que desautorizarle en nombre del PCE por unas declaraciones del economista favorable a un gobierno de concentración encabezado por un militar.

No hay prueba judicial de que González aceptara integrarse en ese gabinete ni de que conociera formalmente su inclusión. Pero sí está acreditado que en los meses previos hubo contactos entre Armada y dirigentes del PSOE, incluida la reunión de Lérida en octubre de 1980. La pregunta que la desclasificación puede responder es si esos contactos fueron meramente institucionales o si se exploró algo más.

Por cierto, de aquella famosa comida en Lérida tuvieron conocimiento casi en tiempo real los oyentes de Radio Sevilla de la SER. Ese día viajó a Barcelona Rojas Marcos que coincidió con Ciurana en el avión y le contó que iban a almorzar con Armada y que asistiría Enrique Múgica. El líder andalucista, nada más aterrizar, en directo denunció por vez primera que el PSOE estaba hablando con militares para cargarse a Adolfo Suárez. En esa misma linea ha hablado estos días el ex diputado vasco Iñaki Anasagasti pero añadiendo que fue el propio Alfonso Guerra el que sondeó a líderes del PNV sobre un posible gobierno de concentración con un militar al frente.

Que el nombre del líder socialista González y otros figurasen en la lista demuestra que la operación aspiraba a legitimarse incorporando a la oposición democrática. No era un pronunciamiento al uso; pretendía parecer una solución transversal.

JAVIER CALDERÓN Y LA CONTINUIDAD DEL ESTADO

En el organigrama del CESID de entonces figuraba también Javier Calderón, quien años después dirigiría el servicio. No fue condenado ni señalado como responsable del golpe, pero su presencia conecta el 23F con la continuidad institucional de la inteligencia española.

Saber qué informes circularon, qué advertencias se emitieron y qué decisiones se tomaron en los días previos es esencial para delimitar responsabilidades. La cuestión no es solo quién entró en el Congreso con una pistola, sino quién evaluó que aquello podía reconducirse sin romper el sistema.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO HOY

La apertura de los archivos del 23F tiene consecuencias políticas evidentes. Si se confirma que existió un diseño orientado a forzar un “SAM” para legitimar un gobierno tutelado, el relato simplificado de aquella noche quedará matizado por una realidad más incómoda: la democracia estuvo más cerca de una solución excepcional negociada de lo que se ha admitido.

También puede afectar a figuras históricas. Si los documentos arrojan luz sobre los contactos previos del PSOE o sobre el grado de conocimiento en distintas instancias del Estado, el relato del felipismo puede verse revisado. Cabe la interpretación —opinión, no dato probado— de que la decisión de Pedro Sánchez de desclasificar tenga efectos internos en esa memoria política.

Pero más allá de lecturas partidistas, lo sustancial es otra cosa: una democracia madura no se protege con silencios heredados de una ley preconstitucional. Se protege con verdad documentada. Aquellos 45 disparos desbarataron un plan. Conocer todo lo que ocurrió antes de que sonaran es la asignatura pendiente.