Bueno, parece ser que el resultado de las Primarias en el PSOE empieza a tener efectos positivos visibles. Y no me refiero sólo a que le hayan bajado los humos a la emperatriz y le hayan arrebatado ese falso aura de imbatibilidad, sino a consecuencias más prácticas para la vida diaria de los ciudadanos, que al fin y a la postre, es lo único verdaderamente importante. Cual madre atenta que se preocupa por el bienestar de sus hijos, Susana Díaz mueve ficha y anuncia su intención de reformar el impuesto primero y darle carpetazo después. Quiere escuchar a los andaluces y cumplir su acuerdo con Ciudadanos, dice. Desde luego, habrá que ver qué alcance real tienen estas palabras -no vamos a empezar a fiarnos ahora de figuras políticas que sabemos que mienten a destajo- máxime teniendo en cuenta que la Junta ingresa 400 millones de euros con este impuesto tan impopular como injusto.
No ir de crédulos por la vida nos hace darnos cuenta de que la sensación al recibir esta noticia, escepticismo mediante, es agridulce. Dulce, porque, de ser verdad, siquiera en un porcentaje considerable, significa una victoria sin paliativos que el movimiento ciudadano organizado para combatirlo puede exhibir con orgullo, paradigma de que la Sociedad Civil en Andalucía no está muerta y que una buena organización combinada con infatigable dedicación da sus frutos tarde o temprano. Agria, porque el cinismo cotidiano de algunos gobernantes sobrepasa lo irritante para convertirse en intolerable, toda vez que es un secreto a voces que si Díaz ha decidido atajar el asunto después de querer pasarle la pelota al gobierno central es porque ha salido tocada de esas Primarias cainitas y teme tanto por su posición en el Partido y el resultado de unas próximas elecciones, como de que Ciudadanos le apriete las tuercas para sacar los Presupuestos de 2018 y el PP gane terreno a causa de una gestión tan poco ejemplar.
¿Qué razones hay ahora, fuera de ese frío cálculo político, para eliminarlo? ¿Atender a la voluntad de los ciudadanos? ¿Y por qué no se escuchó antes?
Es un cálculo político y nada más. En particular si se hace memoria (o se acuda a la hemeroteca, lo que toque antes) sobre las declaraciones de Susanísima justificando la existencia del impuesto y dando “argumentos” para mantenerlo. Un impuesto para los ricos, esencial para financiar los servicios sociales que la Junta, joya de la corona del único partido que se preocupa de verdad por la gente en este país, necesita para continuar con sus políticas progresistas y del bienestar. Si es así, ¿qué razones hay ahora, fuera de ese frío cálculo político, para eliminarlo? ¿Atender a la voluntad de los ciudadanos? ¿Y por qué no se escuchó antes? El daño causado no va a desaparecer así como así y, para la mayoría de damnificados, lamentablemente nunca lo hará. Si era, pues, tan esencial para financiar el oasis socialista, ¿de dónde piensa sacar ahora todo ese dinero para continuar con sus políticas? La respuesta es simple, clara y contundente: esos argumentos eran mentira. Tan mentira como los que se esgrimen ahora para finiquitarlo.
Alegrémonos, claro que sí, si las palabras se transforman en hechos. Pero no caigamos en la trampa propagandista de creernos que esto se hace por nosotros. Es por ellos. Siempre es por ellos.
*Pablo Gea Congosto es estudiante de Derecho y activista político.