Prisiones españolas para negros en Mauritania
Son centros de detención para gente que quiere venir a Europa vía Canarias.
Informes publicados por el medio digital EL SALTO, que he podido contrastar, confirman que el 17 de octubre próximo pasado, el gobierno español de izquierda ha inaugurado dos prisiones para migrantes negros subsaharianos en Mauritania, denominadas eufemísticamente “centros de acogida temporal”. Son centros de detención para gente que quiere venir a Europa vía Canarias. Uno está en Nouakchott, la capital. Otro en Nouadhibou en la frontera del desierto con Malí. El gobierno sincrético español encomendó su creación y puesta en funcionamiento a la FIAP, una agencia de cooperación del mismo gobierno y dependiente del ministerio de Exteriores.
Privarán de libertad a migrantes, incluidos menores de edad y madres con bebés de pecho. El centro de la capital tiene 107 plazas y dos cunas. El de la frontera, 76 y dos cunas. Han costado 1.080.625 €. Financiación española y de la UE, a través de un programa policial denominado Asociación operativa conjunta. España tiene desplazados y desplegados en Mauritania, 80 funcionarios del CNI, Guardia Civil y Policía Nacional.
Como del Señor del universo nadie sé burla impunemente el comisario responsable de migraciones en Mauritania, un tal Abdel Fattah, primo del anterior jefe del Estado, fue cesado el mismo día de las inauguraciones al descubrirse que cobraba sobornos de los traficantes de personas en cayucos a Canarias. Siguiendo el ejemplo de otro elemento, un tal Koldo Garcia, confidente del Benemérito Instituto, este héroe policial mauritano, había sido condecorado por el magistrado ministro señor Marlaska en 2022 con la medalla al mérito policial. El sobornado facilitaba a los guardias civiles informaciones erróneas sobre cayucos y traficantes. Marlaska había, también, condecorado a Aldama con otro honor de la Guardia Civil.
El 8 de mayo de 2024 la señora Von der Leiden y el presidente Sánchez se comprometieron a transferir al gobierno militar mauritano del general Ould Él Ghazouani, 500 millones de euros. El gobierno español, de síntesis ideológica de izquierdas, ha aumentado la transferencia de inteligencia, de equipamiento policial y otras materias. En noviembre de este año, sin concursos público, FIAP ha adquirido un número indeterminado de vehículos 4×4, y drones de visión nocturna para la policía mauritana.
Policía mauritana que. efectúa redadas – con apoyo de la Guardia civil, Policia nacional y CNI – para detener de forma aleatoria y arbitraria a personas negras, incluidas madres con bebés lactantes. Las personas detenidas son privadas de todas sus enseres y documentos y teléfonos móviles, conducidas a centros de detención mauritanos, en condiciones inhumanas donde permanecen sin plazo legal. A esos lugares acuden un par de veces a la semana, dos agentes de la Policía nacional española para tomarles las huellas y fotografiar a los detenidos en ellos ya que los gobiernos mauritano y español tienen un acuerdo para que las autoridades españolas puedan deportar súbditos de terceros países a Mauritania.
Policía que abandona periódicamente a esos detenidos en lugares alejados, en zonas desérticas cercanas a la frontera con Malí, Gogui por ejemplo, donde abundan milicianos yihadistas del JNIM, una filial de Al Qaeda. La policía española recibe un listado de esas personas abandonadas en el desierto.
Menciono tales abandonos por ser práctica desde años. Tuve ocasión en 2008. – siendo patrono de la Fundación HABITACRICA entre 1999 y 2011 – de actuar ante el Comité de la ONU contra la Tortura, en defensa de los intereses y derechos legales y humanos de 6 malienses, 2 senegaleses, 1 gambiano y 1 costaivoriense, que fueron encontrados en zona de tierra de nadie entre Marruecos y Mauritania, las personas que cito, algunos con heridas profundas, a los cuales las fuerzas de seguridad marroquíes habían llevado hasta el límite de su frontera, obligándolos a caminar hacia Mauritania. Unos cincuenta kilómetros. La Unidad de Comunicación del Comité contra la Tortura inició el oportuno procedimiento y nos requirió para aclarar y delimitar determinados aspectos de los hechos y legislación aplicable.