LO DE ALMERÍA (V)

Lo que está ocurriendo hoy en Almería no se entiende sin recordar que la mayor parte de las grandes causas de corrupción en la provincia nacieron donde menos se esperaba. Así fue con El Algarrobico, La Fabriquilla, la Operación Poniente, Halsa, así fue con Miguel Rifá, y así vuelve a ser ahora. Este escándalo inicialmente sanitario, convertido ya en el núcleo de una tormenta política y judicial de primer nivel, empezó a andar muy lejos de aquí.

El origen está en un juzgado de Barcelona, donde una operación contra el narcotráfico y el blanqueo permitió interceptar conversaciones que no encajaban con el caso principal. Entre alusiones al negocio de las drogas apareció, casi como un eco, el rastro de un blanqueo de capitales vinculado a operaciones sanitarias realizadas en plena pandemia: mascarillas, material de protección, pagos opacos. Ese fleco, que parecía irrelevante, terminó señalando directamente a Almería.

La sorpresa llegó cuando la UCO, ya con autorización judicial, tiró del hilo y descubrió que detrás de aquellas conversaciones había una estructura organizada que mezclaba decisiones políticas, empresas afines y contratos de emergencia con sobreprecios. Lo que en Barcelona era un indicio, en Almería se convirtió en un entramado de adjudicaciones públicas, sociedades pantalla, comisiones disfrazadas con un eufemismo que ya forma parte de la guasa local —ir al “dentista”— y pagos que viajaban sin pudor como sus beneficiarios, ya fuera a todo lujo de vacaciones a Ibiza o a Nueva York.

La irrupción de la UCO en la provincia fue un golpe seco, de esos que resuenan en toda la estructura del poder: en una sola mañana cayó el presidente de la Diputación y el presidente provincial del PP. Dos cargos en uno. No se recuerda nada igual desde Poniente.

La conmoción institucional fue inmediata, pero el caso llevaba tiempo avisando. Lo que nadie esperaba era que una parte decisiva del sumario hubiese permanecido paralizada durante tres años en el juzgado competente de Almería. Tres años sin avances sustanciales en una causa que, tal y como se está viendo ahora, contenía desde el principio elementos de enorme gravedad. También aspectos políticos de gran trascendencia como se ha empezado a comprobar. Las orejas de muchos en San Telmo están tiesas. Empresas de la trama han hecho negocios con la Junta y eso no pinta bien. Será interesante y seguramente incómodo para algunos conocer quienes han sido los cancerberos que le han abierto puertas a los paisanos almerienses de la trama PP.

Tres años gestionados por una jueza que, desde el minuto cero, tenía un parentesco directo con uno de los protagonistas del caso: prima de Javier Aureliano García Molina. Él mismo, según las investigaciones, no parece haber desempeñado precisamente un papel discreto en la trama de corrupción destapada. El detalle no es menor.

Lo llamativo no es solo la paralización. Lo verdaderamente inquietante es la secuencia posterior: cuando el caso estalla públicamente, cuando la UCO actúa, cuando salen a la luz los nombres y los hechos, la jueza solicita su alta laboral y, acto seguido, anuncia su intención de inhibirse del caso por su parentesco y lo pide a la Audiencia que, lógicamente, da su conformidad. Que la inhibición llegue ahora, y no al comienzo del procedimiento, cuando su parentesco era un hecho más que evidente, exige una explicación institucional clara. El retraso mina la credibilidad del proceso.

La Justicia no puede permitirse sombras en un asunto tan sensible, y menos en una provincia donde la ciudadanía arrastra décadas de desconfianza hacia determinadas actuaciones judiciales. La mayoría, si no todos, los procedimientos tienen una víctima clara: la caja de impuestos de los ciudadanos. Lo responsable, lo higiénico, lo necesario, es que el Consejo General del Poder Judicial investigue qué ha ocurrido con esa causa durante estos tres años. No se trata de señalar, sino de garantizar que la Justicia no vuelve a quedar atrapada en un clima de sospecha que la provincia conoce demasiado bien. El precedente de Poniente, con aquel teniente fiscal filtrando información al principal investigado, está demasiado fresco como para permitir otro episodio turbio.

Mientras la instrucción dormía en ese juzgado, la política popular vivía sus propias escenas internas. Juanma Moreno Bonilla, según distintas fuentes, no era ajeno al hecho de que el caso tenía un fondo feo, feísimo y electoralmente jodido en el feudo desde que otro joven, el vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, fue imputado y detenido.  Moreno Bonilla no ha podido enterarse por «los teletipos» en la mañana de las detenciones. Un presidente del gobierno tiene asesores que, perfectamente, podrían haberle mostrado las señales de peligro. Los movimientos de la UCO en los últimos meses en Almería han estado a la vista de los cargos de Diputación.

Al presidente de la Junta y del PP-A le dijeron en su momento que “el tema está controlado en el juzgado”. Así le tranquilizó —según aseguran fuentes del PP almeriense— el propio Javier Aureliano a MBonilla, cuya influencia interna había subido mucho, tanto que semanas antes de ser detenido fue nombrado por Moreno Bonilla vocal de la nueva dirección regional del partido. Ese dato habla por sí solo.

Como también resulta revelador que, un mes antes de la detención de JAGM, el PSOE, personado en la causa, hubiese solicitado la declaración del presidente del PP y de la Diputación ante el juez. Ese dato se lo ocultaron a Juanma Moreno en Almería. De haberlo sabido, no le habría pillado tan de sorpresa la suerte judicial de su hombre fuerte. Se intuía por tanto lo que le iban a preguntar.

Vox, que inicialmente se personó en la causa en 2022, después del correspondiente pasteleo de cargos, se retiró no sin antes retirar los 15.000 euros de la fianza en el Juzgado para la personación. Ahora anuncia que quiere volver a ser acusación. A quienes observan y analizan la política almeriense no dudan al afirmar que la extrema derecha de Vox va a ser la gran beneficiada del caso de corrupción en la Diputación de Almería.

A la hora de valorar las sorpresas, conviene recordar que dos consejeros clave del Gobierno andaluz —Carmen Crespo, hoy eurodiputada, y Ramón Fernández-Pacheco— son piezas esenciales en el tablero político almeriense. No es verosímil que ignoraran la gravedad de lo que se estaba cocinando.

Fernández-Pacheco, además, conoce de primera mano las entrañas del Poniente: ocupó un puesto en Urbanismo de El Ejido, con Paco Góngora como delegado y delfín entonces de Juan Enciso, puesto que abandonó solo semanas antes de que estallara la Operación Poniente. Su retorno a Almería, amadrinado por Rosario Soto, coincidió con el ascenso de un nuevo grupo de jóvenes dirigentes que debían gestionar la herencia de décadas. Jóvenes siempre tutelados por los mayores.

Pero aquí está la cuestión: que ninguno de los dos consejeros almerienses fuese capaz de transmitir al presidente de la Junta la dimensión oculta del escándalo no habla precisamente bien del sistema de alertas internas de un partido que domina la provincia desde la preautonomía sin oposición real.

El estallido actual demuestra algo que Almería conoce demasiado bien: los sistemas blindados acaban cayendo cuando intervienen factores externos, no internos. Por eso este caso es distinto. No nació aquí. No se instruyó aquí. No lo activó ninguna rivalidad local. Lo activó una investigación ajena, independiente, imprevista. Y por eso ha estallado donde más duele.

Almería está hoy ante un espejo que refleja, de golpe, treinta años de poder sin contrapesos. Lo que ocurra en los próximos meses dirá mucho sobre la capacidad de esta provincia —y de Andalucía— para enfrentar, de una vez por todas, un modelo político que ha funcionado demasiado tiempo sin rendir cuentas. Aquí no termina nada. Aquí empieza, por fin, la radiografía completa.

Próxima y última entrega:

“Conclusiones”.

Una reflexión final sobre lo que significa este caso, por qué importa más de lo que parece y qué debería cambiar para que esta provincia rompa por fin con una historia que se repite generación tras generación. Unas historias en las que siempre acaban pagando los mismos, los resignados contribuyentes.