PSOE -Sevilla: cuando un Código Ético se convierte en atrezzo

El acoso a las mujeres no es una anomalía contemporánea ni un efecto colateral del poder moderno. Es un fenómeno histórico, estructural, ligado durante siglos a relaciones de dominación normalizadas. Durante mucho tiempo fue invisible porque estaba permitido. No se denunciaba porque no se podía denunciar. La democracia trajo palabras, leyes y derechos, pero no siempre ha conseguido desmontar las inercias del poder heteropatriarcal.

En España, el acoso sexual en el ámbito laboral no se tipificó hasta el Código Penal de 1995. La Ley de Igualdad de 2007 definió el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como conductas discriminatorias. En 2023 entró en vigor el Convenio 190 de la OIT, que reconoce el derecho a un entorno de trabajo libre de violencia y acoso. El marco legal existe. Lo que falla, demasiadas veces, es su aplicación cuando el conflicto estalla dentro de la familia política.

Las diputaciones provinciales siguen siendo uno de los espacios donde esa contradicción se manifiesta con mayor claridad. Instituciones de utilidad pública difusa, con grandes presupuestos y escaso control ciudadano directo. En la práctica, funcionan como sedes cómodas del poder territorial del partido hegemónico: lugares donde se recoloca a derrotados electorales, se consolida el clientelismo y se normaliza el enchufismo. A ello se suma el uso masivo de asesores, con funciones opacas y una dependencia directa del dirigente de turno.

Cuando una institución se gestiona como una casa de familia política, el trabajo profesional se resiente. Y el riesgo crece: silencios pactados, favoritismos, represalias, celos, envidias y acosos que no siempre se llaman por su nombre.

El presupuesto de este año de la corporación supramunicipal de Sevilla supera los 610 millones de euros, de los cuales más de 523 se destinan al capítulo 1, es decir, a los sueldos del personal.

En Sevilla, dos casos distintos han situado a la Diputación Provincial y al PSOE en el centro de la polémica. No son idénticos, pero comparten escenario, cultura organizativa y una gestión interna que merece una reflexión pública.

Un jefe de RRHH condenado por acoso

El primero es el de Francisco José Toajas, exalcalde de Las Cabezas de San Juan y diputado provincial con responsabilidades actualmente en materia de recursos humanos. No es un cargo menor ni un perfil ajeno al aparato. Toajas ha formado parte de las distintas correlaciones de poder del socialismo sevillano, alineándose siempre con los sectores dominantes en cada etapa de las guerras internas del partido. Sin duda puede ser considerado un hábil superviviente con aspiraciones.

En marzo de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó una sentencia firme por un caso de acoso laboral en un ente supramunicipal del entorno del Bajo Guadalquivir (Adelquivir). La resolución describe un hostigamiento continuado contra una trabajadora, con degradación profesional, aislamiento y uso del poder jerárquico como herramienta de castigo. No se trata de una discusión laboral ni de un conflicto puntual: la sentencia habla expresamente de acoso (Sentencia nº 378/21, Recurso de Suplicación 3527/2020-F, de 11 de febrero de 2021).

El contexto agrava aún más el caso. El gerente implicado había sido condenado años antes por acoso sexual cometido contra una trabajadora entre 2006 y 2007 (Juzgado de lo Penal nº 8 de Sevilla, sentencia de 19 de marzo de 2012). Ese antecedente era conocido. Aun así, lejos de activarse mecanismos de prevención, el responsable político respaldó al gerente y reforzó su posición. La justicia considera a Toajas corresponsable del acoso laboral precisamente por su papel institucional como garante. Y por eso resulta también condenado el político Toajas, por mirar para otro lado.

Pese a ello, Toajas continúa en su puesto. No ha dado explicaciones públicas ni se le han exigido responsabilidades políticas. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, se ha visto obligada a salir al ruedo, aunque sin demasiada fortuna ni convencimiento. Al afirmar que Toajas “ha cumplido su sentencia”, dejó en el aire una pregunta esencial: ¿qué sentencia? Porque la condena no implicaba automáticamente la depuración de responsabilidades políticas. Esa es la línea oficial que ha decidido adoptar la dirección del partido en un asunto que afecta e interesa a mujeres y hombres en la calle, especialmente sensibilizados con lo que se está conociendo en las últimas semanas y meses en relación con la doble moral de muchos dirigentes políticos. Da la impresión de que estamos más ante la explosión de una olla a presión que ante una conspiración interna.

Más discutible aún fue la idea implícita ofrecida por la candidata socialista a la Junta de Andalucía de que existen dos tipos de acoso contra las mujeres, uno sexual y otro laboral, como si este último fuera de menor entidad. No lo es. Ambos son expresiones del peor machismo y del abuso de poder. Ambos vulneran derechos fundamentales. Y ambos merecen un debate público, no un cierre en falso como han propiciado.

Y dos querellas en vía penal

El segundo caso tiene un recorrido distinto, pero no menos sonoro. Afecta a Demetrio Pérez Carretero, jefe de gabinete del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, que a su vez es Secretario General provincial del partido. En este asunto, una trabajadora denunció acoso laboral ante los órganos internos del PSOE. Demetrio Pérez es un veterano militante del partido; Susana Díaz, con la que mantuvo discrepancias internas, lo nombró delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla entre 2005 y 2008.

La Comisión de Ética y Garantías del partido (Comisión Instructora del PSOE de Sevilla exactamente) resolvió el expediente claramente a favor del denunciado. En su resolución sostuvo que “no ha quedado acreditada la existencia de conductas constitutivas de acoso laboral en los términos definidos por el protocolo del partido” y que los hechos “se encuadran en discrepancias propias del ámbito organizativo y laboral”. Con esa decisión, el partido dio por cerrado el caso. A otra cosa.

Conviene recordar quiénes integraban esa comisión instructora y señalar que quien la presidía era el Secretario de Organización Rafael Recio, que posteriormente aparecería denunciado como conocedor previo del presunto acoso laboral, un detalle que, como mínimo, plantea dudas sobre la imparcialidad del proceso. Bajo su presidencia actuaron dos mujeres como Secretaria 1ª y 2ª, Rosario Andújar y Amparo Rubiales, presidenta esta última del PSOE de Sevilla, figura histórica del feminismo y referente moral del socialismo andaluz, cuya posición institucional en este caso añade una capa más de complejidad e incomprensión para muchos militantes. En el documento de resolución, en este caso sí se habla de “acoso” y se recoge literalmente lo siguiente en su segunda argumentación jurídica: “El acoso laboral, tal y como se define en la legislación laboral aplicable, artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores, constituye una conducta reprobable que, de probarse, podría dar lugar a la imposición de sanciones disciplinarias”. Cabe preguntarse por qué la dirección provincial del PSOE sevillano no aplicó esa misma filosofía en el caso Toajas, señalado y condenado en sentencia.

La resolución interna de la dirección del PSOE de Sevilla no puso fin al conflicto. El denunciado, Demetrio Pérez Carretero, presentó una querella contra la denunciante. Ella, hija de una persona muy próxima en su día a Alfonso Guerra, ha terminado recurriendo a la vía penal, no le han dejado otra salida, dicen en su entorno. Un detalle adicional llama la atención en círculos políticos y mediáticos sevillanos: el fichaje como abogado de la supuesta víctima de Luis Romero, un letrado conocido entre otras cosas por su capacidad y habilidad para manejar la comunicación pública en defensa de los intereses de sus clientes, como demostró recientemente en el caso de los militares de Cerro Muriano. De prosperar el procedimiento en el juzgado, previsiblemente habrá información puntual de parte o lo que es lo mismo, titulares y desgaste político. Ah y para que no falte nada, me aseguran que habrá fonoteca con contenidos que harán hablar las piedras. Veremos.

En un caso hay una condena judicial sin consecuencias políticas. En el otro, una resolución interna que exonera, encuadra los hechos como discrepancias laborales e irremediablemente traslada el conflicto a los tribunales, con una comisión cuestionada y una dirección provincial que opta por cerrar filas. En ambos, el denominador común es el mismo: el partido falla a la hora de aplicar con rigor el código ético que proclama, o al menos genera dudas más que razonables sobre sus decisiones entre la militancia que calla y, perdonen, algunos/as flipan en colores.

No estamos ante anécdotas ni ante ajustes de cuentas personales. Estamos ante manifestaciones de machismo en el ejercicio del poder, ya sea en forma de acoso sexual o de acoso laboral. Diferenciarlos para minimizar uno u otro no solo es un error político: es una mala señal democrática que en nada beneficia a la larga lucha por los derechos de las mujeres.

El PSOE quizás tenga todavía una estrecha oportunidad para salvar la cara. Limpiar la casa de verdad. No solo el salón principal, también los apartamentos alquilados -vulgos chiringuitos-  donde, según se comenta en voz baja, han pasado cosas que todos conocen y pocos se atreven a escribir o a verbalizar ante una cámara.

Limpiar no es un comunicado ni una consigna. Limpiar es aplicar el código ético sin apellidos. Mientras tanto, ahí quedan a día de hoy escenas irritantes y vergonzosas: hombres de los que casi todo el mundo sabe lo que le han hecho a algunas mujeres  como machistas y como agresores que son, pero a los que rodean y pelotean porque tienen poder y lo ejercen. Ese síntoma, de difícil percepción desde fuera, confirma algo inquietante: lo bajo que cotiza en los bajos fondos de la política y de la economía el respeto y los derechos hacia las mujeres, esos mismos derechos de los que se les llena la boca en público.

La dirección del socialismo sevillano no debería olvidar que, cuando un código ético se convierte en decorado, deja de ser una garantía democrática y pasa a ser simple atrezzo.