Recordar El Algarrobico: no es un error aislado, es un problema estructural
El hotel ilegal que nadie quiso tumbar a tiempo vuelve a enfrentar al Estado con la promotora tras veinte años de sentencias incumplidas.
Esta es la historia del inicio de un gran desastre urbanístico y político. El Hotel El Algarrobico nace formalmente a principios de 2003, con la concesión de licencia municipal para construir un megacomplejo hotelero de 411 habitaciones en Carboneras (Almería), en pleno entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La promotora Azata del Sol había adquirido el suelo urbano años antes, pero fue el Ayuntamiento de Carboneras, presidido por Cristóbal Fernández, quien otorgó la licencia de obras en enero de 2003. Ese acto administrativo habilitante, en un paraje que la legislación ambiental ya protegía, marcó el punto de partida de dos décadas de litigios, recursos y controversias políticas.
Desde entonces el caso ha ido acumulando resoluciones judiciales, decisiones contradictorias sobre la calificación del suelo y una larga serie de administraciones que, por acción u omisión, han permitido que el edificio siga en pie mucho tiempo después de que sus condiciones legales quedaran en entredicho.
Jurisprudencia enredada y política que tardó en actuar
En 2006, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería ordenó la paralización de las obras a raíz de recursos de asociaciones ecologistas, lo que marcó el primer gran revés judicial al proyecto. Pese a ello, el caso se enredó en recursos y distintas interpretaciones jurídicas sobre si el suelo era urbanizable o no, sobre todo tras la aprobación de planes ambientales de la Junta de Andalucía en 1994 y 2008.
La propia Junta de Andalucía, bajo los gobiernos socialistas de Manuel Chaves primero y de sus sucesores después, aprobó instrumentos de ordenación del territorio que, dependiendo de cómo se interpretaran, dejaban una puerta abierta a la construcción o, por el contrario, a su prohibición. Esta ambigüedad y la falta de determinación para revertir la situación ha sido uno de los factores que más ha prolongado el conflicto.
Una responsabilidad compartida: socialistas, populares y omisiones
Es cierto que históricamente el PSOE ha sido señalado como el principal responsable político de sostener o no desmontar el proyecto. A nivel autonómico, figuras del PSOE como Martín Soler —durante años máximo responsable del partido en Almería y consejero de la Junta— estuvieron implicadas en las dinámicas institucionales en torno al Parque Natural, la zonificación ambiental y los informes sobre la viabilidad del hotel. Su presencia en diversas etapas del proceso político regional ayuda a comprender por qué el debate no se cerró con una revocación clara del proyecto hace años.
Por otra parte, el Partido Popular (PP) también ha tenido un papel relevante: más allá de declaraciones públicas de apoyo al hotel como “dinamizador turístico” y de cuestionar medidas que implicaran su demolición, el PP gobernó instituciones centrales durante años y nunca impulsó de manera decidida una ejecución que hubiera ordenado la demolición o la reversión definitiva del suelo. Hay evidencia en archivos de prensa y de actos institucionales de dirigentes populares defendiendo la legalidad o la conveniencia del proyecto como factor de desarrollo económico local, algo que en la práctica contribuyó a sostenerlo. Esta combinación de acciones y omisiones de ambos grandes partidos explica en buena medida por qué el edificio aún sigue en pie.
El gobierno actual, la expropiación y el pulso del justiprecio
A finales de 2024 y en 2025 el caso volvió a la actualidad con fuerza tras la admisión a trámite de una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte de colectivos ecologistas, por la falta de ejecución de las sentencias. En febrero de 2025, el Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez con María Jesús Montero y Sara Aagesen al frente de las áreas económicas y medioambientales, anunció la iniciativa estatal para expropiar los terrenos necesarios para poder demoler el hotel, marcando un giro institucional significativo tras años de bloqueo.
La noticia publicada hoy refleja precisamente la tensión que sigue viva: la promotora reclamaba 44,5 millones de euros como indemnización en la expropiación, mientras el Ministerio para la Transición Ecológica calcula apenas 16.500 euros —un pulso que deja en evidencia lo lejos que sigue la resolución de fondo tras más de dos décadas de batalla jurídica y política.