Sevilla: el precio de la turistificación

El sábado paseaba por el centro de la ciudad —aún no nos cobran por ello, aunque sospecho que es solo cuestión de tiempo— y volvió a hacerse claro una antigua constatación que solo cobra fuerza al observar lo más elemental: un lugar puede estar lleno de gente y vacío de sus vecinos al mismo tiempo, lo cual, pensándolo bien, es una hazaña considerable. No es que escaseen las sevillanas y sevillanos; es que han empezado a comportarse como los fantasmas de las buenas casas de campo, esos que siguen viviendo allí pero a los que ya nadie ve. Entre el estrépito de las maletas con ruedas, las terrazas que han invadido la acera con la tranquila insolencia de un ejército que no espera resistencia, y los grupos de turistas que siguen un paraguas con la fe ciega que antes se reservaba a las procesiones, la ciudad seguía estando allí, en efecto, pero como quien reconoce la casa de su infancia convertida en museo: los muebles son los mismos, pero ya no puede uno habitarla. Hablaba otro idioma, cobraba en otra moneda y, lo más curioso de todo, parecía dirigirse a cualquiera menos a mí. Esta sensación, que a primera vista parece un capricho del ánimo, tiene en realidad nombre y apellidos, y no es ningún misterio: cuenta, sobre todo, con culpables. Y tiene, además, paisanos condenados a denunciarlo, como quien protesta educadamente por el ruido en su propio hogar.

José Luis Sanz, al frente de un gobierno de PP y Vox, ha convertido el trile en forma de gestión. Lo insólito no es que incumpla sus promesas, sino el descaro con el que afirma haberlas ejecutado. El truco: ofrecer una cosa, hacer la contraria y convencernos después de que hemos visto justo lo que nos anunciaron. Mientras dura el numerito, la capital avanza en una sola dirección: la de ser un gran decorado para el visitante.

Sanz no se ha limitado a heredar la política de turismo masivo de sus antecesores; la ha pisado a fondo y, encima, la vende como un logro. Ayer mismo pedía «cuidar y mimar el turismo» como «principal industria de Sevilla». Cabe preguntarse quién cuida y mima a la población que lo soporta.

Existe aquí una cuestión que hay que señalar sin rodeos: una cosa es que un municipio genere riqueza y otra muy distinta que esa abundancia se reparta entre quienes lo habitan. Sevilla produce valor a espuertas, pero la pregunta que nadie en el consistorio quiere responder es quién se lo lleva y qué le queda al residente. Cada vía y cada plaza se están transformando en una línea de negocio para alguien que ni vive aquí ni piensa hacerlo.

El caso del festival Icónica en la Plaza de España es el síntoma más descarado: patrimonio convertido en escenario de conciertos y una lluvia de críticas que el Gobierno local ha aguantado sin inmutarse. Tras la Plaza de España, le llega el turno a la Plaza Nueva. Codo con codo con el sector hotelero, la administración avanza en llenarla de veladores: otro regalo al negocio privado, esta vez sin disimular.

El casco urbano entero funciona ya como una mercancía que se compra y se vende. La privatización en la Plaza Nueva puede reportarle a su dueño decenas de miles de euros al año. Ese dinero sale directamente de un enclave que antes era de todos y que ahora pretenden que esquivemos con el codo para poder cruzar. Poner en valor un entorno es una cosa; ponerle precio y cobrárselo a quien habita en él es otra muy distinta.

De ahí surge ese urbanismo pensado para la foto de inauguración y no para el día a día: obras interminables y chapuzas disfrazadas de reforma. La calle Imagen se ha convertido en una plancha de hormigón que, en verano, evoca más una pista de aterrizaje que un rincón hispalense. En un lugar donde la sombra debería ser una infraestructura básica —al mismo nivel que la luz—, se siguen talando árboles en silencio, uno tras otro.

Y sin embargo, nada de esto es inevitable, por más que el Ayuntamiento lo presente como progreso sin alternativa. Otras ciudades europeas que sufrieron antes esta misma fiebre ya han empezado a tomar medidas, y no hace falta inventar la pólvora: limitar de verdad el número de licencias de pisos turísticos en el centro histórico, en lugar de anunciar moratorias que luego se llenan de excepciones; someter cada nueva ocupación de espacio público —veladores incluidos— a un límite estricto de metros cuadrados y a una tasa que se destine, con trazabilidad pública, a vivienda asequible para residentes; exigir que actos como Icónica se celebren en recintos pensados para soportarlos, no en un patrimonio que se agrieta cada verano; proteger el arbolado urbano por ley municipal, con reposición obligatoria y sanciones reales, no cosméticas, para quien lo tale sin justificación; y, sobre todo, abrir el debate urbanístico a la ciudadanía antes de firmar los pliegos, no después, cuando ya solo queda protestar ante un hecho consumado. Nada de esto es utópico: es, simplemente, lo que hace un gobierno que gobierna para quien vive en la ciudad y no para quien solo la visita tres días.

La identidad de un pueblo no se vende de golpe porque eso levantaría sospechas; se subasta a plazos, con la paciencia de un estafador experimentado. Llega un día en que levantamos la mirada y descubrimos que la ciudad sigue ahí, con el mismo nombre y el mismo escudo, pero ya no nos pertenece. Recuperarla y decidir para quién se construye esta tierra es la única pelea que merece la pena, porque todas las demás son solo parte del espectáculo. Ni siquiera aquel verso irónico de Machado, el que imaginaba una Sevilla despojada de sus tipos populares como una broma feliz —«Sevilla sin sevillanos, ¡oh maravilla!»—, se atrevió a imaginar que la broma se convertiría un día en programa de gobierno.