Ayesa, condenada a readmitir al expresidente de su Comité de Empresa

El Juzgado de lo Social Nº 5 de Sevilla, del que es titular la magistrada Mª Amelia Lerdo de Tejada, ha dictado el pasado día 9 una sentencia contra la multinacional sevillana Ayesa que pone, de momento, punto y final judicial a un episodio “contra la libertad sindical y de expresión” de Francisco José Barjas Fernández, presidente que fue del Comité de Empresa de dicha compañía.

En el fallo de la magistrada se lee textualmente que “se declara la nulidad del despido del actor condenando a la demandada a la readmisión del mismo en su puesto de trabajo, dándole ocupación efectiva acorde con su categoría profesional de analista, abonando los salarios de tramitación correspondientes así como la indemnización por importe de 12.000 euros, por vulneración del derecho a la libertad de expresión y a la libertad sindical, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y al abono de las cantidades”.

La mercantil afectada por este revés judicial, según fuentes sindicales, anuncia que recurrirá nuevamente la sentencia adversa a sus intereses, aunque de momento vuelve a contar con el trabajador, cobrando su salario, pero sin tareas concretas a desarrollar.

Se trata de Ayesa Advanced Technologies S.A que, a su vez, depende de un conglomerado de accionistas donde se halla capital público de la Junta de Andalucía vía Soprea en un 22% del capital. Desde mayo de 2011 hasta junio de 2015, la compañía tuvo la siguiente composición accionarial: Ayesa Inversiones Virtuales S.A., Grupo Mercantil Ayesa:51%. Soprea, 22 %. Endesa, 22%. Cajasol: 5 %.

Desde junio de 2015 en adelante: Ayesa Inversiones Virtuales S.A., mercantil Ayesa:73%, Soprea: 22 % e Hiscan Patrimonio S.A.U. 5%.

Suspensos en relaciones laborales

Esta causa ha revelado, además, que las relaciones de la empresa, liderada por la familia del fundador de Ayesa, José Luis Manzaneres, son mucho mejores con el poder que con la representación legal de sus trabajadores. Numerosas sentencias judiciales aparecen como pruebas en el proceso que vienen a confirmar que el grupo Ayesa no es ejemplar en su política de relaciones laborales.

Llama la atención de la magistrada en su sentencia cuando se refiere a la actuación de un supuesto instructor, nombrado por la empresa, de los dos expedientes instruidos contra el trabajador despedido. En la prueba del juicio queda demostrado, según la resolución, que todo fue un paripé, firmando los dos instructores del expediente todos los papeles que la empresa les puso por delante. Por supuesto también queda demostrado que el afectado no fue requerido en ningún momento para que ofreciese la versión de los hechos que se le imputaban.

El pecado más grave cometido por el sindicalista fue trasladar en persona a la presidenta de la Junta y a los Grupos del Parlamento de Andalucía un escrito de ocho puntos donde se denunciaban las practicas antisindicales de la empresa con capital público. Todo ello en un contexto de crisis general, especialmente duras en la empresa sevillana que siempre soñó con hablarle de tu a la Abengoa de los Benjumea.

A Ayesa no le gustó nada que sus trapos sucios saliesen a la luz en el Parlamento, algo que les ponía en una situación incómoda dado que la Junta, en esos años de vacas flacas, era algo más que un clavo ardiendo para el ingeniero José Luis Manzanares y su imperio multinacional.

Los 8 puntos de la carta que irritaron especialmente a Ayesa

Ayesa Advanced Technologies S.A ha sido condenada en firme por el TSJA con sentencia número 1406/2015 por vulneración de derechos fundamentales de libertad sindical y a la dignidad del Presidente del Comité de Empresa, contra el que la propia sentencia reconoce comportamiento acosador de la empresa contra el mismo.

Ayesa Advanced Technologies S.A ha sido condenada por el Juzgado de lo Social número seis de Sevilla, sentencia 40/15 por violar el derecho a la información que tiene el Comité de Empresa. Asimismo, ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo en sucesivas ocasiones por incumplir derechos de los trabajadores y de los representantes legales de los trabajadores.

Ayesa Advanced Technologies S.A viola sistemáticamente los derechos sindicales y ha reprimido a delegados sindicales por el ejercicio de la libertad de expresión, sancionándolos con faltas muy graves, existiendo una sentencia revocatoria parcialmente de dicha sanción y estando judicializados los otros 10 expedientes abiertos.

Ayesa Advanced Technologies S.A niega sistemáticamente la negociación colectiva, prueba de ello es la impugnación judicial del Plan de Igualdad ante la Audiencia Nacional.

Ayesa Advanced Technologies S.A tiene sentencias judiciales en contra, reconociendo la nulidad de diversos despidos, por despedir a mujeres embarazadas, recién paridas y con reducción de jornada por cuidado de hijos.

Ayesa Advanced Technologies S.A crea un clima laboral terrorífico despidiendo trabajadores con condiciones decentes para derivar el trabajo a otras empresas del grupo Ayesa, creando al efecto de precarizar el máximo las condiciones de trabajo depauperando al máximo las condiciones laborales de los trabajadores. Un ejemplo de ello es que en la empresa ATECH BPO , sociedad cuyo 100 % propiedad de Ayesa, los trabajadores y trabajadoras debían de picar salidas hasta para ir al baño, forzando la Inspección de Trabajo a la empresa a retirar dicha medida por atentar contra la intimidad de los trabajadores.

Ayesa Advanced Technologies S.A ignora por completo la seguridad y la salud de los trabajadores, no interviniendo sobre los riegos muy elevados señalados por la encuesta de riesgos psicosociales, realizada porque la Inspección de Trabajo se lo requirió tras una denuncia de los Delegados de Prevención. La intervención sobre dichos riesgos (4 muy elevados de 9 valorados) requieren intervención inmediata, haciendo más de un año fueron advertidos y habiendo sido la actuación en este tiempo inexistente.

El grupo Ayesa está vaciando de contenido Ayesa Advanced Technologies S.A desviando cargas de trabajo y patrimonio a otras empresas del grupo como fórmula para obtener más beneficios a costa de agudizar el grado de explotación de los trabajadores .

Tras conocer Ayesa el contenido del escrito entregado por el presidente de su comité de empresa a la presidenta de la Junta, se activaron los mecanismos de defensa de los intereses de Ayesa y de la familia Manzanares, liderada por Arantxa Manzanares, Vicepresidenta Corporativa del Grupo y Presidenta de Ayesa Advanced Technologies S.A,  culminando la defensa con el despido del dirigente sindical  y presidente del C.E. La gran acusación fue que se faltaba a la verdad en todo lo que se denunciaba. La sentencia afirma sin embargo que “de forma que la falta de veracidad alegada por la empresa realmente es que imputan al trabajador que no ha dicho las cosas en la comunicación como la empresa entiende que se deberían haber transmitido” y más adelante se añade: “lo cierto es que de la prueba practicada no podemos llegar a la conclusión que el demandante en la carta falte a la verdad, de forma que ha practicado prueba que acredita una realidad de cada uno de los puntos esgrimidos en la carta. Cuestión distinta es que efectivamente no ha relatado el contenido de las sentencias en la parte que podría beneficiar la imagen de la empresa y ha expresado determinadas situaciones de una forma general interpretando la realidad a su beneficio, como puede ser el punto relativo a las denuncias a la Inspección de Trabajo de las que sólo han concluido tres en Actas de infracción” (…) “con su actuación la empresa parece pretender que el actor ejercite la acción sindical en la manera que la propia empresa estima adecuado y por tanto, infringe directamente el derecho a la libertad sindical”.

La Coordinadora Sindical de Clase (CSC), sindicato con fuerte implantación en la plantilla de Ayesa, ha hecho público un comunicado que hallarán en este enlace.

“Desde La Coordinadora Sindical de Clase (CSC), exigimos a la Junta de Andalucía que tome cartas en el asunto, recupere el control de esta empresa estratégica en el sector de las TIC y obligue a cumplir de una vez los derechos de los trabajadores y trabajadoras, dejando de mirar hacia otro lado ante la violación de los derechos de los trabajadores”.