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Bajo plástico, bajo silencio: los cuerpos que nadie reclama en el Poniente

Mujeres jóvenes, prostitutas, estranguladas y abandonadas en lugares apartados, lejos del asfalto y aún más lejos de la mirada pública.

La localidad almeriense de Berja y toda la comarca del Poniente se encuentra consternada hoy lunes 29 de septiembre ante el hallazgo del cadáver de un funcionario del Ayuntamiento de El Ejido en el maletero de un coche. La investigación está abierta para determinar la autoría de lo que a todas luces apunta como un asesinato, ya que oficialmente se ha hablado del uso de violencia en esta muerte de un hombre muy querido y conocido en la comarca.
Un asesinato más en el Poniente, una extraña muerte que confiemos pueda aclararse esta vez. En la historia reciente de la comarca encontramos otros casos que nunca llegaron a juzgarse.

 

En el Poniente almeriense hay un mapa que no se dibuja en folletos turísticos: Punta Entinas, Almerimar, Cuatro Vientos, Aguadulce. En esas coordenadas se repetía, una y otra vez, el mismo hallazgo: mujeres jóvenes, prostitutas, estranguladas y abandonadas en lugares apartados, lejos del asfalto y aún más lejos de la mirada pública. No es una intuición; es historia criminal: de 1991 a 1996 se encadenan casos con un modus operandi casi calcado y una respuesta institucional que nunca llegó a la verdad judicial.

 

El 6 de octubre de 1991, en la Charca de la Guarra (Punta Entinas), aparece el cuerpo semidesnudo de una mujer. Ni la lluvia ni las riadas borraron el patrón: zona natural, apartada, sin testigos. El expediente duerme sin autor conocido.
1992 dejó dos golpes más en El Ejido. En verano, unos restos calcinados emergen del vertedero municipal. Y ese mismo año, María Muñoz “La Tamara”, prostituta, aparece arrojada y estrangulada junto a la entrada de Almerimar. Ni siquiera las fechas cuadran entre los papeles —marzo u octubre, según la fuente—, pero sí el guion: lugar alejado, cuerpo desnudo y silencio. Nadie ante el juez.
En Aguadulce, 25 de enero de 1993, María Leal, 22 años y embarazada, aparece desnuda entre cañaverales, con golpes y señales de asfixia. Seis meses después, en el paraje de Cuatro Vientos, un agricultor encuentra a Khadija Monsar “Katy”, 25 años, semidesnuda, con la boca sellada y marcas de estrangulamiento. Otra vez descampado; otra vez ningún culpable.
Al conjunto se suman, ya fuera del Poniente, Nadia Hach Amar (1994, capital) y Aurora Amador (1996, playa del Palmer). Todas jóvenes. Todas estranguladas. Todas abandonadas al aire libre. Todas impunes. Durante años, la prensa habló del “Jack el Destripador almeriense”: una decena de asesinatos sin sentencia, con coincidencias claras en víctimas y escenario.
Lo que sigue no es una disputa académica sobre si hubo uno o varios autores. Lo indecente es otra cosa: un patrón tan repetido en mismo territorio y mismo colectivo vulnerable que no encontró respuesta eficaz. Cuando el lugar del crimen es siempre fuera de foco —una rambla, una charca, un paraje agrícola— la pericia técnica tenía que ser doble. No lo fue. En Almería se instaló la idea de que “ellas” no tenían arraigo y nadie las echaba de menos. Ese prejuicio mata dos veces: primero a la víctima, después a la investigación.

 

Y mientras todo eso sucedía, el Poniente almeriense era un territorio atravesado por la corrupción política y económica, como probó años después la sentencia de la Operación Poniente, que destapó la trama de facturas falsas y el saqueo municipal en El Ejido. La sensación es que los recursos públicos se destinaban más a engrasar redes clientelares que a proteger a las víctimas más vulnerables.
No es irrelevante, además, quién gobernaba. Desde los noventa hasta hoy, el Poniente ha sido un feudo político de la derecha y la extrema derecha. El ejemplo más claro: Juan Enciso, alcalde de El Ejido durante dos décadas, primero del PP y después con su propio partido, el PDAL, surgido a la derecha del PP tras su ruptura. Bajo ese dominio político se incubaron tanto el clientelismo como la desatención policial y judicial de casos incómodos que no generaban presión social.
Los años pasaron y el Poniente siguió arrojando titulares trágicos. En 2018, Roquetas volvió a ser noticia por el asesinato de Nagjia, una mujer que ejercía la prostitución; hubo detención por ADN. El caso probó que sí se puede cuando hay prioridad y medios, y que la vulnerabilidad de estas mujeres sigue vigente.
Lo que dicen los datos:
•Escenario: repetición de parajes apartados del Poniente (Punta Entinas, El Ejido, Aguadulce).
•Víctimas: jóvenes, en prostitución; con frecuencia desnudas/semi desnudas.
•Causa de muerte: estrangulación/asfixia, golpes; no armas de fuego.
•Resultado judicial: la mayoría sin autor conocido; sin condenas.
Dejemos constancia de los déficits estructurales:
1.Protección nula de un colectivo hipervulnerable.
2.Cultura policial-judicial que toleró la impunidad de un mismo patrón criminal durante años.
3.Coordinación deficiente entre cuerpos y gestión de la escena mejorable.
4.Memoria selectiva: si no hay presión social, el caso se archiva de facto.
En una zona de alta delincuencia, convertida en motor agrícola y foco de corrupción, la exigencia debía ser mayor, no menor.
Cierro con una evidencia: estos crímenes existieron y se parecían demasiado entre sí como para tratarlos como accidentes aislados. El Poniente no solo produce fruta y verdura: también produce silencios. Y esos silencios, cuando cubren mujeres pobres que venden su cuerpo para sobrevivir, son intolerables.