Corrientes ideológicas en la Administración Trump (VI) : Carl Schmitt con un extracto del informe de HRW2026

Para The Economist ha regresado el capitalismo de las cañoneras. Hemos de tener muy presenta que en la modernidad las grandes empresas, como las compañías de las Indias Orientales de Inglaterra y Países Bajos, eran colaboradoras de sus Estados financiándolos a veces directamente. Krupp en la Alemania nazi y Mitsubishi en el Japón del film Tora Tora, sostuvieron la industrialización mientras sus gobiernos, con los aparatos del Estado, aseguraron recursos mineros y primeras materias varias, así como mercados a sus producciones. De tal manera que los lideres que asumen el poder en los países más fuertes diseñan las líneas de sus negocios como ocurre con Trum en Estados Unidos. The Wall Street Journal informa hoy 4 de febrero de que el Sheikh Tahnoon al Nahyad, de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos adquirió una participación del 49% Len WLF valorada en 500 millones de dólares, cuatro días antes del de la toma de posesión de Trump, de los cuales 187 millones de dólares se destinaron a la familia del presidente. WLF es una empresa de criptomonedas de la que Trump es uno de sus nueve fundadores junto con sus hijos Donald, Eric y Barrón.

En los informes anteriores he recogido el diseño de sociedad pretendida por los tecnooligarcas y los teóricos doctrinales que arropan el trumpismo como estructura política a alcanzar cuanto antes: cerrada totalitaria, compuesta íntegramente de subordinados, masiva, jerárquica y que no admite la mínima desviación de sus miembros y exige absoluta e inmediata. obediencia   El deber de fidelidad a quien les gobierna supera a veces no solo toda inclinación o deseo, sino toda regla elemental de conducta moral. Donde existe un mandato superior no hay lugar para ninguna forma de contención legal, apareciendo como despiadados, vengativos y usando armas de cualquier tipo sin pudor. Jochen afirma, siguiendo a Walter Bejamin, que “el dinero es el médium ontosemiologico de la modernidad, que posee los atributos que antaño se atribuían a los dioses”.

Human Rigth Watch, HRW, una muy importante ONG norteamericana de defensa de los derechos humanos acaba de publicar su Informe anual 2026, del que resumo lo más esencial dentro del contexto de las columnas que venimos publicando.

HRW propone formar una «alianza estratégica» para preservar el orden internacional basado en normas ante la  amenaza que supone la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y «otros líderes autocráticos», pues la presión constante, omnipresente e implacable del gobierno norteamericano y el embate de China y Rusia, pretenden destrozar y barrer el orden internacional basado en normas y la desaparición de la arquitectura de Derechos Humanos que hemos hecho para proteger libertades». El jurisconsulto alemán del pasado siglo, inspirador de buena parte de la arquitectura jurídica del nazismo creó el concepto de “gran espacio” en el cual un estado dominante tiene la hegemonía completa y ejerce su dominio sobre entidades políticas vasallas en ese territorio regional, cuidando de no interferir en aquellos espacios de las otras potencias dominantes. Solo la cerril ceguera de los esclavos políticos de Trump en España y en Europa, o la pereza mental de los políticos opuestos a semejantes planteamientos, explican que no se tenga claro lo que pretende Trump y está llevando a cabo. Desde mi punto de vista el fin último de esta política trumpista es, con Schmitt, que ninguna potencia podría reclamar territorios fuera de su área de dominio regional y esa seria la base de un nuevo orden estable configurado por los tres o cuatro grandes superestados que se repartirían el control real de los otros estados menores por vía de una especie de vasallaje feudal.

El informe de HRW analiza la actuación de la administración actual norteamericana en su propio país: “La Administración Trump realiza una ofensiva total contra pilares clave de la democracia estadounidense y del orden global basado en normas. Alegando que existe un riesgo de ‘borrado de civilización’ en Europa y apelando a clichés racistas para calificar a poblaciones enteras como no bienvenidas en Estados Unidos, adopta políticas afines a la ideología del supremacismo blanco». Trump ha atacado la independencia judicial; ha utilizado el poder del gobierno para intimidar a oponentes políticos, a medios de comunicación a abogados, mientras que ha impulsado una política exterior basada en el «desprecio explícito» a sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y a las instituciones multilaterales. Y se ha jactado de que no ‘necesita el derecho internacional’ como límite, sino únicamente su ‘propia moral.

Trump intenta poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Constitución desde el siglo XIX., restringir el voto, incluyendo eliminar el voto por correo y las máquinas de votación en medio de sus constantes denuncias de presunto fraude electoral en las elecciones de 2020, arrestos masivos contra inmigrantes, principalmente negros y latinos, violando el debido proceso y «fomentando el miedo» entre la población migrante. La Justicia ha paralizado cientos de «procesos abusivos», como intentos de deportar a menores no acompañados a países como Guatemala, ha revocado una normativa que limitaba este tipo de redadas en «lugares sensibles», como escuelas, hospitales o iglesias, numerosos estudiantes universitarios inmigrantes han sido detenidos y sometidos a procedimientos de deportación debido a sus posturas políticas, recortes en programas de salud reproductiva; ha cancelado programas de diversidad, igualdad e inclusión. Retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, cuyo objetivo es limitar el aumento de la temperatura global; del desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de los recortes en ayuda exterior estadounidense, ha sacado a Estados Unidos de foros multilaterales cruciales para la protección global de los Derechos Humanos y ha retenido las cuotas asignadas a Naciones Unidas, lo que socava la capacidad de la ONU para apoyar adecuadamente sus programas, las operaciones humanitarias y las misiones de mantenimiento de la paz. Sus ataques militares contra pequeñas embarcaciones en el Caribe, matando a presuntos narcotraficantes, «constituyeron ejecuciones extrajudiciales manifiestamente ilegales», según el Derecho Internacional. Demuestran el «decidido giro hacia el autoritarismo en Estados Unidos».