¡ Cuidado con Richelieu !

Decía el cardenal Richelieu: “Dadme dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado, y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar.” A pesar del tiempo transcurrido puede que la afirmación de l’Éminence rouge  tenga hoy una extemporánea actualidad por esa ola de presuntos lawfare que salpican a nuestro país. El hecho de que haya una diabólica unanimidad entre los operadores judiciales sobre la normalidad de algunas  actuaciones de los tribunales muy politizadas y que impongan la consideración de que su censura supone una intromisión en la independencia del poder judicial, confundiendo o intentando confundir independencia con arbitrariedad, suponen una quiebra grave de la convivencia democrática. Si la justicia carece de credibilidad, los ciudadanos, sus vidas y sus haciendas están en la almoneda.

Una justicia que se marca unos objetivos políticos y pone en marcha el sistema judicial al objeto de prospectivamente intentar llegar al objetivo previsto es volver a la metafísica del derecho inquisitorial, inquisitio hereticae pravitatis, en el que el principio in dubio pro reo (en caso de duda se favorece al reo) es sustituido por el de in dubio pro fidei (en caso de duda, se favorece la causa de la fe), es decir, un modelo de justicia punitiva en el que una parte o todo el tribunal  es también parte interesada en el proceso penal, en lugar de una instancia imparcial entre dos partes enfrentadas.

El reciente archivo de la causa contra Mónica Oltra, ex vicepresidenta del Gobierno valenciano, que tuvo que dimitir por su imputación, ha sido el último de una retahíla de casos con un mismo patrón: apartar a ciertos políticos de izquierdas de las instituciones. Así, se puede citar, entre otros, a Podemos, con la macrocausa Neurona; el Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT), pasando por los Comuns, Ada Colau, Isa Serra, Alberto Rodríguez o Victoria Rosell. La persecución judicial a Podemos, en un lawfare de libro, se producía mientras se descomponía el Consejo General del Poder Judicial en funciones (CGPJ), entregado en cuerpo y alma a hacer política con y para el Partido Popular.

Hace unos años, Mónica Oltra anunció su dimisión dejando una reflexión que hoy vuelve a cobrar sentido: “Que nadie se pregunte de aquí a veinte años, de aquí a veinte meses, qué cojones pasó en este país. Porque este país tiene un problema cuando absuelve corruptos, cuando M. Rajoy no es un indicio, y se encausan inocentes. Y pasan Vickys Rosells, y Albertos Rodríguez, y las niñeras. Y este país es un problema cuando no nos defendemos de la extrema derecha. Este país tiene un problema… Este país tiene un problema cuando nos desubicamos. Ganan los malos. Lo que más siento y lo que me gustaría evitar es que nadie piense que no es posible hacer políticas de izquierdas, que no es posible plantarle cara al poder, plantarle cara a la corrupción, plantarle cara a la oligarquía y a los poderosos. Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas, y el día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado también”.

Como no recordar el poema de Martin Niemöller:

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío,

Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.

El franquismo no ha sido derrotado y es el basamento ideológico de la derecha en España. Por ello, para los conservadores sigue vigente la norma de la dictadura con respecto a los poderes del Estado sustanciada en la máxima: unidad de mando y diversidad de funciones, por lo cual la justicia tiene que estar al servicio del mando y el mando es la derecha y las oligarquías que defiende, cualquier otra forma de poder es ilegítima porque la soberanía popular es para el conservadurismo un equívoco y una debilidad del mando que tiene que ser neutralizada mediante la artimaña y el embeleco. En alguna otra ocasión he recordado que alguien tan poco sospechoso de afiliación izquierdista como Emilio Romero, ínclito falangista director del diario “Pueblo”, afirmó que la derecha, para ganar unas elecciones tenía que mentir y la izquierda, sin embargo, no. Simplemente porque la derecha defendía los intereses de doscientas familias y eso no daba votos suficientes. Es por ello que la hegemonía de la derecha en nuestro país requiera la degradación material y moral de la democracia y, consecuentemente, la de los poderes del Estado.

Es necesario no llevarle dos líneas escritas al cardenal Richelieu.