El centro derecha y la policía

Dice Alberto Nuñez Feijóo, entre otros compromisos con las fuerzas de seguridad en un vídeo electoral, que va a “reforzar el principio de autoridad de los agentes para evitar situaciones de riesgo”, lo que solo puede entenderse como un reforzamiento de la ley “Mordaza”. Si la situación en materia de respeto a los derechos civiles en España es calamitosa, no tiene comparación con ninguna democracia por identificaciones arbitrarias sin razón (millones cada año contraviniendo lo que señala la sentencia del T. Constitucional de 1993), esos reforzamientos policiales acaban como en Francia. Desde que en 2017 se autorizó a los policías a disparar contra vehículos si en la huida ponen en riesgo a los policías van 13 personas muertas y varias decenas de tiroteos además de otros muertos en distintas circunstancias. En Alemania ha muerto una persona en los últimos diez años por disparos de las fuerzas de seguridad. En España, el pasado año 2022 fueron 15.

Alemania es un ejemplo de policía democrática. No se puede identificar a un ciudadano en la calle salvo que se justifique la razón; la policía está obligada a señalar la zona en que, por razón de medidas antiterroristas o para combatir focos de criminalidad, se puede identificar a alguien durante un tiempo y en zona tasada, que la última vez hace seis años, fue en un barrio y por una semana, que se amplió a otra. En España, el año 2000 se entregó el premio “policía del mes” a un agente de Madrid que había realizado 600 identificaciones en 30 días. La mayoría de ellas ilegales de acuerdo a la sentencia del Constitucional referida sobre la ley “Corcuera”, y por eso al conocerlo pedimos a la dirección general (que no nos hizo caso), que se sometiera a examen psicológico al compañero por si estaba afectado por el conocido como “síndrome de Vietnam”, que afectaba a los soldados norteamericanos, veían enemigos y disparaban contra compatriotas estando de vuelta a su país. Ese policía veía enemigos en los ciudadanos como un nazí buscando judíos.

Espero que Feijóo, si gobierna, vaya con prudencia con estas cosas; que lea el dictamen del pasado año de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, con peticiones expresas y clarificadoras sobre la consideración que merece a esos expertos la práctica policial en España: identificaciones ilegales en la vía pública, cacheos, sanciones administrativas desproporcionadas y lagunas formativas por lo que piden que se entregue a los policías sentencias del Tribunal Constitucional. Ningún partido de centro ni de derechas moderado en Europa habría aprobado la ley “Mordaza”.

Existe un amplio movimiento en la policía, compartido cuando no instigado por sus sindicatos y tolerado por los mandos y su Junta de Gobierno, en demanda de poder actuar sin limitaciones legales. Cuestionan que se abra un sumario por la muerte de alguien en la vía pública en enfrentamiento con la policía, algo imposible en ninguna democracia ni en dictaduras con un mínimo respeto al Estado de derecho. Piden autorización, como en Francia, para poder disparar contra un coche que huya de un control policial. Omito lo de que ponga en riesgo la vida de los policías porque en el clima policial de Francia o España, huir de un control es motivo suficiente para disparar, aunque la única vida que corra peligro sea la de quien huye y de las personas que se encuentren en la zona, que añaden al riesgo del fugado el de los disparos policiales. En España argumentan para defender ese uso del arma que un coche que escapó de un control policial atropelló y mató a dos personas. Demandar por ese caso poder disparar contra un vehículo que huye es como pedir que se prohíban los controles policiales o el uso de los vehículos para evitar atropellos.   

Feijóo, si gobierna (y creo que es necesario aunque nunca he votado ni voy a votar a la derecha), tendrá muchos retos importantes que abordar como el independentismo, esta izquierda desnortada, la justicia y sus funcionarios, el campo, la pobreza de millones de personas, los miserables salarios y la carestía de vida, la vivienda, la UE, la agenda 2030… y además, no debería olvidarse de los policías defensores del poder policial ajeno a las leyes, que pretenden seguir actuando, como vienen haciendo desde la dictadura, como si en vez de ciudadanos con derechos en una democracia lo hicieran sobre súbditos y lacayos sin derechos. Solo una intervención política firme y la implicación de los mandos, que en vez de felicitar al que hace 600 identificaciones ilegales revisen las notas y acaben con los chulos de barrio de uniforme evitará problemas políticos en Interior. Si hay dos coches patrulla en un mismo barrio, uno presenta 30 denuncias por resistencia o desobediencia y otro dos, el problema no es el de dos sino el de 30 porque seguramente muchos de ellos son ciudadanos honrados víctimas de abuso de un mal profesional. Y los buenos profesionales, la mayoría, no comparte esas prácticas. Hace falta una política que impida a ningún policía molestar a un ciudadano en la calle para rellenar su estadística o la del mando vulnerando sus derechos civiles, y la firmeza y contundencia necesaria ante cualquiera que se enfrenta a los policías con violencia y más si porta cualquier arma. Se necesitan cámaras corporales, Taser, exigencia de rigor, profesionalidad y que los mandos combatan las malas prácticas.

Existe un problema de criminalidad, de falseamiento estadístico, de ocultar cuando los agresores y violadores son extranjeros y una política woke que trata de imponer valores basura; por ejemplo, activistas defendiendo la cultura gitana para mantener chiringuitos bien regados que no dicen nada cuando en esa cultura se vende a una niña de 12 años para que contraiga matrimonio con una persona mayor de su etnia. Hay demasiada política basura que la izquierda ha tolerado y fomentado, pero que estando en la oposición y gobernando el PP pueden ser motivo de conflictos permanentes. Si se repite un caso como el citado de la niña gitana vendida en matrimonio como esclava ante el silencio cómplice del Gobierno y toda la izquierda, no tengan duda que el gobierno del PP será acusado por no haberlo impedido de ser connivente con dichas prácticas. Avisado queda el señor Feijóo y las personas que lo rodean.