¿El Fiscal General del Estado es un delincuente?

La ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan.
Anatole France

¿Por qué el Supremo consideró una amenaza que uno de los periodistas citados advirtiera que el fiscal general no filtró nada?

Fuentes fiscales y del alto tribunal descartaban con respecto a la causa contra el fiscal general del Estado un archivo de la misma por la dimensión del caso: está en juego la reputación del tribunal. ¿Seguía estando en juego la reputación del tribunal, después de una instrucción polémica, en el caso de que no hubiera existido condena? Evidentemente así ha sido. La Sala de Apelación del Supremo respaldó la decisión del juez Hurtado de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos del novio Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo confirmó. Y ello sin pruebas ni indicios. ¿Podía ante ello, el Tribunal Supremo permitirse la contradicción de declarar inocente al fiscal general después de todo lo hecho? Se ha visto que no.

Baltasar Garzón ha advertido que la operación contra el fiscal podría ser solo la antesala de un movimiento más ambicioso: una causa penal dirigida directamente contra Sánchez

El Tribunal Supremo anda malquisto con los otros poderes del Estado: alteró la composición del Congreso al inhabilitar al diputado de Podemos Alberto Rodríguez y se ha negado a aplicar la ley de amnistía. Cientos de jueces secundaron una huelga ilegal en julio para protestar contra reformas judiciales impulsadas por el Gobierno.

En este contexto, ha reaparecido una figura clave del universo judicial español: Baltasar Garzón. El ex magistrado de la Audiencia Nacional, que en su día instruyó causas tan controvertidas como el caso Gürtel o los crímenes del franquismo, ha advertido que la operación contra García Ortiz podría ser solo la antesala de un movimiento más ambicioso: una causa penal dirigida directamente contra el presidente Pedro Sánchez. Para Garzón, lo que está ocurriendo en los tribunales responde a una lógica de lawfare: el uso del sistema judicial con fines políticos, un fenómeno que ha sido denunciado también en América Latina y Estados Unidos. “Cuando la justicia huele a pólvora, casi siempre hay fuego político detrás”, sentenció recientemente. Y añadió que “la instrucción de Hurtado apunta a culminar en una denuncia contra el presidente”. Otras teorías apuntan a que una condena del fiscal general en esta causa podrá ser aprovechada por el novio de la señora Ayuso para argumentar indefensión en el juicio que tiene pendiente por delito fiscal y salir indemne del mismo.

Convertir los procesos judiciales en un show trial con la función de impedir que los intereses sociales mayoritarios se antepongan al de las élites, es muestra, entre otras, de una decadencia casi irreversible del régimen político incapaz de mantener la calidad de una saludable convivencia democrática. El poder judicial toma el mando. Como afirma el catedrático emérito Luis Arroyo Zapatero, cuando el juez sustituye el tenor literal de un precepto penal por conceptos de su invención o aplica construcciones doctrinales a hechos a los que no corresponde, se pone por encima de la ley y se convierte en un político ilegítimo.

Ser poder o ejercer poder, implica responsabilidad, estar sujeto a test de escrutinio, también democráticos, por las actuaciones o resoluciones dictadas en el ejercicio de su cargo. Esas resoluciones no son de los «juzgados o tribunales», sino obra de jueces y magistrados. No son anónimas, son de personas con cara y ojos, también con nombres y apellidos. Algo que en el propio poder judicial y en el CGPJ les cuesta todavía entender. Los jueces son servidores públicos y deben su legitimación a la Constitución y las leyes, pero también a la ciudadanía. No se pueden esconder en el anonimato ni tampoco deberían «irse de rositas» cuando sus decisiones judiciales equivocadas o no adecuadas, por no medidas o faltas de proporcionalidad, provocan serios efectos procesales que mancillan la imagen de un país o causan verdaderas tormentas políticas con consecuencias enormemente serias para la ciudadanía, que es al fin y a la postre quien padece tales errores de esos servidores públicos que reciben sus retribuciones de los impuestos que sufragamos todos los ciudadanos.

Para José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, sobre el proceso contra el fiscal general del Estado, afirma que nos encontramos ante un montaje procesal propiciado por el Tribunal Supremo, que nunca debió admitir a trámite unos hechos de esta naturaleza. Han participado en un choque institucional sin precedentes que ha tenido una grave e innecesaria repercusión en la confrontación política, en la estabilidad democrática y en el Estado de derecho. La convivencia democrática no puede depender de puñetas ideologizadas. España se encuentra en un grave trance, donde la banalización de algunos poderes del Estado y la misma vida pública no pueden suponer el ejercicio de la cabildada como arbitrio del acto político.

Ello en el fondo supone una redefinición de la violencia simbólica, en los términos conceptualizados por Pierre Bourdieu, fundamentada en la abolición de la política, la criminalización del disidente, la imposibilidad de profundizar en la democratización institucional y la reforma del Estado conducente a ubicar los intereses de las mayorías sociales como elemento axial de la vida pública, la inexistente división de poderes, la influencia autoritaria de las élites, todo lo cual supone tal exceso de adherencias autoritarias que la democracia se hace difícil y lejana.