El Parlamento actual, poder legislativo, invistió legal y legítimamente al gobierno actual, poder ejecutivo. Ganado por oposición burocratizada administrativamente continúa sin solución de continuidad desde hace varias generaciones, el poder judicial que tienen los jueces para dictar sentencias sobre lo que ven a instancias de los ciudadanos. Hay otros magistrados no burocráticamente designados, sino políticamente nominados por los partidos políticos constitucionalizados que analizan la correspondencia entre leyes y derechos con su interpretación de la Constitución.

Hay un sistema legal y legítimo para que los órganos constitucionales cuando agotan su mandato sean renovados por el Parlamento en el que reside la representación vicaria por elección del pueblo soberano.

En este momento el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas no deberían ejercer sus competencias al tener agotados sus mandatos. Una ficción jurídica les permite ir a sus puestos de trabajo, ver asuntos, cobrar sus lustrosos emolumentos y aparentar poder no teniendo poder.

Qué deberíamos hacer los ciudadanos? : dejar de obedecer a quienes permiten que estemos sometidos al poder de unos órganos caducados sostenidos por intereses espúreos ajenos a la legítima organización de un estado de derecho al que se dicen vinculados diputados, senadores y miembros de los órganos caducados.

Si los miembros de esos órganos caducados tuvieran o tuvieses dignidad profesional y política hubieran dimitido irrevocablemente, no irían a sus puestos de trabajo, no asistirían a sesiones decisorias y renunciarían a sus sueldos y beneficios varios y abundantes. Para empezar.

Y antes de dimitir presentarían demandas ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo poniendo de manifiesto la situación de sus respectivos órganos. Y querellas en la Sala Segunda del mismo tribunal contra los responsables de los partidos políticos del arco parlamentario que por negligencia culposa o dolosa, aún la supuesta eventual, se niegan a cumplir la obligación constitucional de renovar tales órganos.

Por el contrario tanto el Consejo General del Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional permanecen impasible el ademán pendientes de su afán. Y así un Tribunal Constitucional caducado se permite poner a los pies de los caballos  al Congreso y al gobierno de España por una interpretación legal discutible pero que jode al Poder Ejecutivo y favorece a la extrema derecha cuyo líder acaba de ser declarado persona non grata por un órgano parlamentario de una Comunidad Autónoma. Aplicación estricta del artículo tres del Código Civil.

Insisto: la dignidad ciudadana exige decir basta a esta permanente destrucción institucional del Estado mientras la ministra de Hacienda de un gobierno de izquierdas descuenta parte de las pensiones de julio y diciembre a 75.000 pensionistas deudores con Hacienda porque se lo permite un artículo de una ley ordinaria. Estado de derecho.

Y la factura de la luz hace decir a otra ministra que no puede hacer otra cosa que cobrar más porque no entiende el recibo de la luz.

Mañana es Santiago Apóstol, patrón de España, Santiago Matamoros en un caballito blanco y con espada.

Tácito: “Creer solo en la verdad sin embellecerla”.

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.