Gobierno de España

En 2019, Sánchez dijo que con Podemos en el Gobierno no dormiría tranquilo ni él ni millones de españoles, para abrazarlo 48 horas después porque lo necesita para ocupar el cargo de presidente. A mí no me sorprende nada de Sánchez, aunque reconozco sus decisiones acertadas en medidas sociales durante la crisis de la pandemia, que dudo hubieran existido con un gobierno de derechas; conocidas como la “excepción ibérica”, ayudó a muchas familias con problemas para llegar a fin de mes. Además, en su balance positivo incluyo la revalorización de pensiones según el IPC, el incremento del SMI, la ley de Reforma Laboral y el IMV. Todo ello son políticas socialdemócratas. El balance negativo ya es conocido: indultos, sedición, malversación, violadores con menos condena, Memoria Histórica partidista contra el régimen del 78 y la concordia, o blanqueamiento de Bildu dejándolo presentar (con ERC) la ley de Vivienda. Sigue habiendo miles de inmigrantes trabajando como esclavos en España, viviendo en tiendas de campaña o casas derrumbadas sin luz ni agua explotados desde hace décadas sin que ningún Gobierno haya movido un dedo por ellos. La pompa, boato, parafernalia, cientos de asesores, Falcon, palacios a su disposición con servicio doméstico, caravanas de decenas de coches con cientos de agentes de protección y escolta superan a cualquier líder político democrático. O tiene mucho miedo o un ego enfermizo.

En 2023 el PSOE y Sumar no han engañado a nadie. Han dicho que iban a gobernar juntos y buscando apoyos sin descartar a nadie salvo al PP y VOX. Cuestión aparte son la deuda que sigue creciendo que alguien tendrá que pagar (nuestros hijos o nietos) y que la nación se esté deshilachando. Hoy es imposible pasear por muchos pueblos y ciudades del País Vasco o Cataluña (es así desde la década de los 80) con una bandera nacional sin recibir agresiones o insultos. Algo que a un gobierno nacional debería preocuparle porque la solución “que no la lleven”, mientras otros pasean orgullosos las autonómicas o esteladas no es posible en una nación democrática de ciudadanos libres con derechos.

En Baleares y la Comunidad Valenciana gana espacio la libertad con la llegada del PP y VOX; retrocede la imposición del catalán, que nunca han querido compatibilizar con el castellano sino usarlo para enterrar la lengua común por ser una seña de identidad de España. Hay problemas en todos los territorios donde se comparte el español con la lengua propia; en Galicia, una profesora de violín de origen polaco se ha quedado sin plaza en el centro donde llevaba 17 años impartiendo clase por no tener el título C1 de gallego. Ni obtener la nota más alta en el concurso de méritos de la Escuela Municipal de Música en el concejo de Ames, provincia de La Coruña, le ha servido. La persecución contra la lengua es fascista y la izquierda lo fomenta allí donde tiene posibilidad de gobernar, incluido el PSOE, aunque en Galicia gobierna desde siempre el PP salvo un breve paréntesis. El nacionalismo, la exacerbación de la identidad propia sobre las demás es la base del fascismo ya sea nazi o comunista. Así es difícil mantener una nación por mucha historia y siglos que tenga. Si lo acompañas de ocultamiento en la etapa escolar y formativa de su historia la sociedad lo ignora y se diluye el sentimiento de identidad, de la patria, lo que interesa a los poderosos que no necesitan Estado, sanidad, educación, pensiones ni justicia porque tienen la propia, o a quienes quieren convertir en realidad sus ensoñaciones basadas en mentiras y naciones que nunca existieron fuera de los reinos de España (Navarra, Castilla, Aragón, León, Asturias, Galicia y Portugal).

No se trata de imponer a nadie que no use la lengua que quiera en su territorio, se trata de que no te discriminen por usar la lengua común, el castellano/español que hablan 600 millones de personas. Se trata del principio constitucional de igualdad y del derecho a usar tu lengua materna en todo el territorio nacional sin que te desprecien, ataquen o dejen sin trabajo por ello. A la discriminación por lengua se une otra discriminación, esta política, con comunidades de primera, privilegiadas con ciudadanos privilegiados (por cupo o por transferencias económicas) mientras las más pobres (Andalucía, Extremadura, canarias…) reciben menos ayuda del Estado.

Tan legal y legítimo sería un gobierno de Sánchez como uno de Feijóo, que ha ganado las elecciones, pero en nuestro sistema parlamentario hay que obtener una mayoría suficiente por sí mismo o con socios. Los ciudadanos elegimos diputados y ellos eligen al Gobierno. Así ha sido siempre. Otra cosa es que se pueda cambiar a listas abiertas para votar a personas, no a partidos, y elección directa en segunda vuelta del alcalde o presidente lo que acabaría con el chalaneo, chantajes y negocios con los votos de unos y otros. Luego llega la opinión de cada cuál sobre la ética, moral, coherencia de pactar el Gobierno de la nación con quienes quieren destruirla o quienes, obnubilados por el mercado, despreciaron a millones de personas en la pobreza (como hizo Rajoy).

Si los políticos pensaran en el interés del Estado, de la nación y de la ciudadanía, es evidente que buscarían un gobierno de coalición o un acuerdo de gobierno PP-PSOE, con tiempo repartido y grandes pactos de Estado en defensa de los españoles y su bienestar. Eso no pasará porque la casta política, la élite feudal que gobierna España desde la llegada de la democracia que relevó a los dirigentes del franquismo (ahora son cientos de miles más), viven de la política y actúan para ellos, sus necesidades y las de sus familias y correligionarios. Los españoles en paro, colas de hambre, jóvenes sin futuro, millones de familias en la pobreza o millones de ancianos solos importan menos. Su bienestar no determina la ecuación para formar Gobierno. Están a otras cosas.