Gritos y silencios en la Fiscalía Superior del TSJA

La crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía es, probablemente, el episodio más grave vivido por la sanidad pública autonómica creada como tal en 1982, pandemia aparte. No ha sido un error puntual, sino años de controles deficientes, equipos sin supervisión y mujeres que nunca recibieron su citación. Cuando el escándalo estalló, la Junta habló de 2.000 afectadas y luego lanzó una mentira oficial: “el 95% eran del Virgen del Rocío” el gran hospital de referencia del SAS en Sevilla. Falso. El problema era estructural y extendido. Mientras la Consejería improvisaba excusas pese a las evidencias de las víctimas de AMAMA, la sociedad se hacía una pregunta lógica: ¿dónde estaba la Fiscalía?
Durante 18 días: silencio absoluto. Ni una actuación de oficio que se haya conocido, ni una nota pública ni una declaración de la Fiscal Superior. Al día 19, y solo a preguntas de periodistas aprovechando que  estaba en el Parlamento presentando la memoria anual andaluza, la fiscal jefe Ana Tárrago admitió: “hay un fiscal en el asunto”. Nada más. El mayor escándalo sanitario… y una Fiscalía desaparecida, parece que trabajando en silencio.

El tiempo en el que Fiscalía levantaba las alfombras

No siempre fue así. Con Jesús García Calderón al frente de la jefatura, la Fiscalía era visible, incómoda y proactiva. No esperaba a que le llamaran: abría diligencias de oficio y lo anunciaba públicamente. Casos como Malaya, Poniente, Astapa, Invercaria, Bahía Competitiva, los Zetas o Santana Motor demostraban una Fiscalía que entendía su papel como contrapoder. Incluso en los ERE, aunque Anticorrupción Madrid llevaba el peso, era García Calderón quien daba la cara en Andalucía. Esa Fiscalía podía acertar o equivocarse, pero tenía voz y vigilaba al poder. Esa era al menos la percepción que todos teníamos.

Pero también fallaba: Caso Nazarí, Formación…

Aquella etapa no fue infalible. La Operación Nazarí (Granada, 2016) mantuvo a políticos y técnicos señalados durante años y acabó con todos los políticos absueltos. La actuación de la fiscal adscrita al procedimiento dejó tocada la credibilidad del Ministerio Público en Granada.
Pero la herida más profunda fue el caso Formación, conocido inicialmente como Operación Edu: cursos inexistentes, academias fantasma, redes clientelares del PSOE y del PP, sindicatos, empresas privadas y entidades religiosas. La causa se troceó y se diluyó hasta casi desaparecer. Años después, la juez Mercedes Alaya nos dió la clave de bóveda, el código secreto de todo lo ocurrido con este escandalazo y lo contó muy medido en el ABC de Sevilla:

“PSOE y PP pactaron no abrir el melón de la Formación porque ambos quedaban tocados.”

Y añadió:

“Tras los ERE se decidió que ahí se acababa el escándalo.”

Las listas de beneficiarios en la Formación lo demostraban o cuanto menos vienen a avalar la tesis de la afamada jueza: fundaciones ligadas a UGT o diputaciones socialistas, empresas próximas a dirigentes del PP y entidades eclesiásticas como Cáritas o Escuelas Católicas. También resultaron agraciados con suculentas subvenciones algunos grupos o chiringuitos de comunicación (amigos del poder entonces) que operan en Andalucía. Todos bebían de la misma fuente. La Fiscalía dejó que el caso se deshiciera por el camino. Y nunca hubo ERES capítulo II.

Ana Tárrago: puertas adentro, silencio afuera

Con Ana Tárrago (desde 2020) la Fiscalía ha cambiado de piel y de formas. Sus fiscales dicen: “nos deja trabajar con libertad, no es para nada intervencionista”.  Así que bien de puertas adentro, muy bien según a quien escuches. De puertas afuera, desaparición. Tárrago, encuadrada en el sector conservador de la carrera, no es previsible que proteja desde su puesto al gobierno de Moreno Bonilla… pero tampoco actúa de oficio en asuntos de enorme impacto social y que recalan en el gobierno de la Junta. Ya no hay comparecencias, ni presión institucional, ni mensajes claros a la ciudadanía. La Fiscalía Superior ha dejado de ser un actor público.

En el caso del cribado, el silencio fue imperdonable, incomprensible al menos. Había alarma social, mentira oficial y miles de posibles víctimas. La Fiscalía tenía la obligación moral de dar un paso al frente y ponerse a abrir diligencias e investigar de oficio. No lo hizo. Solo después de casi tres semanas reconoció que “un fiscal trabaja en el asunto”. Hoy ese fiscal, por cierto, analiza la cadena de responsabilidades y ya ha llegado al departamento de los historiales médicos. Y me cuentan que ahí lleva días, como el perro salvavidas que se para en seco cuando huele vida bajo un derrumbe. Bien, dejemos al fiscal adscrito hacer su trabajo y que nos lo cuente despues, cómo le permite la ley. Eso es trabajo interno. El problema sigue siendo el mensaje externo: la institución que debía defender a los ciudadanos calló cuando más se la necesitaba.

Una Fiscalía que actúa puede equivocarse. Una Fiscalía que calla deja indefenso al ciudadano. García Calderón levantaba alfombras y se metía en los charcos. Tárrago las mira desde lejos y nunca se moja en la calle.

El cribado no es solo una falla grave del sistema sanitario andaluz, es muchas cosas más. También es la prueba de que en Andalucía, cuando más se necesitaba una Fiscalía valiente y decidida, no estaba. Y en democracia, el silencio institucional también es una forma de encubrimiento.