Josef K. cree en la Justicia

  En un mundo de fugitivos el que transita

el justo camino, parece huir.

John Milton

Pero yo no soy culpable -dijo K-. Es un error.

¿Cómo puede ser un hombre culpable, así, sin más?

Todos somos seres humanos, tanto el uno como el otro.

-Eso es cierto -dijo el sacerdote-, pero así suelen hablar los culpables.

Frank Kafka, el Proceso.

Feijóo ha amenazado al Ejecutivo con el pretendido horizonte judicial que empieza a rodear la crisis de Ceuta. Ha recordado que la Audiencia Nacional mantiene abierta una causa sobre lo sucedido, en la que el PP se ha personado, y ha pronosticado que las diligencias podrían terminar escalando hasta el Tribunal Supremo, amenazando así al presidente del Gobierno y preconizando que va a pagar ante la Justicia. El líder del Partido Popular sabe que, como escribe Kafka, la sentencia no se pronuncia de una vez; el procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia.

Quizá Feijóo habla con la confianza de que todo está en manos de personas ideológicamente afines. Y no solo afines, sino que, al haber sido nombradas en su día por el PP para cargos de responsabilidad, han permanecido voluntariamente bajo la disciplina y la obligada fidelidad militante al partido conservador. Esto, a nivel psicológico, intelectual o emocional, no suele sufrir torsiones significativas.

La sentencia de 29 de junio de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo —utilizada como «efecto llamada» sobre los marroquíes desesperados por las misérrimas condiciones de vida en su país— tuvo como ponente al magistrado conservador Fernando Román, exsecretario de Estado de Justicia durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Por su parte, la causa sobre Ceuta la ha abierto la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional y exedil del PP.

Asimismo, el polémico informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se realizó bajo la supervisión del comisario David Agorreta; este, a su vez, ejerció como asesor de Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía con el PP y para el que la Fiscalía pide 15 años de prisión en el marco del «caso Kitchen». Finalmente, el magistrado del Supremo Antonio Narváez —ponente encargado de redactar la resolución sobre la ley de nietos cuyas medidas cautelares privan del sufragio a ciudadanos españoles, siguiendo la tesis del PP y VOX, aun cuando el tribunal carecería de atribuciones para limitar el voto de ese modo— llegó a expresar a Feijóo su deseo de que el PP alcanzara el Gobierno.

El auto de la jueza María Tardón sobre la investigación penal con respecto a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta lleva implícita una advertencia. La magistrada avisa en su escrito que el caso no se limitará a tratar de determinar el origen y la motivación que impulsó a más de 80.000 personas a acceder por mar de forma simultánea a la ciudad autónoma. También investigará «todas las actuaciones» en territorio español y la falta de «respuesta» a las señales y avisos previos. ¿A quién puede dirigirse dicha advertencia?

Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo, la señora Perelló, ha recordado que «las acusaciones expresas generalizadas» de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas «es una imputation de extraordinaria gravedad». Sin embargo, recientes encuestas coinciden en que más del 60 % de los españoles cree que la justicia está politizada y el 65 % cree que el lawfare existe. Esto remarca una percepción pública de que la inhibición de la política en un problema político y, como consecuencia, la ubicación del sustantivo axial de la cuestión en la aplicación al antagonista político de la categoría de delincuente, supone la abolición del diálogo y del formato polémico de la vida pública.

Cabía preguntarse, entonces: ¿Es la justicia un derecho de los justiciables o bien un privilegio de los acusadores? ¿Ha sustituido el poder judicial los objetivos por los fines? Un objetivo es algo que se puede alcanzar o no, pero un fin es algo que se cumple continuamente; es una práctica que obliga a toda hora y en todo trance. Todo poder tiende a ser ideológico e independiente, y este binomio le resta imparcialidad, por lo que, en el caso del poder judicial, los objetivos se ablandan como los relojes derretidos de Dalí y los fines se agrandan y se materializan.

Es probable que esta sensación de sobreactuación de algunos jueces, que es fácilmente observable, provenga de los focos y altavoces de un amplio sector mediático, cuya capacidad para hacer protagonistas es notable. Los jueces se transforman en héroes justicieros y vengadores del pueblo, fundiéndose con los periodistas en un poder regulador de la sociedad y de sus relaciones de manera que la democracia parlamentaria es sustituida en muchos momentos por la democracia mediático-judicial.Ningún asunto importante salta al Congreso de los Diputados que no haya sido debatido antes por la prensa sobre actos judiciales. Lo que llamamos democracia formal, parlamentaria, aparenta estar sobrepasada por la praxis judicial y periodística.