La calle está calentita

​La están poniendo calentita. Pero… ¿Quiénes? ¿A quiénes interesa? ¿Quién gana en este río revuelto? ¿Quién pierde?

​Nuestro constitucional derecho de reunión, el del artículo 21, fue regulado en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora de este derecho. Lo fue en temprano tiempo político, en los primeros meses de desempeño del primer Gobierno socialista de Felipe González. Y ello porque la regulación anterior, la de 1976, obedecía a un tiempo muy distinto, aunque no tan distante, política y socialmente, y para un gobierno como el nacido en las urnas en octubre de 1982, era fundamental el garantizar el quieto y pacífico ejercicio de un derecho fundamental, tan perseguido durante la dictadura y que necesitaba un marco de seguridad pronto, seguro y eficaz.

​Este texto mantiene vigente en casi su totalidad, la redacción que entró en vigor en agosto de 1983. Es una buena ley. Y ha permitido el leal juego de la plenitud de ejercicio de este derecho, con pocos retoques en todos estos años transcurridos.

​La base del buen ejercicio de este derecho está en el simple, y a la par, complejo respeto de las libertades de cada uno. Ese aforismo de que la libertad del “yo” termina donde empieza la libertad del “tú”, es una buena forma de simplificar en qué consiste estar en la calle manifestando nuestras ideas en desarrollo de nuestra libertad, sin incomodar, sin perturbar el ejercicio de las libertades de los demás. Acomodar seguridad y libertad; casar libertad y seguridad.

​Es por eso que la ley establece un procedimiento sencillo, simple para poder ejercer ese derecho sin incomodar a los demás: comunicar a la autoridad competente la intención de celebrar el acto. Hoy, a las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno de España. No hay que autorizarlo, sólo comunicarlo. Y sólo puede esa autoridad gubernativa prohibir ese acto si considera que “existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes”. Y si se hace esta prohibición, el garantismo legal permite al solicitante disconforme, recurrir ese acto judicialmente.

​Es por tanto el nuestro, un procedimiento simple, sencillo y rápido.

​¿Qué viene ocurriendo en los últimos tiempos? Varias cosas.

De una parte, no se comunican ya, habitualmente, estos actos en forma de manifestación o concentración, o en la moderna fórmula de la acampada. Se va a hechos consumados. Se abusa, se fuerza el ejercicio del derecho. Y ya vamos mal. Cuando esto se produce sin ese mínimo requisito a cumplir que es el de la comunicación previa, estamos claramente ante un acto no conforme a ley y pone en el disparadero a la autoridad gubernativa de si tolera el acto o no. No hay varita mágica que se entrega a ningún responsable político de la seguridad ciudadana que le permita discernir entre una natural tolerancia o cuándo llega el momento en que el acto no conforme a derecho, debe cesar. Dónde empieza el abuso del derecho, el que se está ejercitando no conforme al sencillo procedimiento legal, y dónde empieza la exigencia del cese en esa ilegalidad mantenida de manera tolerante, las más de las veces, en evitación de males mayores. Nada de eso está escrito ni recogido en ningún manual.

Si el acto, aunque no comunicado, es promovido de buena fe por los convocantes, el sentido común va a dar las pautas de actuación. El requerimiento en el cese de la concentración o manifestación hecho a los convocantes a través de los funcionarios de la seguridad allí presentes, supone normalmente el fin de este tipo de actos, sin más.

No hay, habitualmente, en estos casos, con buena fe mediante por todas las partes, alteraciones del orden más allá de las molestias, fastidiosas a veces, para quienes se han visto sorprendidos por la celebración no comunicada del evento y que, por esa razón, impidió adoptar previamente medidas de derivación del tráfico de vehículos y personas en la zona afectada. Y así, con mayor o menor elasticidad por las partes, estos actos acaban, habitualmente, en paz. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan pedir a quienes convocaron sin comunicación previa.

Eso es lo normal. Era lo que venía siendo normal, mayoritariamente.

Siempre, empero, ha habido un conjunto de actos, obviamente no comunicados, promovidos por quienes siempre han sido activistas interesados del desorden. Y que justamente han renunciado, como un elemento más de su autoafirmación, a someterse al cumplimiento, tan sencillo, de esta ley. Porque justamente juegan, quieren jugar, con la sorpresa y actuar con violencia, agrediendo a quien se oponga a sus deseos, y de la manera que sea. Es menospreciar a la ley y a sus conciudadanos.

En ese conjunto de actuantes de mala fe, al margen de la ley a lo largo de estos más de cuarenta años de vigencia de esta veterana ley, hay que incluir los grupos de la que llamamos kale borroka (Ojo a lo que empieza a resurgir de nuevo en esas zonas de España); los grupos antisistema de distintas motivaciones, (a menudo con contactos internacionales), neonazis, violentos del fútbol, sindicatos radicales, organizaciones intituladas antifascistas y similares grupos y grupúsculos, encaminados todos al mayor ruido y daño. Algunos incluso encapuchados y armados previamente con diferente arsenal más o menos casero y sin parar en medir las consecuencias y el daño que producen al ejercicio de los derechos del resto de la ciudadanía y a los bienes ajenos y al patrimonio público.

Estos grupos, o bien actúan por propia iniciativa o se amparan malévolamente en actos convocados de buena fe por terceros y los revientan.

No es fácil simplificar, pero en estos modos de actuación podríamos estar incluyendo la inmensa mayoría de situaciones con que los responsables de la seguridad ciudadana se han, (nos hemos), encontrado a lo largo de estos años en el ejercicio del derecho de manifestación en cualquiera de sus conformaciones.

Y créanme, sin autobombo para nadie, para todos los gobiernos de todos los signos, no ha sido malo el resultado del juego de la ley reguladora del ejercicio de este derecho constitucional, ni tampoco el desempeño general de las actuaciones de las fuerzas de seguridad en su conjunto, ni fácil el ejercicio de las competencias. No es malo el saldo final.

La ahora por algunos, demasiados, denostada Constitución del 78 consagró ese derecho, pero era preciso garantizar el ejercicio del mismo.  Y para defenderlo en su ejercicio ciudadano, y para proteger a quienes lo ejercen en legalidad y buena fe, y, a la par, a quienes no se suman al acto y quieren seguir disfrutando de sus otros derechos y libertades básicos como el de la libre circulación, la propiedad, su integridad física, etc., etc., la sociedad se dotó de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, democráticos y bien formados.

En unas jornadas celebradas en el entonces Gobierno Civil de Sevilla en aquellos primeros tiempos del primer Gobierno de Felipe González, uno de nuestros mejores juristas del Derecho Internacional, el recordado Juan Antonio Carrillo Salcedo, refiriéndose a nuestros guardias civiles y policías analizó magistralmente cómo se había producido la evolución desde aquellas Fuerzas de Orden Público (Las FOP en terminología de la Dictadura) hacia unas auténticas “Fuerzas de Garantías de las Libertades” en el período democrático. Así las llamó. Y así fueron. Y eso son. Testigo soy y de ello doy fe.

Esas fuerzas de garantías de las libertades son las que tienen encomendadas por todos nosotros el ejercicio legítimo y en monopolio, de la fuerza en defensa de las libertades del “tú” y las del “yo”. De que tu ejercicio de derechos no ponga en riesgo de colisión el ejercicio de los míos. Y créanme, es complejo, difícil, muy difícil y hay que estar allí, en medio de una y otra parte enfrentadas en ese ejercicio de derechos, y, sobre todo, cuando una de las partes no respeta a la otra y tampoco a quienes tienen la obligación de mantener el orden y garantizar ese doble ejercicio de nuestros derechos.

En estos días hay imágenes de enfrentamientos entre policías y manifestantes en los que sólo se ven y oyen, habitualmente, el momento en que el servidor público hace uso de sus elementos policiales para reconducir la situación generada. Nunca, casi nunca, se ve el momento anterior, ni se oye, lo que ha hecho o dicho el manifestante, normalmente en manifestación no comunicada y por tanto no conforme a derecho y que ha originado la actuación policial.

¿Cuánto es el tiempo que una manifestación o concentración no comunicada debe permanecer alterando el orden de los demás actores sociales? ¿Debe consentirse que un acto de una organización social o partido político, o sindicato, legalmente convocado, sea alterado por reventadores de signo ideológico contrario a los convocantes? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué distancia deben mantenerse unos y otros elementos enfrentados?

Pues a eso se enfrenta la autoridad gubernativa, el mando policial presente y los policías desplegados. Y claro, “el capitán a posteriori”, experto en ganar todas las batallas, inmediatamente traza la línea del bien hacer y del mal hacer. Y como normalmente esas imágenes o sonidos, sólo sacan el post, no el pre ni el momento inmediatamente anterior a la actuación policial, pues es fácil la tentación de ponerse del lado de quien en ese momento parece el agredido. Lo de antes no se ve ni se oye. Es lo de siempre. La imagen de impacto reproducida nunca traslada todo lo que ocurrió desdemuchos momentos previos. De eso, ni se ve ni se oye nada.

¡Claro que hay casos de actuaciones aisladas de funcionarios de la seguridad que no se acomodan al buen hacer que todos esperamos de ellos! ¡Claro que sí! Lo mismo que hay actuaciones no acordes con lo que esperamos de otros servidores públicos o actores privados en el ejercicio de sus funciones respectivas. Pero claro, el impacto social de la actuación de los servidores de la seguridad pública es mucho más efectista, pues no en balde sus medios lo son.

Pero sepamos todos, no olvidemos nunca, que cuando hay situaciones de actuaciones individuales no deseables, de presuntas formas inadecuadas de actuar,existen y se usan, herramientas internas en los cuerpos policiales para la información y exigencia de responsabilidades, si proceden. Y se usan. Créanlo. Pero una actuación individual nunca debe calificar al conjunto en estos casos y en todos aquéllos en que corremos el riesgo de confundir la parte con el todo.

Hay otro elemento que no siempre se considera lo que debiéramos y que es capital en este tipo de situaciones, cual es la información policial previa. Es la que debe desvelarnos en presencia de quién estamos ante estos desórdenes, o quién está detrás de la cortina, y que, de forma maniobrera es perfecta orquestadora de lo que luego ocurre en la calle con resultados no deseables.

Y ciertamente es éste también un trabajo no siempre conocido y valorado, ni sencillo ni desgraciadamente siempre suficiente y bien dotado. Y sin información, mal vamos. Ojalá pudiéramos tener más recursos en este área de la información para laseguridad y, además, ser tenidos en cuenta en tiempo y forma por quien debe actuar en consecuencia, de manera preventiva o restauradora. (¿Ceuta?).

Esta sociedad está polarizada excesivamente; estamos en una sociedad conausencia de diálogo entre las partes, entre los actores políticos. Y se está perfilando, también en este tema, un camino de no deseables consecuencias.

En este tiempo de elecciones próximas, la calle, en estas condiciones, no debe ser el lugar del debate. Y pareciera que hay demasiados interesados desde los extremos, como es habitual, en que sea la calle donde se diriman las situaciones de disenso. Y haberlos, haylos. Pero no parece que debiera ser la calle y menos en este malhadado ambiente del “y tú más”, la que sustituya la palabra que debe prevalecer sobre el insulto y la acción del más fuerte, y más, provocando desórdenes.

Debemos ser conscientes que es en este río revuelto donde sabemos quiénes son los que ganan. Justo los que no saben ni quieren tener un lugar en el respeto y el debate. Lo suyo es la bronca y el daño a lo ajeno.

Unos convocan, posiblemente sin comunicación previa, y ello lo aprovechan quienes encuentran en la bronca su perfecto hábitat. Y al final, no debe ser el policía interviniente el fácil único responsable de lo que ocurre en la calle. Que si lo es, que responda. Pero, no olvidemos a la mano que mece la cuna.

Hágase también el trabajo de información preciso de averiguación de quiénes son los responsables últimos y primeros del desencadenamiento de estas situaciones de violencia en la calle, que se saben cuándo empiezan, pero no cuándo y cómo acaban. Y actúese en consecuencia por los responsables políticos y funcionariales que sean concernidos.

Y otra cosa más se hace precisa: Que los responsables políticos de esos que se llaman partidos de gobierno no confundan dónde está el problema. Que de manera inequívoca y precisa aíslen y denuncien dentro y fuera de sus organizaciones a quienes calientan de palabra estas circunstancias y alientan actuaciones de calle indeseadas e indeseables. Y no caigan en la tentación de escurrir el bulto y diluir las responsabilidades en los funcionarios de la seguridad.

Son los responsables de los partidos de gobierno los que más tienen que perder. Sólo ganan quienes posiblemente ni crean en nuestro sistema. Quienes ganan son los extremos de uno y otro lado, en los que ahora parecen apoyarse para la gobernación de España. No pueden atacarse los partidos de gobierno, tampoco con esto, aunque no sé si conscientes son, desde su inquietante adanismo, de lo que está en juego.

Se hacía anteriormente un diálogo entre los que se llamaban partidos de gobiernoen estas cuestiones. Las que se llamaron de estado. Y ésta, lo es. Se debe volver a hacer. Pero sigo siendo un iluso de creer que se hará en estos tiempos. No decaigo en el empeño y denuncio su no existencia. Y al menos, incido, una vez más, en que ocurra lo que debió empezar a ocurrir, desde luego, desde la noche electoral de julio de 2023: hablar y no sólo para insultarse.

Hay quienes, seguro, tienen interés en que los escenarios de violencia callejera que vemos estos días, de Francia, Albania, Italia, Grecia y otros países de nuestro entorno, corran por nuestra geografía en este escenario electoral en que estamos ya inmersos. Ganan y mucho. Ellos nunca pierden. Atentos a la jugada.

Al final, perderemos todos, también, en esto. Y las instituciones deben ser salvaguardadas. Éste no es un problema policial, ni en eso debe convertirse. Es sobre todo un problema político, y a sus actores corresponde actuar. Y no en la calleprecisamente, por acción u omisión.