La factura electoral de la sanidad andaluza

La crisis del cribado de cáncer de mama puede salirle cara al Gobierno de Juanma Moreno. Muy cara. No hablamos de un error técnico ni de un fallo puntual, sino del síntoma visible de un sistema público que lleva años desangrándose entre parches, propaganda y prioridades mal elegidas. El “milagro sanitario andaluz” que el PP ha vendido en sus campañas se tambalea, y el coste político —esa factura electoral que siempre acaba llegando— empieza a escribirse con nombres, cifras y negligencias.

Desde 2019, tres consejeros de Salud han pasado por el despacho: Jesús Aguirre, Catalina García y, desde el pasado verano, Rocío Hernández. Tres rostros distintos para una misma política. La receta es conocida: mucho ladrillo, mucha máquina y poca bata blanca. La Junta presume de haber invertido casi 2.900 millones de euros en infraestructuras sanitarias desde que Moreno llegó a San Telmo: hospitales nuevos, centros de salud relucientes, resonancias de última generación. Todo muy fotogénico. Pero los pasillos siguen igual de llenos, los ambulatorios sin médicos y las urgencias con carteles de “espere su turno”. Andalucía ha puesto más cemento que talento en su sistema sanitario.

De la sanidad pública al negocio privado

Si algo diferencia al PP del PSOE en este terreno no es la idea, sino la intensidad. Los socialistas ya habían abierto la puerta de los conciertos sanitarios con la privada, pero Moreno la ha quitado de cuajo. En seis años, más de 3.000 millones de euros han ido a parar a hospitales y clínicas privadas, con picos de 580 millones anuales y un macroconcierto de 533 millones aprobado este verano para reducir listas de espera. El argumento oficial es que “no hay otra manera” de aliviar la presión asistencial. Y puede que, en parte, sea cierto. Pero el resultado es evidente: cada euro que va al sector privado es un euro que deja de reforzar lo público.

Los conciertos sanitarios no son en sí un pecado —la sanidad necesita flexibilidad—, pero cuando se convierten en la norma, el sistema se privatiza por goteo. En 2018, último año completo del PSOE, los conciertos sumaban unos 410 millones; hoy rondan los 580. Blanco sobre negro: el gasto crece, la plantilla no. Y si faltan médicos, la privada hace caja.

Faltan manos, sobran discursos

Aquí está la clave. Andalucía tiene una de las peores ratios de médicos y enfermeras del país. Faltan al menos 500 médicos de familia en primaria y más de 6.000 enfermeras para alcanzar los estándares medios. La Junta reconoce que ni los jóvenes quieren quedarse ni los MIR eligen plazas andaluzas. ¿Por qué? Porque el sueldo es bajo, los contratos son cortos y las condiciones, peores que en otras comunidades. Lo llaman “problema de recursos humanos”; en realidad es un problema de prioridades.

El presupuesto sanitario dedica solo el 47% al personal, un punto menos que el año pasado. Crece el gasto total, sí, pero crecen más las partidas de obra y conciertos que las nóminas. La foto del hospital nuevo llega al telediario; el médico que se marcha a otra región, no. Y así se ha ido construyendo una sanidad de escaparate: brillante por fuera, frágil por dentro.

Un toro que embiste y una factura que se acumula

La crisis del cribado no es una anécdota; es la grieta por donde se cuela toda la verdad. Miles de mujeres con mamografías dudosas que nadie revisó a tiempo, responsabilidades diluidas y un presidente que, al fin, tuvo que asumir personalmente el mando del desastre. La sanidad pública andaluza se le está convirtiendo a Moreno en un toro bravo, de esos que no se dejan torear con titulares ni promesas.

¿Podrá pararlo? Difícil. Con un sistema exhausto, profesionales quemados y un electorado que siente que su salud se juega a la ruleta, el PP andaluz ha entrado en zona de riesgo. Las encuestas aún le mantienen en mayoría, pero eso es hoy; mañana, con el ruido del toro en la puerta, puede cambiar todo. La factura de la sanidad siempre llega. Y esta vez, parece que viene con recargo.