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¿La transición desclasificada?

La desclasificación del 23F no altera el relato oficial y deja sin aclarar las causas políticas de la dimisión de Adolfo Suárez.

 

Desclasificar documentos -del 23F o de casos OVNIS- proyecta sobre el observador que carece de todas las perspectivas históricas para evaluar los acontecimientos de una forma más o menos objetiva, la sombra psicológica que racionaliza el hecho de que lo que se descubre porque estaba oculto, lo estaba porque escondía una verdad, ya que la mentira no necesita estar soterrada. Y sin embargo, sea en el caso del 23F o de los OVNIS, no siempre esta elucubración mental acierta ya que una mentira descubierta puede contrarrestar una verdad que no estaba escondida.

La desclasificación que se ha hecho de los documentos sobre el 23F no viene sino a corroborar lo que durante 45 años se nos había venido repitiendo: que Juan Carlos I salvó a la democracia de las garras de algunos militares y miembros de las fuerzas de orden público nostálgicos del franquismo. Se acabó la historia, no hay nada más que pueda saberse. En realidad asistimos a la imposición metafísica del final de las grandes narraciones, es decir, las ideologías emancipadoras y la desaparición de la historia –no es posible cambiar la historia si como tal no existe. Es decir, el llamado pacto de la transición ha quedado reducido a sus componentes más drásticos, aquellos que configuran el hereditario poder arbitral del Estado, los poderes económicos y financieros y el aparato mediático con una ideología y unos intereses que tienen necesariamente que prosperar en el déficit democrático y la concentración oligárquica de la influencia y el poder de decisión. Es un acontecimiento que hubiera agradado mucho a Torcuato Fernández Miranda, el auténtico mago Merlín de la transición, cuyo objetivo siempre era confundir a la opinión pública , ya que poseía la habilidad de asociar términos equívocos en frases aún más equivocas que produjeran siempre un desarrollo político e histórico también equívoco.

Quizá todo ese asunto del fallido golpe de Estado tuviera algún tipo de génesis en el hecho de que aquel “falangista de provincias” como le llamaban despectivamente sus adversarios políticos se tomó en serio lo de la democracia. Suárez había llegado demasiado lejos: legalizó al partido comunista, condujo al país hacía una democracia plena y, pese a las constantes presiones que se ejercieron sobre él, que incluía la de los miembros de su propio partido UCD, aplazó sin fecha la solicitud de ingreso en la OTAN, y, además, convencido de que manteniéndose al margen de la división en bloques impuesta por la guerra fría , España podía para Suárez desempeñar un papel internacional más relevante y obvió inscribir a la nación como comparsa en la órbita estadounidense. Durante su último año de gobierno Suárez recibe en la Moncloa al líder palestino Yassir Arafat y envía un observador oficial a la Conferencia de Países No Alineados. Y además le confiesa al periodista y speechwriter monclovita Fernando Ónega: “he realizado la reforma política y ahora me toca hacer la reforma económica.” El espacio hostil hacia el presidente del gobierno se hace irrespirable por todos los intersticios fácticos que le incitan a afirmar, con la tristeza y la impotencia de lo tantas veces acaecido en la historia de nuestro país que, como cantó Gil de Biedma, es la peor de todas las historias porque acaba mal: “No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España.” Estas son las palabras del discurso pronunciado el 29 de enero de 1981 por Adolfo Suárez a través de Televisión Española, para anunciar su dimisión como presidente del Gobierno y de Unión de Centro Democrático (UCD). No se han desclasificado los documentos que aclaren las causas de la dimisión de Adolfo Suárez. “Quitadme a este de en medio”, le habría gritado a gente de su entorno Juan Carlos I refiriéndose al entonces `presidente del gobierno. Al igual que su antepasado Felipe V que no soportaba a su valido y despachaba con él con un biombo por el medio, la animadversión de Juan Carlos I con respecto a Suárez se hizo prioridad política.

Es difícil evaluar una situación histórica sin los antecedentes y las consecuencias fácticas, pues ello produce un daguerrotipo acotado en un microcosmos demasiado angosto y, como le gustaba a Torcuato Fernández Miranda, sobremanera equívoco. También es equívoco en esta desclasificación el material documentario, con partes apócrifas, anónimas y elaboradas con posterioridad a los hechos con una orientación muy predeterminada. Suárez dixit: «Un político que además pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas d e la vida política de la nación.” ¿Qué precio debía pagar el pueblo si continuaba?

Treinta y tres años después del golpe fallido, el funeral de Estado por Adolfo Suárez recreaba caliginosamente aquellas líneas que escribió Anna Seguers en su relato “La excursión de los niños muertos” cuyo tenor proclama: “Los fantasmas existen y viven en nosotros, son el pasado, aquello que fuimos.” La atmósfera, el atrezzo y la iconografía simbólica resultaban tan decadentes que se llegaba a percibir que lo más vivo era el difunto. Adolfo Suárez, con la fe de un converso, acabó creyéndose la siempre pendiente regeneración de España para sobresanar el viejo estigma que Joaquín Costa definía como oligarquía y caciquismo, hasta que, de la forma más dolorosa posible, los poderes fácticos le hicieron ver que no había entendido adecuadamente el sentido de la transición. Decía Azorín que vivir en España era hacer siempre lo mismo, consecuencia de esa comodidad que tiene la derecha carpetovetónica para avanzar hacia el pasado implantada como anomalía estructural de la sociedad y que comparte carácter con el diablo de Goethe: un espíritu que siempre niega. El vocablo “siempre” en la reflexión del escritor alemán adquiere un sesgo determinante por cuanto refleja una impertinente recurrencia, una monotonía aviesa en la actitud. En el caso del conservadurismo español el corolario de ello es una voluntad de infernar la historia.

La transición no podía ser sino un franquismo corregido, y por tanto, es una falacia que se pretenda, al mismo tiempo, que el régimen del 78 se defina como antagónico a su propia expresión estatal. Porque la transición no fue el acceso de la voluntad popular al Estado, sino del Estado a la voluntad popular para corregirla y encauzarla. De igual manera, la transición supuso la imposición resignada de que no había otra opción, en un contexto de orquestado ruido de sables y maquinaciones financieras. La organización del pesimismo es verdaderamente una de las “consignas” más raras que puede obedecer un individuo consciente. Sólo han querido concedernos un derecho de descomposición bastante perfeccionado. Es decir, la vida como renuncia, convencimiento de que nada puede ser mejor.

Quizá algún día se desclasifique este laberinto oculto.