Landaluce, ese hueso duro de roer para Moreno Bonilla

José Ignacio Landaluce Calleja (Logroño, 1959) es médico, empresario y alcalde de Algeciras desde junio de 2011. Ha sido diputado por Cádiz en tres legislaturas y senador. Su hermano Gerardo preside la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por nombramiento de la Junta de Andalucía. En mayo pasado, Gerardo Landaluce firmaba con el consejero Antonio Sanz la prórroga de un convenio de emergencias en el puerto. Es el mismo Sanz que este martes ha pedido la cabeza de su hermano.

Un alcalde que no vive de la política

La declaración de bienes que Landaluce presentó en el Senado en agosto de 2023 dibuja a un hombre con patrimonio propio. Tiene el 68% de Centros Médicos Algeciras SL, valorado en 609.607 euros. Posee el 65% de Reconocimientos Médicos del Sur, por 151.080 euros, y el 25% de Psicomédicos de España, por 84.040. Tiene además la mitad de Berjaga SL, sociedad que lleva el apellido de su esposa, María José Berjaga. A ello suma un fondo de inversión de 294.438 euros, acciones, seguros de vida y depósitos. En total son cerca de 1,49 millones de euros en activos financieros y participaciones, sin contar locales, solares en Algeciras, Tarifa y San Roque, ni viviendas en Algeciras, Madrid y Barcelona. Las deudas declaradas rondan los 318.000 euros. Landaluce no depende del partido para pagar sus facturas, y eso explica buena parte de su resistencia.

La aritmética del bloqueo

En diciembre de 2025 abandonó el grupo popular del Senado tras una denuncia por acoso sexual y malversación. Desde entonces gobierna como no adscrito, con el apoyo de los concejales del PP. Ese apoyo duró hasta el lunes 12 de octubre. Ese día, la dirección provincial ordenó retirárselo después de que dos afiliadas denunciaran al alcalde por supuesta agresión sexual. Doce de los quince concejales populares exigen su salida y tres le siguen siendo fieles. El pleno tiene 27 miembros y una moción de censura necesita 14 votos, así que doce no bastan. El PSOE ofrece sus siete concejales. El PP necesita a los socialistas para desalojar a quien sostuvo durante diez meses.

¿Por qué tiene que hablar el número dos de la Junta?

Sanz, vicepresidente primero y expresidente del PP de Cádiz, avisó de que hoy no tiene “capacidad de dirección dentro del partido”. Acto seguido dijo estar “al cien por cien” con la exigencia de dimisión. Cuando alguien que dice no mandar se ve obligado a pronunciarse, es porque la dirección provincial no basta. ¿Qué autoridad tiene un partido que necesita a su vicepresidente autonómico para apartar a un concejal no adscrito?

Las denuncias no son condenas, y la presunción de inocencia sigue intacta. Pero la crisis política ya no depende de los juzgados. Depende de tres concejales.

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